Carlos Fabra vuelve al juzgado por un presunto delito societario
Es la segunda citación judicial en un mes del exlíder del PP provincial, que cumple condena por fraude fiscal
Abucheado por un pequeño grupo de ciudadanos y en completo silencio. Así ha salido este lunes el expresidente de la Diputación de Castellón y exlíder del PP provincial, Carlos Fabra, de la Ciudad de la Justicia de la capital de La Plana. Ha llegado pasadas las ocho y media de la mañana, una hora antes de lo previsto, para declarar como investigado por un presunto delito societario en el Club de Campo del Mediterráneo de Borriol, del que fue presidente.
Fabra ha prestado declaración en el Juzgado de Instrucción 4 de Castellón durante aproximadamente una hora. Tendría que haberlo hecho el pasado 6 de febrero por exhorto desde un juzgado de Madrid, pero el exlíder del PP provincial rechazó esta opción, como inicialmente se había acordado, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
El exbarón del PP provincial, que cumple condena por defraudar 700.000 euros a la hacienda pública, ha declarado este lunes como investigado en un presunto delito societario en el Club de Campo del Mediterráneo de Borriol (Castellón) tras la denuncia de dos socios de la empresa por el contrato de arrendamiento del campo de golf del municipio a la familia del golfista Sergio García, según información de agencias.
La de este lunes es la segunda citación judicial de Carlos Fabra en un margen de apenas un mes, después de que el pasado 31 de enero fuera llamado a declarar por el Juzgado de Instrucción 3 de Castellón como investigado por un presunto delito de cohecho en un patrocinio del aeropuerto de Vilanova-Benlloch. El expresidente de la Diputación castellonense se acogió a su derecho a no declarar.
El Supremo ratifica la condena al que fuera 'número dos' de Fabra
La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la pena a ocho meses de prisión –de los cuatro solicitados por el ministerio público-, multa de 12.600 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante dos años para el exvicepresidente de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez, por un delito de negociación prohibida a funcionarios en relación al caso de la depuradora de Borriol.
Martínez fue juzgado hace un año por intentar beneficiarse de la construcción de esta infraestructura a través de la compra de terrenos y su posterior inclusión en el proyecto.
El Supremo ha rechazado los recursos tanto de Martínez como de la fiscalía y ratifica íntegramente el fallo de la Audiencia Provincial de Castellón, que condenó al número dos de Carlos Fabra y absolvió a los otros cinco acusados: los dos hijos del exvicepresidente provincial, el exalcalde de Borriol, Adelino Santamaría Blasco, un empresario y un empleado de éste último, han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
