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Dos jueces anulan el proceso para eliminar los antidisturbios de la Policía Municipal

Los magistrados dejan la puerta abierta para que los agentes reclamen el complemento salarial

Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo números 12 y 18 de la capital han declarado nulas las resoluciones del director general de la Policía Municipal, Andrés Serrano, por las que desmantelaba una de las dos unidades centrales de seguridad (UCS, los antidisturbios del cuerpo), según informó ayer la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Estas resoluciones dejan abierto el proceso para pedir las cantidades no percibidas por el traslado forzoso de los agentes, según el sindicato.

Un coche de la Policía Municipal, en la plaza de Callao. Ampliar foto
Un coche de la Policía Municipal, en la plaza de Callao.

Los jueces estiman parcialmente el recurso del CSIF, que representaba a 12 agentes de la UCS-1. La orden del director general destituía a 78 agentes y los adscribía a otras unidades, por lo que modificaba unilateralmente la relación de puestos de trabajo (RPT) de la unidad.

El fallo del Juzgado número 18 deja abierta la puerta a que los demandantes pidan el complemento salarial por pertenecer a esa unidad (unos 340 euros mensuales), así como a consolidarlo. El magistrado reconoce que es inviable que los agentes regresen a sus puestos de trabajo, al haberse disuelto la UCS-1. Eso no impide que “se reconozcan sus derechos funcionariales” y “los derechos económicos” que los agentes dejaron de percibir.

Los jueces también reprochan que el Ayuntamiento hiciera el cierre de la unidad “de una forma precipitada, sin contar con informes preceptivos suficientes”. “Esto constituye una irregularidad procedimental”, recoge el fallo. La sentencia del Juzgado número 12 mantiene que la supresión de la UCS debió haber sido objeto de “preceptiva negociación”, como dispone el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

Derechos constitucionales

Por otra parte, la CSIF ha enviado una carta al director general de la Policía Municipal, en la que afirma que el test psicotécnico de la Unidad de Apoyo a la Seguridad (UAS) vulnera los derechos fundamentales de la libertad ideológica y la intimidad. La prueba psicotécnica para policías y cabos incluía preguntas sobre la familia y la patria, además de la disciplina y el trabajo. A la prueba no acudieron 43 de los 250 aspirantes a la UAS, ya que se les citó con tan solo 48 horas de antelación. Las preguntas fueron redactadas por una asesora de Andrés Serrano.

La carta enviada ayer por la CSIF al director de la Policía Municipal tacha el cuestionario de “tendencioso e intrusivo”, ya que da más importancia al perfil ideológico que al profesional. De hecho, el sindicato acusa al test de vulnerar los artículos 16 de la Constitución (derecho a la libertad ideológica) y 18 (derecho a la intimidad familiar y personal). “En ningún caso [las preguntas] resultan relevantes para determinar la capacidad de los policías para la realización de las funciones que, en su caso, se atribuyan a la citada unidad”, mantiene el escrito.