El fiscal pide 11 años de cárcel para la mano derecha de Carlos Fabra
Atribuye a Francisco Martínez los delitos de fraude y blanqueo de capitales en proyectos urbanísticos
La Fiscalía de Castellón pide 11 años de cárcel, 21 de inhabilitación y el pago de una multa de un millón de euros para el exvicepresidente popular de la diputación provincial cuando Carlos Fabra estaba al frente de la misma y exalcalde del municipio de Vall d’Alba Francisco Martínez por utilizar información privilegiada para lucrarse con proyectos urbanísticos en esta localidad.
Así consta en el escrito facilitado a EL PAÍS por el PSOE, personado como acusación popular en la causa que investiga la gestión urbanística de Martínez durante el casi cuarto de siglo que regentó la vara de mando en Vall d’Alba (1991-2015). Los socialistas elevan la petición de cárcel para Francisco Martínez a 16 años.
También figuran como acusados la hija del que fuera exmano derecha de Carlos Fabra, Andrea Martínez, para quien el fiscal pide un millón de euros de multa, y el exsocio de Martínez, el empresario Raúl Babiloni, a quien se le exige un millón de euros de multa y cinco años de cárcel.
En dicho escrito se indica que Martínez, “siendo alcalde de Vall d’Alba y conociendo de antemano y por tal condición las actuaciones urbanísticas que en su término municipal se proyectaban, con ánimo de obtener un beneficio económico para sí mismo, de común acuerdo (con los otros dos acusados) se concertaron con la finalidad de obtener ilícitos beneficios usando la información reservada y privilegiada” sobre los planes urbanísticos.
La investigación se centra en el periodo comprendido entre los años 2005 y 2014 cuando, con la información privilegiada de la que disponía Martínez al ser primer edil de la localidad, los acusados adquirieron fincas, bien directamente “o a través de sociedades instrumentales creadas a tal efecto”, con el objetivo de obtener una importante revalorización y venderlas al promotor urbanístico o reservarlas a nombre de esas sociedades para cuando los programas se ejecutaran. Las empresas utilizadas por los acusados fueron Gestintur SL, de la que eran socios únicos Andrea Martínez y Raúl Babiloni; Franvaltur SL y Calviga SL.
En concreto el escrito cita tres proyectos. El PAI (proyecto de actuación integrada) Mas de Lluna, de dos millones de metros cuadrados, y que proyectaba 2.000 viviendas; un proyecto para el desarrollo del nuevo Sector de l’Arc del Plan General de Vall d’Alba; y otro para la ampliación del casco urbano del municipio.
Según el ministerio público, los hechos revisten carácter de un delito continuado de información privilegiada, uso de información privilegiada por particular, negociaciones prohibidas a funcionario, fraude administrativo y blanqueo de capitales. Delitos de los que se acusa a Francisco Martínez. Por su parte, al empresario Raúl Babiloni se le atribuyen, al igual que a Andrea Martínez, un delito de uso de información privilegiada, además de otro de fraude administrativo.
Se trata de un caso derivado de la causa por la depuradora de Borriol, por la que Martínez se sentó en el banquillo de los acusados junto a sus dos hijos; su socio, el empresario Raúl Babiloni; y el exalcalde de Borriol, Adelino Santamaría. La Audiencia Provincial de Castellón condenó al que fuera mano derecha de Carlos Fara a ocho meses de prisión, una multa de 12.600 euros y la inhabilitación para ejercer cargo público durante dos años por un delito de negociaciones prohibidas a funcionario. El tribunal absolvió de los cargos a los dos hijos de Martínez, a Santamaría y a Babiloni.
La Fiscalía solicitaba para Martínez cuatro años de prisión por intentar beneficiarse de la construcción de una depuradora de la localidad castellonense de Borriol a través de la compra de terrenos y la posterior inclusión de estos en el proyecto. Martínez fue acusado por prevaricación, tráfico de influencia, fraude y negociación prohibida, aunque finalmente solo fue condenado por este último delito.
Fue durante la lectura del informe final en el citado juicio cuando el fiscal anunció que existía otra causa abierta contra Martínez por presuntos delitos del ámbito urbanístico vinculados con empresas suyas y de su familia. Una de esas empresas (Franvaltur, de la que Martínez era socio junto a sus hijos) es la que compró un terreno en el que se planeaba construir la depuradora de Borriol y que iba a ser expropiado antes de conocerse los hechos y de que se paralizara la operación. Martínez ya prestó declaración previa por estos hechos.
En aquella investigación, el fiscal Javier Carceller encontró indicios de delito en el entramado societario que componen Babiloni, Martínez y sus dos hijos y decidió abrir nuevas diligencias e interponer finalmente una querella en enero de 2016.
