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Colau rectifica y endurece su política contra los manteros

Las nuevas medidas del Gobierno municipal han provocado que el número de vendedores ambulantes se reduzca de 900 a 300

Un grupo de manteros se pasea por la zona del monumento a Colon ante la mirada de la policía portuaria.

La tolerancia que durante unos meses ha existido con las personas que se dedican al 'top manta' en Barcelona ha provocado que la cifra de manteros alcanzara cifras hasta ahora nunca vistas. Este verano, la concentración de manteros en los lugares por los que se mueven los turistas ha aumentado todavía más su visibilidad. A raíz de este incremento, el equipo de la alcaldesa Ada Colau se ha visto obligado a cambiar de estrategia. Los planes a medio plazo siguen pasando por buscar soluciones sociales pero, de momento, la presión policial y las intervenciones del material que venden los manteros se ha intensificado de golpe. El cambio de estrategia ha provocado que buena parte de los manteros abandone Barcelona.

Los propios ciudadanos de Barcelona se sorprendieron este verano: el número de manteros era mucho mayor que de costumbre. Algunos de ellos habían llegado siguiendo a los turistas que han escogido la capital catalana para pasar sus vacaciones. Otros, ya estaban en Barcelona y simplemente han cambiado de ocupación: en invierno recogen chatarra y en verano se dedican al 'top manta', que es más rentable. Tratan de sobrevivir.

El efecto llamada se ha revertido

Picos de hasta 900. La cifra de manteros asentados en Barcelona está entre los 250 y los 300. Pero durante este invierno la población era de unos 800 con picos de hasta 900 personas. 

Nuevo descenso. Tras el reciente endurecimiento de las políticas de Colau, la cifra de manteros ha descendido de nuevo y ha vuelto a los 300.

Pero este verano su presencia ha dejado de ser esporádica y se ha convertido en un problema en mayúsculas. La gran concentración de manteros en algunos lugares de la ciudad, como el paseo Joan de Borbó, con puntas de hasta 900 vendedores ambulantes, ha hecho el problema aún más visible. La presión de los comerciantes de la zona, que ya tenían problemas por culpa de la fuerte subida de los precios de alquiler, y la de los medios de comunicación alimentada por los partidos de la oposición han obligado al Ayuntamiento de Barcelona a cambiar de estrategia. Las directrices que salen de la plaza Sant Jaume han cambiado. Se han endurecido.

“Teníamos un problema real”, reconoce Gerardo Pisarello, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona. El Gobierno ya preveía que el fenómeno crecería en verano, e incluso la alcaldesa Ada Colau había avisado de que un reto de esta magnitud no se solucionaría este verano, pero no habían previsto que el aumento sería de este calibre.

A mediados de julio se vislumbró el primer cambio: el Ayuntamiento instaló una pista de patinaje en el espacio preferido por los manteros, el paseo Joan de Borbó y destinó a la zona más efectivos policiales. “Ahora lo estamos haciendo de una manera más decidida. Es posible que el mensaje no fuera suficientemente claro”, reconoce Pisarello. Además de la calle, también se han producido cambios en los despachos. Hasta ahora, la gestión de los manteros, que acostumbran a ser inmigrantes o refugiados subsaharianos, dependía de distintas áreas del Ayuntamiento como Servicios Sociales, Barcelona Activa o Seguridad. En las últimas semanas, su gestión ha pasado a manos de la primera tenencia de alcaldía y cuenta con una coordinación que sirve de contacto con los cuerpos policiales, los manteros y los comerciantes.

Recién llegada al Consistorio, Colau aseguró que “la solución” contra el ‘top manta’ no era policial, sino social. En ese momento, tenía una pequeña rebelión en la Guardia Urbana, que vio cómo los dirigentes políticos reducían los equipos de paisano, que son quienes actúan y requisan el material que venden los manteros, y también minimizó la presencia uniformada.

El resultado fue que vendedores ambulantes de Galicia, de Andalucía y de la zona de la periferia del área metropolitana se asentasen en la ciudad, según fuentes policiales. Se pasó de 400 vendedores ambulantes que había en la anterior legislatura de Xavier Trias, a unos 800 al cierre del año pasado, con puntas de hasta 900, según esas mismas fuentes, lo que suponía unos números prácticamente incontrolables para los agentes, los vecinos y el resto de vendedores no ambulantes.


Desautorización policial


La postura que durante un año ha mantenido el Gobierno de Colau de intentar buscar otras vías alternativas a la policial ante el 'top manta' se ha vivido dentro de la Guardia Urbana como una desautorización. El sindicato mayoritario, Sapol, ha arremetido en diversas ocasiones contra la alcaldesa. Y eso ha supuesto un desgaste del equipo municipal en su relación con la policía de la ciudad. El punto álgido de esa tensión fue cuando el teniente de alcalde Jaume Asens, un abogado que tiene una amplia trayectoria como letrado en causas contra abusos policiales, llamó a los abogados de un guardia urbano al que un mantero le hizo una brecha en la cabeza con la intención de que la letrada de Molins&Silva retirase la petición de prisión preventiva para el mantero.

El 'top manta' empieza más tarde ante la presión

El aumento de la presión policial hace que los manteros no encuentren un espacio en el que colocarse durante el día. La consecuencia es que esperan a que caiga el sol, sobre las nueve y media o las diez de la noche, para extender sus mantas con los objetos que quieren vender. Algunos, también se instalan en el interior del Puerto. La Guardia Urbana está estirando al máximo los horarios para poder hacerle frente, hasta pasadas las doce de la noche.

La CUP de Barcelona denuncia que este cambio de estrategia ha venido acompañado de más violencia policial y reclaman que se ponga fin “a la persecución policial, política y mediática”. Desde su punto de vista, el problema se tiene que abordar desde “un punto de vista social”. Esta posibilidad está encima de la mesa de la alcaldesa Ada Colau desde el primer día, pero todavía no ha cogido forma. El gobierno municipal impulsó unos planes de ocupación para 51 personas, pero el seguimiento entre las personas que se dedican a la venta ambulante es mínimo. El Ayuntamiento prepara un nuevo plan pero sus resultados no serán inmediatos. Mientras, el gobierno opta por la solución policial.

El nuevo giro en su política contra el top manta le ha comportado ahora problemas con la otra parte. El Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes boicoteó un acto de la alcaldesa durante la instalación de un contador que registrará el número de refugiados muertos en el Mediterráneo después de una operación de Mossos contra un almacén de material para el top manta. Detuvieron a siete personas, y cuatro de ellas ingresaron a prisión, entre estos, un portavoz del sindicato.

 

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