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La Fiscalía abre diligencias por los gastos de representación de Barberá

Compromís denunció que las facturas corresponden a gastos de lujo y apuntaban a una posible financiación irregular del Partido Popular valenciano

La regidora replica que la admisión de la denuncia no implica que tenga relevancia penal

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, durante una visita electoral al Mercado Central este jueves. MÒNICA TORRES | ATLAS

La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal por las facturas aportadas por Compromís en abril con los gastos de representación del Ayuntamiento de Valencia y de su alcaldesa, Rita Barberá, realizados en el actual mandato y que la coalición calculó en cerca de 278.000 euros.

Los candidatos de Compromís a la presidencia de la Generalitat y a la alcaldía de Valencia, Mónica Oltra y Joan Ribó, presentaron este jueves a los medios la copia del escrito firmado el pasado día 12 por la fiscal jefe, Teresa Gisbert, en el que se abren diligencias y se nombra un instructor ante los posibles indicios de delito denunciados. Compromís acusa a la alcaldesa de haber pagado con fondos municipales desplazamiento suyos y de sus escoltas a actos del Partido Popular en Antequera, Sevilla, Santiago o Madrid, así como el viaje que Barberá realizó para asistir al funeral del presidente honorífico del PP Manuel Fraga.

La denuncia apunta también al exceso sobre lo presupuestado en gastos de representación, que se multiplicaron por dos y fueron autorizados por la hermana de Barberá, uno de sus cargos de confianza en el Ayuntamiento, lo que para Compromís supone un posible trato de favor y supuesta prevaricación. Asimismo, Compromís acusa a la alcaldesa del posible fraccionamiento ilegal de contratos para eludir la legislación vigente y evitar la convocatoria de concursos públicos.

Compromís, que ha anunciado que pedirá a la Fiscalía los cargos de Barberá entre 2007 y 2011, puso en marcha el pasado abril la web ritaleaks.compromís.net para difundir las 466 facturas de gastos en hoteles, viajes, comidas y regalos sufragados por el gabinete de la alcaldía entre los últimos cuatro años. Barberá —sus escoltas y algunos de sus concejales de gobierno— gastaron entre 2011 y 2014 unos 278.000 euros en habitaciones de hotel (de 600 y 700 euros, con todo incluido), en el alquiler de coches con chófer (a un coste de casi 5.000 euros), en regalos de Navidad (25.000 euros) o en comidas con varios comensales (2.087 euros en las fiestas de Fallas).

Según la candidata de Compromís a la Generalitat, estos hechos pueden ser constitutivos de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias o prevaricación, y “están penados con inhabilitación e incluso, en algún caso, prisión”.

Barberá, sin embargo, quiso quitar hierro a la apertura de diligencias de la Fiscalía. “Que la Fiscalía abra diligencias penales ante una denuncia es, lógicamente, la obligación legal del ministerio público”, afirmó ayer exhibiendo un informe de los servicios jurídicos municipales. “Significa, lisa y llanamente, la obligación de registrar la existencia de una denuncia para comprobar si tiene relevancia penal”, añadió. Para la regidora, “es una cuestión de procedimiento”.

Barberá se expresó en estos términos durante una visita al Mercado Central de Valencia, con la que ha puesto fin a una gira electoral por los mercados más importantes de Valencia. Insistió en que “en ningún caso se trata de actuaciones judiciales, sino de meros escritos de denuncia que la Fiscalía suele archivar”. La regidora, que ha culpado a Compromís de boicotear sus visitas a los mercados, acusó de nuevo a la coalición de hacer “una manipulación que da vergüenza absoluta” y de llevar a cabo una campaña “sucia”.

En un gesto poco habitual, la Fiscalía Provincial de Valencia ha emitido a última hora de la tarde una nota de prensa para hacer algunas aclaraciones respecto a la investigación que ha incoado. Según el escrito, la apertura de diligencias de investigación penal “supone revestir de la forma jurídica necesaria a la información recibida, para, a partir de ahí, iniciar las actuaciones que finalmente puedan determinar la existencia o no de hechos punibles y actuar en consecuencia”.

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