El fiscal denuncia a Carlos Fabra por los patrocinios del aeropuerto
El ministerio público ve irregulares los contratos firmados con equipos deportivos
Una nueva denuncia irrumpe en la trayectoria de Carlos Fabra, que se enfrenta a un nuevo obstáculo en los tribunales con casi la mitad de la condena a cuatro años de cárcel por cuatro delitos fiscales cumplida y cuando disfruta desde hace más de seis meses del régimen de semilibertad.
La Fiscalía Provincial de Castellón ha denunciado al expresidente de la Diputación castellonense por presuntas irregularidades en los contratos de patrocinio del aeropuerto levantado en los términos de Vilanova-Benlloch y firmados con entidades deportivas a través de la promotora de la infraestructura, Aerocas, cuando Fabra era su presidente y el aeropuerto un macroproyecto en fase de construcción que lucía ya en las camisetas y equipación de varios clubes provinciales.
Según ha confirmado a EL PAÍS el ministerio público, las diligencias de investigación que se llevaban a cabo por parte de la Fiscalía Provincial de Castellón sobre dichos contratos “ya se han concluido y judicializado”. La denuncia ya ha sido remitida al decanato y asignada al Juzgado de Instrucción número 3 de Castellón, han señalado las mismas fuentes, que no han querido detallar los delitos de los que se acusa al que fuera máximo representante de la diputación y del PP castellonense, aunque entre ellos podría figurar el de cohecho.
El pasado mes de abril el fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, informaba ya de la apertura de diligencias para investigar los patrocinios de Aerocas entre 2006 y 2010, periodo que lideró Carlos Fabra, quien dimitió del cargo en marzo de 2013. Diligencias que han acabado en la denuncia formalizada ahora.
Según denunció en 2014 Esquerra Unida, los contratos deportivos de Aerocas alcanzaron los 26 millones de euros en este periodo. Una cifra que en noviembre de 2015 elevaba hasta los casi 30 millones la propia promotora del aeropuerto, participada al 99% por la Generalitat Valenciana –el 1% restante está en manos de la Diputación de Castellón-. Según esta, los contratos de patrocinio se formalizaron entre abril de 2004 y enero de 2011, cuando el aeropuerto era una infraestructura en proyecto y a años luz de estar operativa, pues aunque fue inaugurada por todo lo alto en 2011, los primeros vuelos regulares no llegaron hasta septiembre de 2015.
Entre ellos figuraban los acuerdos de promoción con el Villarreal CF, que recibió hasta 19 millones de euros para esponsorización y patrocinio deportivo desde la temporada 2006/2007 hasta la de 2010/2011. O con el piloto castellonense de Moto GP Álex Debón, que percibió más de 3,6 millones de euros para las temporadas 2009/2011. Precisamente el anuncio del fiscal jefe el pasado abril alegando que no se descartaba “ninguna línea de investigación” en el caso de los patrocinios del aeropuerto vino motivada por el estudio de los acuerdos firmados con Debón a raíz de una sentencia que días antes condenaba a Fabra a pagar al piloto 368.000 euros por un préstamo que el exbarón del PP no le devolvió.
A la lista de acuerdos promocionales se suma el CD Castellón (1,6 millones de euros) y los firmados con otros equipos como el Playas de Castellón de fútbol sala, el Club Playas de Castellón de Atletismo o con el piloto de automovilismo Roberto Merhi o el Aeroclub de Castellón.
El exlíder del PP castellonense entró en la madrileña prisión de Aranjuez el 1 de diciembre de 2014 después de que la Audiencia Provincial de Castellón le condenara a cuatro años de prisión (frente a los 13 que pedía la fiscalía) por haber estafado 700.000 euros a la Hacienda Pública entre 1999 y 2003 y al pago de una multa de 1,3 millones de euros.
La sentencia llegaba a finales de noviembre de 2013 y ponía fin a un juicio intenso al que precedieron 10 años de instrucción y cambios constantes en el juzgado de Nules encargado de la causa, por el que pasaron hasta nueve jueces.
En abril de este año, y con los informes en contra de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y de la propia Junta de Tratamiento de la prisión de Aranjuez, la juez de vigilancia penitencia del Juzgado número 3 de Madrid le concedía el tercer grado por su edad (70 años), el bajo riesgo de reincidencia, su evolución favorable como interno y el hecho de tener una condena corta: cuatro años, y por delitos que no son “graves”.
