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Carmena hace balance de su primer año de gestión

La alcaldesa tratará en el primer estado de la ciudad las iniciativas emprendidas por su equipo de Gobierno

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.Ballesteros (EFE)

Ha pasado más de un año desde que Manuela Carmena (Ahora Madrid) fue investida alcaldesa de la capital. Lo hizo con el apoyo de los 20 concejales de la coalición de partidos por la que se presentó y con el voto favorable de los nueve ediles socialistas, ya que el ganador de las elecciones fue el PP (21 concejales de 57). Durante este tiempo su gobierno ha tomado diferentes decisiones que este martes serán debatidas en su primer debate del estado de la ciudad. Aquí desvelamos algunas.

Presupuestos participativos. Por primera vez en la historia de la capital, los ciudadanos pueden participar en la elaboración de las cuentas municipales. Para ello, Carmena ha destinado una partida de 60 millones de euros. La votación de las 648 propuestas con más apoyo popular en la primera fase del proceso se cerró el 30 de junio. Las conclusiones estarán listas el 15 de julio.

Ordenanza de Transparencia. El Gobierno de Ahora Madrid propuso el primer texto normativo de este tipo. Ya ha pasado el trámite para ser debatido en la comisión y está a la espera de ser aprobado en pleno. Iba a hacerse en la sesión del 29 de junio, pero un problema técnico retrasó su aprobación. La novedosa ordenanza incluye sanciones disciplinarias para los funcionarios, control de las llamadas puertas giratorias y un registro de lobbies, entre otras cosas.

Urbanismo. Es el gran caballo de Troya de la oposición. El 1 de julio, el Gobierno municipal anunció que se desbloqueaba la Operación Calderón. Carmena renunciaba a soterrar la M-30 a su paso por el estadio del Atlético de Madrid y el proyecto reducía la edificabilidad y aumentaba las zonas verdes respecto al plan parcial de 2014. El PSOE señaló que era un proyecto “positivo”, pero Ciudadanos y PP lo criticaron e incluso lo consideraron “una barbaridad”. Poco antes, el Ayuntamiento confirmaba que la Operación Chamartín no se aprobaría este año. Anunció, además, que las conversaciones sobre un proyecto que lleva parado 23 años se retomarán tras el verano, aunque el único plan posible era el de Madrid Puerta Norte, el del Gobierno Municipal.

También permanecen varadas la operación Campamento y la de los cooperativistas de Cuatro Caminos (Ahora Madrid dice que el proyecto incumple el PGOU e insta a Metro a soterrar las cocheras). Sin embargo, parece que el plan de los cooperativistas de Raimundo Fernández Villaverde sigue adelante, después de que la Cpphan haya autorizado a demoler el antiguo Taller de Precisión de Artillería. En suspense queda el Edificio España, propiedad del inversor chino Wanda. Está en venta porque su intención era demolerlo pero los informes municipales protegen la fachada del inmueble, que no se puede tocar. El PP acusa a Carmena por todo ello de alejar las inversiones de Madrid y no crear empleo.

Memoria Histórica. En el verano de 2015, el Gobierno municipal anunció que iba a retirar más de 30 nombres de calles con nomenclatura franquista. Una querella particular apremió a cumplir la Ley de Memoria Histórica, aprobada en el Congreso en 2007 pero nunca ejecutada por los gobiernos del PP en la capital. La concejal de Cultura, Celia Mayer, encomendó la labor de reparación a la Cátedra de Memoria Histórica de la Universidad Complutense, que debía tener listo un informe en abril. Pero ese informe nunca vio la luz y Mayer comenzó a retirar vestigios según el listado que relató en un pleno de diciembre de 2015. Eliminó, además, algunos “por error”, como comentó la propia alcaldesa. Fueron restituidos y en mayo la alcaldesa creó un comisionado con representantes de todas las fuerzas y presidido por Francisca Sauquillo. Su primera decisión de retirar honores a 13 personalidades, aprobado por el pleno la semana pasada, no estuvo carente de polémica.

Celia Mayer. El episodio de la Memoria Histórica y el caso de los dos titiriteros que mostraron una pancarta con el lema “Alka-ETA” en una función para niños la convirtieron en el centro de las críticas de toda la oposición. El PSOE evitó su reprobación y Carmena traspasó algunas de sus competencias.

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Entrada del PSOE en el Gobierno. Los nueve concejales del PSOE resultaron vitales para que Carmena se convirtiera en alcaldesa. Desde entonces, no ha dejado de hacer guiños a los socialistas (mantiene una magnífica relación con Causapié, que sustituyó al candidato a la alcaldía, Antonio Miguel Carmona). La propia Causapié aseguró en mayo, en una entrevista con EL PAÍS, que en julio iba a plantear a la Ejecutiva si entraban o no en el gobierno de Carmena. El PP llama al gobierno de Carmena, el gobierno de Ahora PSOE.

Limpieza. La alcaldesa renunció en marzo a municipalizar el servicio de recogida de basura a pesar de comprobar que “el servicio prestado no cumple las condiciones mínimas aceptables”. Entonces, anunció que el Ayuntamiento licitaría un nuevo contrato por cuatro años dividido en tres lotes, frente a las dos zonas actuales que llevan FCC, ACS y Urbaser con camiones viejos y sombras en el proceso. Desde que tomó posesión de su cargo, Carmena se ha mostrado muy beligerante con la limpieza de Madrid. De hecho, su primera ordenanza (normativa municipal) fue una campaña de sensibilización (que comenzó en noviembre). El coste total de la publicidad superó los 200.000 euros. La regidora aboga por la colaboración ciudadana en las labores de limpieza. De esa forma deslizó que las madres limpiaran los colegios de sus hijos, que los niños recogieran colillas o que los universitarios limpiaran la suciedad que dejaban tras los botellones. Además, se ha creado un equipo de “dinamizadores ambientales” para sensibilizar a los vecinos de la necesidad de conservar los espacios públicos.

Deuda. En enero, el gobierno de Carmena redujo en 871 millones de euros la deuda municipal. El Ayuntamiento cerró 2015 con 4.766 millones en números rojos, 1.170 menos que el año anterior. El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, explicó entonces que la amortización de las obligaciones bancarias se habían alcanzado “solo después de atender las prioridades de emergencia social” de la capital.

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