Selecciona Edición
Iniciar sesión

Investigado por comisiones del 3% el PP local y regional de Valencia

La Fiscalía dispone de indicios de financiación ilegal y blanqueo de capitales en los tres niveles del partido en la Comunidad Valenciana. El juez indaga el incremento patrimonial de altos cargos, como la compra de coches de lujo e inmuebles

El expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial Alfonso Rus, en el cuartel de la Guardia Civil, donde permanece detenido. Foto: José Jordán / Vídeo: EL PAÍS

El juez de la Operación Taula investiga por supuesta financiación ilegal y blanqueo al PP local, provincial y autonómico de Valencia. La Fiscalía dispone, según confirman fuentes del caso, de indicios de que las irregularidades se extendieron en el tiempo y afectaron a los tres niveles de la formación valenciana.

La presunta trama afecta al corazón del PP de la Comunidad Valenciana y se investiga su actividad desde mediados de la década pasada. Sus miembros cobraron supuestamente comisiones del 3% "de forma generalizada", y parte del dinero se destinó al partido. Los amaños alcanzaron a "centenares de contratos públicos", aseguran las fuentes.

El juzgado de Instrucción número 18 va a llamar bajo la condición de imputados (investigados, según la nueva denominación judicial), a instancias de la Fiscalía, a 50 miembros del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia. El interrogatorio podrá ser realizado por la policía judicial por delegación del magistrado. La citación alcanza a todos los concejales y asesores de la pasada legislatura. La medida tendrá previsiblemente graves consecuencias políticas. El PP anunció el martes que todos los implicados en el caso serían destituidos de sus cargos y suspendidos de militancia. El motivo por el que la exalcaldesa Rita Barberá no estará entre ellos, explican fuentes de la investigación, es por su condición de senadora, lo que la convierte en aforada ante el Tribunal Supremo, el único que puede dirigir acciones penales contra ella.

En la causa, dentro de la cual han sido detenidas esta semana 24 personas e imputadas un total de 29, se investigan pagos de mordidas por parte de empresas que contrataban con la Administración, pero también de mercantiles que prestaban servicios al partido. Entre estos últimos, el transporte de militantes en autobuses a la plaza de Toros de Valencia, espacio de los grandes mítines electorales en las campañas populares en la comunidad autónoma.

En el montaje de este tipo de actos intervenían conjuntamente tanto la estructura provincial como la autonómica del partido. El juez ha detenido a la persona que organizaba económicamente el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, María del Carmen García-Fuster, al responsable de campañas electorales en la dirección provincial, Juan José Medina, y al que fue encargado de Organización del PP autonómico, David Serra. Este último ha sido procesado, en paralelo, por la presunta financiación ilegal del PP valenciano por parte de la trama Gürtel.

La Fiscalía Anticorrupción analiza posibles incrementos en el patrimonio de responsables de la dirección del partido. Juan José Medina, director de varias campañas de los populares y vicesecretario de Organización del PP de la provincia de Valencia adquirió un coche de alta gama —de la marca Jaguar— después de una campaña electoral y tiempo después un chalé. Medina, que fue uno de los 24 detenidos el martes por la Guardia Civil, además de número dos en la Diputación de Valencia, es publicista.

La actividad de Taula está vinculada, señalan las fuentes, con presuntas irregularidades en la construcción de colegios por parte de Construcciones e Infraestructuras Educativas Sociedad Anónima (Ciegsa). Esta empresa pública incurrió en sobrecostes superiores a mil millones de euros, según ha calculado el actual Gobierno autonómico tras someterla a una auditoría. Al frente de Ciegsa, como consejero delegado, estuvo uno de los detenidos en la operación, Máximo Caturla, que fue también secretario autonómico de Educación y vicepresidente de la Diputación de Valencia.

Caturla y Media, entre otros, habrían participado según fuentes de la investigación en el cobro de comisiones del 3% a empresas que recibían adjudicaciones. Una parte de estos fondos habrían financiado de forma irregular la actividad del PP provincial y regional, que organizaban parte de sus actos conjuntamente.

La financiación irregular en el PP de la ciudad de Valencia está vinculada con aportaciones realizadas por los miembros del Grupo Popular en el Ayuntamiento antes de las elecciones. Según los indicios de que disponen los investigadores, al menos parte de sus componentes habrían ingresado mil euros antes de las elecciones de mayo de 2015 que les habrían sido devueltos más tarde en metálico, lo que hace pensar a los investigadores que la operación sirvió al partido para blanquear dinero negro.

La portavoz del PP del Ayuntamiento de Valencia, María Ángels Ramón-Llin, ha admitido este jueves que los miembros de su Grupo Parlamentario hacían aportaciones de 60 euros al partido cada mes, —algo que también sucedía en la estructura provincial a modo de cuota— y que ingresaron otros mil euros antes de los últimos comicios locales. Pero ha negado que más tarde les fueran devueltos en metálico. Fuentes de la investigación aseguran, sin embargo, que también obran en la causa indicios de financiación irregular en el PP de la ciudad de Valencia.

La investigación de Taula tiene otra línea por explorar, más incipiente, vinculada a la compra de billetes de Lotería por importe de miles de euros. El exjefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis, también detenido el martes, llegó a pedir a un subordinado que revisara si le había tocado algo entre tantos décimos, según fuentes conocedoras de los hechos. Otro vicepresidente de la Diputación de Valencia y responsable de la sección de Carreteras en aquella época y muy cercano a Rus, Enrique Crespo, ganó 12 millones de euros en la Lotería de Navidad de 2011 y luego intentó ocultarlo, según el juez instructor de otro caso de corrupción, Emarsa. A Crespo ya se le ha abierto juicio oral por estos supuestos hechos. Los investigadores barajan que la compra masiva de billetes de Lotería fue utilizada como otra forma de blanquear dinero procedente de comisiones irregulares a cambio de adjudicaciones.

Más información