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La corrupción cerca a Rita Barberá

La alcaldesa de Valencia entre 1991 y 2015 ha esquivado hasta ahora los escándalos que han estallado en el PP, aunque algunos le han pasado rozando

Un número escandalosamente alto de sus antiguos compañeros de filas se encuentra hoy imputado, procesado o en la cárcel. Rita Barberá, principal referente del PP valenciano y alcaldesa durante casi un cuarto de siglo de la tercera ciudad de España ha sorteado, en cambio, todos los casos de corrupción que han estallado en la Comunidad Valenciana y han acabado con las carreras políticas de decenas de sus colegas.

Del último, la Operación Taula, Barberá se mantiene alejada gracias a su aforamiento ante el Tribunal Supremo por su condición de senadora. Ella ha negado haber participado o tenido noticia de las irregularidades.

Como le ha sucedido a la líder popular madrileña Esperanza Aguirre, a Barberá, alcaldesa de Valencia entre 1991 y 2015, algunos de los procedimientos judiciales le han pasado rozando.

Salió indemne del caso Nóos, a pesar de que el juez José Castro pidió imputarla poco antes de finalizar la investigación y de que su vicealcalde Alfonso Grau está siendo juzgado por los mismos hechos. Se libró del macroprocedimiento abierto en la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima (Emarsa), quebrada debido a la magnitud de un saqueo que permitió a su gerente, cercano a la exalcaldesa, acumular lingotes de oro.

Nada que regenerar

Rita Barberá fue una de las principales críticas con la doctrina de tolerancia cero contra la corrupción que el expresidente valenciano Alberto Fabra, del PP, intentó enarbolar la pasada legislatura para sanear el partido.

Para desesperación de la dirección regional de la formación, la entonces alcaldesa mostró su apoyo a Rafael Blasco cuando ya estaba acusado del desvío de fondos de cooperación que lo ha llevado a prisión. Fue el último sostén interno del exjefe del Consell Francisco Camps. Evitó destituir al exgerente de Emarsa Esteban Cuesta pese a que ya había reconocido delitos. Y pidió respeto a la presunción de inocencia de Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia, después de que hubiera salido a la luz la existencia de grabaciones que lo implicaban en la trama de Taula.

Tampoco se vio afectada por Gürtel, aunque uno de sus cabecillas, Álvaro Pérez, El Bigotes, decía en una conversación grabada por orden judicial que estaba comprándole un bolso de Lous Vuitton, y que todos los años le regalaba algo. “Luego no nos da nada, pero tampoco nos jode”, añadía Pérez.

Además de la gran presunta trama de cobro de comisiones, financiación ilegal y blanqueo de Taula, en la que la Fiscalía ve indicios relevantes contra ella y afecta ya a todo su anterior grupo municipal, dos investigaciones en marcha del ministerio público apuntan a la exalcaldesa.

La primera, conocida como Ritaleaks, está centrada en los 278.000 euros que Barberá consignó en tres años como gastos de representación la anterior legislatura. Entre los pagos hay noches de hotel en Florencia por más de 700 euros o en Madrid, por más de 600. Viajes con sus escoltas para asistir presuntamente a actos privados o de partido. Y 41.000 euros gastados en restaurantes, algunas de cuyas facturas reflejan comandas de ostras y gin tonics.

La otra investigación que le afecta es la de la ampliación de Feria Valencia. Unas obras con 300 millones de euros de sobrecostes en las que el anterior Gobierno autonómico del PP detectó graves irregularidades en 2014. Barberá fue presidenta del consejo de Administración de la Feria durante 24 años. Al dejar el cargo en junio, la institución debía 500 millones. Entre los gastos difíciles de justificar aireados por los socialistas figuran 7.600 euros que la Feria gastó en regalos a la regidora, incluidos cheques regalo y bolsos.

Este último complemento, fetiche de Barberá, también le fue regalado desde Emarsa según testimonios que obran en el sumario. En este caso, dos bolsos de Loewe.

Barberá ha contado a su favor ante la Administración de Justicia su aforamiento. De 1983 a 2015 fue diputada regional y solo el Tribunal Superior valenciano podía encausarla. En el caso Nóos rechazó hacerlo al considerar insuficientes los indicios delictivos contra ella. En 2015 fue elegida senadora, y si un magistrado considera que debe ser imputada —investigada según la nueva denominación— deberá completar primero las pesquisas y enviar una exposición razonada de motivos al Supremo.

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