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Carmena renuncia a municipalizar el servicio de recogida de basura

El Ayuntamiento licitará un contrato por cuatro años dividido en tres lotes, frente a las dos zonas actuales que llevan FCC, ACS y Urbaser con camiones viejos y sombras en el proceso

Un trabajador municipal junto a cubos de basura rebosantes en otoño de 2013.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha tomado la decisión de licitar el contrato del servicio de recogida de basura, que seguirá prestando una o varias empresas privadas, como hasta ahora. Evita así que el Ayuntamiento asuma ese servicio público de forma directa, creando para ello una empresa municipal, tal y como abogaba un sector de su formación. Ahora Madrid se presentó a las elecciones municipales de mayo con la promesa de “fijar una estrategia de recuperación progresiva de la gestión pública de los servicios municipales” y, en concreto, para “remunicipalizar el servicio de basuras”. Ha pesado en la decisión de Carmena el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, y evitar una huelga como la de Málaga.

El Partido Popular (PP) gobernó la ciudad casi un cuarto de siglo (1991-2015). La anterior alcaldesa, Ana Botella (2012-2015), adjudicó los principales servicios municipales a empresas privadas mediante contratos de larguísima duración (hasta una década) y condiciones blindadas. Eso ha provocado que, una vez comprobado que el servicio prestado no cumple las condiciones mínimas aceptables, como en el caso de la limpieza de las calles, el nuevo gobierno municipal se las vea y se las desee para cambiar los contratos (o rescindirlos) para evitar que la suciedad inunde la ciudad.

Camiones viejos y conductas irregulares

FCC tenía el monopolio de la recogida de basura en Madrid desde 1940. En 2002 volvió a ganar el contrato de los 14 distritos de la periferia por 10 años más; y en 2006 obtuvo el de los siete distritos del centro. Pero, en 2014, Ana Botella (PP) adjudicó el contrato de la periferia a ACS y Ferrovial. Lo hizo por sólo un año (prorrogable otro) para que acabara al tiempo que el del centro y así poder unificarlos en un gran contrato. La derrota del PP en mayo truncó este plan.

La Comisión Nacional de la Competencia informó en enero de 2015 de conductas irregulares (contactos, acuerdos, pactos) entre las empresas que se disputan y gestionan los servicios de Madrid, entre ellos la basura, para repartirse licitaciones o influir en ellas. En noviembre de 2012, cuando se licitó el contrato de la periferia, FCC, ACS y Ferrovial “intercambiaron una versión de un acuerdo conjunto” pero finalmente optaron por no presentarse. Quedó desierto, y Botella tuvo que prorrogar el contrato, que finalmente se adjudicaría en 2014.

El servicio ha sufrido incidencias por el mal estado de los camiones (algunos, listos para el desguace). Al estar los contratos a punto de finalizar o tener tan corta duración, las empresas han evitado comprar vehículos nuevos. El Ayuntamiento ha asumido esa carga: gastará ocho millones en 2016, 13,5 en 2017 y 13,5 en 2018 para renovar la flota con 109 camiones de carga trasera.

La única excepción de calado correspondió al servicio de recogida de residuos urbanos, que quedó pendiente de ser reestructurado por completo. En la actualidad, lo prestan dos empresas mal coordinadas, con camiones que se caen a pedazos y contratos prorrogados en el pasado mediante artimañas irregulares a nivel empresarial. Si el PP hubiera ganado las elecciones de mayo, le habría correspondido licitar otro gran contrato para cerrar el círculo de los servicios municipales en manos de empresas privadas. Pero fue Carmena la que accedió a la alcaldía, con la promesa de “auditar” los contratos adjudicados por el PP y “fijar una estrategia de recuperación progresiva de la gestión pública de los servicios municipales externalizados a grandes empresas y grupos económicos”.

Huelga y obstáculos

La alcaldesa ya ha descubierto que no es tan fácil como podría parecer sobre el papel. Logró municipalizar el principal proyecto informático municipal, y asumió la gestión pública de dos plantas de secado de lodos provenientes de sus aguas residuales. Pero tuvo que renunciar a municipalizar el servicio de atención Línea Madrid, y hasta sufrió una huelga.

En el caso de la limpieza viaria, no descarta asumir el servicio que ahora presta alguna de las cuatro empresas concesionarias, aunque eso implica obstáculos legales y prácticos formidables.

El servicio de recogida de residuos urbanos, en cambio, parecía en bandeja para ser asumido por el Ayuntamiento, puesto que los dos contratos expiran a final de año. Sin embargo, lo apretado de los plazos para una operación tan complicada, y el temor a un conflicto laboral o un fallo administrativo que deje la basura sin recoger en las calles han pesado en la decisión final de Carmena. Sigue en la memoria la huelga de limpieza viaria que supuso en 2013 la puntilla política para Botella.

Carmena ha evitado tomar una decisión en estos meses porque había sectores de Ahora Madrid que defendieron que la recogida de basura era una oportunidad para la municipalización de servicios públicos. Sin embargo, el calendario de los contratos aprieta: de hecho, la Concejalía de Medio Ambiente lleva meses ya preparando los pliegos administrativos. Según fuentes municipales, se están estableciendo requisitos (por ejemplo, incorporar la recogida de basura orgánica en el quinto contenedor) que podrían ser cumplidos tanto por contratas privadas como por una eventual empresa municipal que se creara para asumir servicios públicos municipalizados.

Tres zonas de recogida

El siguiente paso ha sido anunciar la licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE); es obligatorio por ley hacerlo para contratos de más de 209.000 euros con al menos 36 días de anterioridad a la licitación. Para tener listo el contrato a final de año, cuando expiren los ahora vigentes, el Ayuntamiento debe licitar antes del verano. En el anuncio del DOUE se fijan tres lotes  de recogida (este, oeste y sur), frente a las dos zonas actuales (centro y periferia), que llevan sendas empresas.

El contrato es por cuatro años más dos de prórroga, con un precio de entre 900 y 1.100 millones, según adelantó ayer Madridiario.

El PSOE, que sostiene a Carmena en la alcaldía, no se opondrá a lícitar el contrato en vez de municipalizar el servicio. El edil José María Dávila explica: “Nuestra máxima preocupación es el servicio publico de calidad; vamos a estar muy vigilantes para que los pliegos del concurso no repitan los errores de los contratos de limpieza viaria del PP. En concreto, estaremos alerta a todo lo que tenga que ver con plantillas mínimas, condiciones laborales e indicadores de calidad que de verdad sirvan para mejorar el servicio”.

Fe de errores

Por error, en la primera versión de esta información online y en su publicación en la edición impresa se indicó que el Ayuntamiento había recuperado la gestión de las dos plantas de biometanización del vertedero de Valdemingómez, cuando en realidad lo que hizo fue recuperar las dos plantas de secado de lodos de aguas residuales. Las plantas de biometanización siguen en régimen de concesión hasta 2026.