El tapado, el conseguidor y el testaferro en el juicio de Borriol

Después de seis intensas jornadas de juicio, la Fiscalía de Castellón ha argumentado en sus conclusiones definitivas que el exvicepresidente de la Diputación y mano derecha de Carlos Fabra, Francisco Martínez, el empresario Raúl Babiloni y el exalcalde de Borriol, Adelino Santamaría, urdieron una trama para enriquecerse con la expropiación de los terrenos para la construcción de una depuradora en Borriol.

El ministerio público ha definido a Francisco Martínez como el "tapado", a Raúl Babiloni como el "testaferro" y a Adelino Santamaría como el "conseguidor" en una trama corrupta para la que contaron con los hijos de Martínez, Francisco y Andrea, y con un empleado de Babiloni, Luis García del Campillo, como colaboradores necesarios. La finalidad era ocultar la propiedad de las parcelas y que ello pudiera interferir en los trámites administrativos debido a las responsabilidades políticas de Martínez como vicepresidente y diputado delegado de Infraestructuras y de Adelino Santamaría como alcalde de Borriol y como diputado provincial.

Para todos ellos la Fiscalía pide penas de prisión e inhabilitación. En concreto, para el exvicepresidente pide cuatro años de condena por prevaricación, fraude ilegal, tráfico de influencias y fraude ilegal, mientras que solicita tres años de prisión para Babiloni y Santamaría y dos años para los hijos de Martínez y el empleado de Babiloni.

Cabe recordar que a raíz de esta causa, los investigadores analizaron la gestión urbanística de Francisco Martínez como alcalde de Vall d’Alba en unas nuevas diligencias. En ellas ponen en entredicho las contrataciones de obras del consistorio a empresas de Raúl Babiloni, así como la aportación de propiedades y dinero en efectivo a las sociedades Franvaltur, Gestintur y Prodever compartidas por los Martínez y Babiloni.

Por su parte, todas las defensas han coincidido en pedir la absolución de los acusados alegando que no hay pruebas que determinen los hechos delictivos. También niegan el concierto entre los acusados y la ocultación que denuncia la fiscalía. Aseguran que hubo una tramitación administrativa impecable y derivan en los técnicos la decisión de incluir la parcela propiedad de Andrea Martínez en el proyecto, así como la valorización para la expropiación del suelo.

De la misma manera, cuestionan que los denunciantes, Enric Nomdedéu y Silverio Tena, de Compromís, no hicieron ninguna objeción a la propiedad de los terrenos a pesar de tener acceso en todo momento a los mismos expedientes que los acusados por su condición de diputado provincial y concejal de Borriol respectivamente.