La Generalitat formará “agentes electorales” para el referéndum

Con motivo del referéndum que quiere celebrar el 1 de octubre, la Generalitat formará a “agentes electorales” a fin de que suplan a los 4.000 funcionarios que, en una votación normal en Cataluña, cumplen la función de fedatarios públicos en las mesas electorales. Así lo aseguró ayer Marta Rovira, secretaria general de Esquerra Republicana y portavoz de Junts pel Sí en el Parlament. Rovira también afirmó que la Generalitat trabaja ya en la elaboración del censo electoral, pieza clave para que el referéndum, que será declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, tenga un asidero efectivo donde agarrarse.

Cuando se celebran unas elecciones se activa una maquinaria que funciona automáticamente apenas sin problemas: desde el censo electoral a las personas que son designadas para presidir las mesas o los funcionarios que nombran los Ayuntamientos como coordinadores de la sección electoral y que velan por la transparencia del resultado y estampan su firma certificando que el escrutinio que contiene el acta se corresponde a la realidad.

En el referéndum de independencia no puede ocurrir nada de eso porque, como la propia convocatoria será declarada ilegal, la participación de cualquier funcionario en esa jornada le acarrearía consecuencias laborales y judiciales, como ha advertido el Tribunal Constitucional. Lo viene advirtiendo el Gobierno del PP desde hace meses y este sábado lo recordó el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo.

Para sortear ese escollo, uno de tantos que la Generalitat deberá afrontar si quiere cumplir con la promesa de celebrar el referéndum, el Gobierno catalán tiene la intención de formar a “agentes electorales”, según anunció este sábado en RAC1 Marta Rovira, secretaria general de Esquerra Republicana y portavoz de Junts pel Sí en el Parlament. El independentismo tiene verdadera obsesión en que el referéndum no sea una consulta-actuación como lo fue la del 9 de noviembre de 2014, con urnas de cartón, y de ahí el deseo expresado por Rovira de que en el 1 de octubre “se reproduzca el mismo formato de las jornadas electorales que se han hecho en Cataluña desde hace 30 años”.

La diferencia es que esas jornadas siempre han gozado del amparo legal y el referéndum no lo tendrá, pero Rovira insistió en que los problemas se solventarán y que la Generalitat no pondrán a los funcionarios en el disparadero de tener que desobedecer o al Gobierno central o al catalán, en cuyo caso el diputado de Junts pel Sí Lluís Llach les había advertido de que podían ser sancionados.

“No haremos nada excepcional de lo que se ha venido haciendo. Solo con una prevención: ante las amenazas del Gobierno estamos trabajando para la máxima preservación de los funcionarios”, insistió Rovira, para incidir en la idea de que el personal de la función pública no ha de preocuparse. “Trabajamos para que todo lo que pase el 1 de octubre recaiga solo sobre responsabilidades políticas. Seremos los cargos electos, diputados y cargos políticos los que asumiremos todas y cada una de las responsabilidades de la jornada electoral”, añadió.

La dirigente de Esquerra dibujó un futuro muy optimista para celebrar el referéndum. “El Gobierno de la Generalitat no solo trabaja en el censo, sino en todas las cosas que son necesarias para poder hacer un referéndum con garantías democráticas: se está trabajando en el censo, los colegios, las mesas, las urnas, las papeletas”, dijo Rovira sin dar más detalles. “Se anunciará en su momento”, apostilló.

A los pocos minutos de anunciarse la fecha y la pregunta del referéndum, el pasado viernes, el diputado de Catalunya Sí que es Pot Joan Coscubiela, poco sospechoso de españolista, escribió en Twitter: “Ahora que se ha anunciado fecha y pregunta del referéndum, solo falta la norma que dé cobertura, la Administración electoral, el censo. Casi nada”.

Cataluña es la única comunidad que no tiene ley electoral propia y, aunque Rovira apeló en diversas ocasiones a la ley electoral española, finalmente acabó anunciando que el marco legal que se empleará para regular el referéndum es la llamada ley de transitoriedad jurídica. Es la norma que Junts pel Sí y la CUP pretenden aprobar sin debate en el Parlament y por vía de urgencia y que el Gobierno ya ha anunciado que impugnará ante el Constitucional en cuanto se apruebe.

En el borrador de esa ley, desvelado hace unos días por EL PAÍS, figura un apartado relativo al referéndum en el que se dice que tendrán derecho a voto las personas que pueden hacerlo en unas elecciones al Parlament y que “estén inscritas en el censo elaborado por la Oficina del Censo Electoral”. Es decir, los poco más de 5,5 millones de catalanes mayores de 18 años de nacionalidad española.

Nada que ver con el censo de 6,2 millones de la consulta del 9-N, en el que podían votar los mayores de 16 años y los 900.000 extranjeros que tenían tarjeta de residencia. En el mismo borrador de la ley se dice que “se habilita al departamento competente de la Generalitat para que elabore y enmiende el censo previsto en el artículo ‘derecho a votar’ de esta ley bajo la supervisión de la Sindicatura Electoral de Cataluña”.

“La clave del referéndum es el censo electoral, sin duda”, explicaba ayer un exalto cargo de la Generalitat, quien admitió las dificultades que tendrá el Govern no solo para elaborar el censo, sino para determinar dónde deberá votar cada persona, porque aunque la dirigente de Esquerra asegure que el formato del referéndum será muy parecido al de unas elecciones, conviene insistir en que la convocatoria estará al margen de la ley. De los locales que se emplearán para colegios electorales tampoco se habla apenas, pero no es una cuestión menor. La Generalitat dice que tiene previstos “todos los escenarios”.