La Comunidad prevé ingresar entre 1,5 y 2 millones por cobrar la tarjeta

La normativa impide tener ganancias con el cobro de tasas a los ciudadanos

La justificación para el cobro es que robo y extravío son “causas ajenas” a la Administración

LOS FUNCIONARIOS DE MADRID, CONTRA LOS RECORTES Los trabajadores de la Comunidad de Madrid hicieron ayer un nuevo paro de media hora en sus puestos de trabajo, justo a las doce del mediodía. Algunos, como los empleados de Justicia, hicieron pitadas y caceroladas. Otros, como los de la Puerta del Sol (en la imagen), prefirieron un desayuno improvisado durante la interrupción de la jornada. / ÁLVARO GARCÍA

El Gobierno regional, con la presidenta, Esperanza Aguirre, a la cabeza, busca ingresos desesperadamente. Una de las formas de conseguirlos ataca directamente al bolsillo de miles de familias: ha creado nuevas tasas donde no las había y ha subido 20 de las ya existentes. Eso sí, dado que una tasa no es técnicamente un impuesto, su promesa electoral de no subir estos últimos se mantiene inmaculada. Una de las más polémicas es la que grava la emisión de la tarjeta sanitaria, el documento que abre la puerta a la asistencia en los centros de salud y los hospitales (solo en las urgencias atienden a un enfermo que no la presente). Renovarla costará 10 euros. El problema es que, con esa cantidad, la Comunidad de Madrid ingresará más de lo que cuesta prestar el servicio, algo que no permite la propia normativa regional sobre la materia.

Aguirre anunció la semana pasada que la nueva tasa grava la “emisión sucesiva” de la tarjeta, y habló de rotura o extravío. Algo que, según precisa la nota de prensa oficial que emitió la Comunidad de Madrid, le cuesta al erario público diez millones de euros al año. Sin embargo, la memoria económica que justifica la creación de la tasa, presentada en la Asamblea de Madrid, desmiente ese dato. Lo que cuesta 10,75 millones de euros al año es producir todas las tarjetas que se emiten, que se calcula en 1,2 millones al año. De ellas, el 10% “corresponden a la emisión de las mismas por extravío o rotura”, asegura la memoria, uno de los documentos que acompañan al proyecto de ley que modifica los presupuestos de 2012.

Entregar esas tarjetas sucesivas a los ciudadanos que las pierden o las extravían cuesta, por tanto, poco más de un millón de euros (1.075.043 euros), según los cálculos contenidos en la mememoria, que firma el director general de Atención Primaria, Antonio Alemany. El texto, sin embargo, prevé unos ingresos de entre 1,5 y dos millones de euros al año, una vez restadas las tarjetas que no se le cobrarán a los titulares de una renta de inserción (hay 13.202 personas en la región, a 31 de diciembre de 2011, que la perciben), que estarán exentos.

La Ley de tasas y precios públicos de la Comunidad de Madrid establece que el importe ingresado por la tasa no puede exceder el coste de prestar el servicio.

Rosa Galán, profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense, ratifica que la normativa impide ingresar por tasas más de lo que cuesta un servicio y señala que “está mal justificado” ese cobro tal y como aparece en la memoria presentada en la Asamblea de Madrid, junto con el proyecto de ley que modifica los presupuestos. “Cualquier ciudadano puede impugnar un acto así de la Administración”, añade la experta.

El artículo 17.2 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, de 2002, establece que “en general” “el importe estimado de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad que constituye su hecho imponible y, en su defecto, del valor de la prestación recibida”. Una portavoz de Sanidad señaló ayer que se trata de una estimación que “no tiene por qué ser así al cien por cien”. El año pasado, añadió, se emitieron más de las previstas en ese cálculo.

La Comunidad espera recaudar más de 200 millones de euros con las tasas (entre las 45 de nueva creación, las 20 existentes que se encarecen y los 175 millones estimados inicialmente en el incremento de precios públicos universitarios, es decir, la matrícula).

La memoria justifica así la introducción del pago de 10 euros: “Dado que la emisión que estas TSI se produce siempre con posterioridad a la emisión inicial y el deterioro —roturas— o robo y extravío se produce por causas ajenas a esta Administración, parece lógico que en el actual panorama económico se produzca una participación en el coste de la emisión de las mismas por parte del usuario”. Ni la presidenta ni la nota oficial hablaban la semana pasada de obligar a pagar en caso de robo, una eventualidad que es ajena a la Administración, pero también al usuario. De hecho, la emisión del DNI es gratuita si se presenta denuncia.

“Creemos que imponer una tasa de 10 euros por renovar las tarjetas sanitarias en caso de rotura o pérdida excede las competencias de Madrid y es ilegal porque supone un obstáculo para el acceso a la atención sanitaria de las personas con problemas económicos, que ahora son muchas”, opina Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de asociaciones para la defensa de la sanidad pública. “Es más frecuente que pierda la tarjeta sanitaria la gente más mayor, que también es la que va a tener problemas para pagar la nueva”, añade.

La memoria justificativa de la tasa asegura que Madrid ha revisado qué antecedentes hay en otras comunidades autónomas en el cobro de las tarjetas sucesivas. Tanto las Illes Balears como Galicia han establecido esta misma tasa y con el mismo importe. El texto está firmado el 4 de junio pasado, es decir, tres días antes de que Esperanza Aguirre y su consejero de Economía, Percival Manglano, presentaran el nuevo ajuste con el que esperan recaudar 1.045 millones de euros, 596 de ellos procedentes de recortes en los presupuestos ya aprobados hace apenas medio año.

La urgencia provocó que, por ejemplo, el preceptivo informe jurídico se enviara a Economía el día antes de la presentación, y que el mismo día 6 esta consejería lo respondiera e hiciera modificaciones de última hora en el articulado porque los servicios jurídicos habían encontrado multitud de errores. Manglano negó ayer que hubiera precipitación y afirmó que el proceso se realizó con “extremo rigor”.

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