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Puigdemont anuncia una “bolsa” de voluntarios para el referéndum

La Generalitat quiere blindar a los funcionarios y dice que no obligará a nadie a inscribirse

El presidente catalán, Carles Puigdemont, en una sesión del Parlament.

Carles Puigdemont anunció este miércoles en el Parlamento catalán su intención de crear una “bolsa” para que “se puedan apuntar” las personas que deseen participar en la organización del referéndum de independencia del próximo 1 de octubre, que el Tribunal Constitucional previsiblemente declarará ilegal. Es el mismo modelo empleado en el “proceso participativo” del 9-N de 2014, pese a que el separatismo sostiene que la nueva consulta no tendrá nada que ver con aquella. Así se pretende blindar a los funcionarios de cualquier responsabilidad. El presidente catalán aseguró que no se obligará a nadie a participar en esas tareas.

“Nadie será forzado a nada. Habrá un absoluto garantismo. Abriremos una bolsa para que se pueda apuntar quien lo desee”, dijo el president durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento autónomo. De esa bolsa de voluntarios saldrán los “agentes electorales”, a los que formará la Generalitat para la jornada del 1 de octubre, como anunció el pasado sábado la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

El independentismo insiste en que el referéndum del 1 de octubre no se parecerá en nada al 9-N, pero los detalles que se van conociendo cuestionan esa afirmación. En ese intento de marcar distancias entre ambas citas, Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, afirmó ayer en RAC1 que el referéndum unilateral se organizará “como siempre que ha habido elecciones”.

Sin embargo, obvió concretar cómo piensa sortear la Generalitat la convocatoria de una cita ajena a la legalidad con todo el dispositivo que comporta: la elaboración del censo electoral, la constitución de la autoridad electoral y la decisión sobre qué colegios electorales abrirán, dónde se ubicarán y, sobre todo, qué personal participará en la organización de la consulta.

La Generalitat argumenta que informará a finales de este mes de todos de esos detalles, aunque Puigdemont deslizó ayer ese anuncio parcial de la bolsa de voluntarios para zanjar la polémica de las últimas semanas y aclarar que no buscará la implicación de los funcionarios en el referéndum unilateral. En la organización de la consulta del 9-N también se abrió una bolsa de voluntarios y se apuntaron más de 42.000 personas. Ahora se calcula que con una décima parte, poco más de 4.400, se podrían cubrir todas las necesidades del referéndum.

Mientras tanto, el independentismo mantiene el elevado tono verbal del pasado domingo, cuando el exentrenador del Barça Josep Guardiola leyó un manifiesto que afirmaba que España es un “Estado autoritario”. Junqueras no solo se ratificó este miércoles en esa expresión, sino que comparó al Tribunal Constitucional con el Tribunal de Orden Público (TOP), un tribunal de excepción que funcionó en España entre 1964 y 1977 y que el franquismo empleó para reprimir la oposición a la dictadura. En esos años dictó 3.797 sentencias de las que se tiene constancia y condenó a más de 10.000 personas.

Esa espiral dialéctica se trasladó a la sesión de control al Gobierno catalán celebrada en el Parlament. Así, el presidente del grupo popular, Xavier García Albiol, calificó al president de “irresponsable”, “cobarde” y “pirómano de la política” porque este se negó a responderle si las urnas que está licitando el Departamento de Gobernación son para el referéndum. Puigdemont tampoco ahorró adjetivos en la respuesta: “Es muy fácil ser valiente cuando tienes al primo de Zumosol de las cloacas del Estado”, le replicó.

Por otra parte, la comisión de Economía del Parlament aprobó este miércoles el dictamen de la proposición de ley del Código Tributario de Cataluña, normativa que pretende amparar la futura Hacienda catalana. Del mismo modo, el Gobierno autónomo ha homologado cuatro empresas como proveedoras de sobres, papeletas y material electoral, después de haber iniciado el proceso similar para homologar a las empresas de las urnas que ha derivado en una querella de la fiscalía.

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