El Gobierno catalán admite que no tiene garantizada la estabilidad
Puigdemont reconoce que no tiene asegurado el voto favorable de la CUP a los Presupuestos
Junts pel Sí, la coalición de Convergència y Esquerra que gobierna en Cataluña, aseguró cuando pactó con la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) que el nuevo Ejecutivo tenía garantizada la estabilidad parlamentaria. Sin embargo, en la primera ley importante ajena a la independencia que debe aprobar, los Presupuestos, la Generalitat reconoce que no tiene asegurados los votos de los anticapitalistas. Lo explicó ayer la consejera de Presidencia, Neus Munté, que en una entrevista en TV-3 admitió que el Ejecutivo de Carles Puigdemont no tiene “al 100%” garantizada la estabilidad en el Parlament.
Neus Munté, al igual que ha expresado el vicepresidente económico, Oriol Junqueras (ERC), tiene dudas sobre si el Gobierno podrá aprobar nuevos Presupuestos o deberá conformarse con adaptar su prórroga presupuestaria, lo que pondría en riesgo parte del plan de choque social que quiere implantar. “Estamos convencidos que hay margen para aprobar nuevos Presupuestos. En caso contrario, el instrumento de prórroga no es el óptimo ni el deseable, pero sí que da una cierta normalidad al día a día”, apuntó la consejera, antes de concretar que parte de las medidas sociales pueden aprobarse con una prórroga.
La CUP ya ha dejado claro que su apoyo a los Presupuestos no está garantizado. Junts pel Sí deberá afinar las medidas sociales —los anticapitalistas creen que lo que hay sobre la mesa se queda corto— para lograr su apoyo: “A priori no podemos decir que los votaremos o que no los votaremos. Analizaremos si son los Presupuestos más sociales que se han podido generar en el actual marco o, al contrario, si son una plataforma de liquidación de la CUP”, afirmó en una entrevista al semanario La Directa la diputada Anna Gabriel.
Las dudas sobre la estabilidad del Gobierno chocan con el relato del acuerdo que ofreció el ya expresidente de la Generalitat. Artur Mas presentó el pacto que le obligaba a ceder la presidencia como una rendición de los anticapitalistas. A cambio de la retirada de Mas, la CUP se comprometía a que dos diputados quedarían “integrados en la dinámica parlamentaria” de Junts pel Sí.
Y los ocho restantes, según el pacto, no pueden votar junto a la oposición “cuando esté en riesgo la estabilidad parlamentaria”. Con la fórmula, la coalición interpretaba que los números cuadrasen para ganar todas las votaciones parlamentarias. “Lo que no nos dieron las urnas lo ha corregido el acuerdo”, ilustró Mas.
Una comisión en el Parlament para legislar sobre la secesión
El Parlamento catalán aprobará el próximo día 20 la creación de una comisión para iniciar el proceso de “transición nacional” que ha de culminar en la independencia. Queda por concretar si será una comisión legislativa que redacte las leyes para alcanzar la secesión, como defienden Junts pel Sí y la CUP, o si será una comisión de estudio que sirva para iniciar un proceso constituyente, como propone Catalunya Sí que es Pot, que hizo de esto una seña de identidad de su programa electoral en las elecciones autonómicas. Ante el deseo de sumar fuerzas y buscar un acuerdo, los partidos independentistas se han dado unos días para negociar y decidir si el pleno votará las dos alternativas o una sola.
Ciudadanos, PSC y PP se oponen a cualquier comisión y advierten que si es legislativa supondría un desarrollo de la resolución soberanista del 9 de noviembre que anuló el Tribunal Constitucional y presuponen que sería impugnada por el Gobierno. Fernando de Páramo, portavoz de Ciudadanos, explicó que "el Parlament no debe estudiar cómo saltarse las leyes ni destinar más recursos a eso", mientras que Enric Millo (PP) reclamó que la Cámara sea "un lugar de trabajo y no de generar conflicto". La socialista Eva Granados advirtió de que "Junts pel Sí y la CUP deben escoger entre el choque de trenes de crear una comisión legislativa y el postureo y simbolismo de la comisión de estudio".
Los diputados de la CUP Gabriela Serra y Benet Salellas serán los dos parlamentarios de la formación anticapitalista en Junts pel Sí. Ello no significa, sin embargo, que siempre voten junto a los diputados de CDC y ERC, como pretendía Mas. “La CUP no va a hacer una votación conjunta con Junts pel Sí en todos los temas”, recuerdan desde la formación anticapitalista.
La clave del acuerdo radica en cómo entiende la “estabilidad” cada uno de los grupos. Los anticapitalistas avisan de que tras la votación de investidura “no hay nada más escrito” y que habrá que negociar para que suscriban las propuestas de la coalición que no estén directamente ligadas al avance de la secesión.
Pese al triunfalismo que exhibió Mas en su rueda de prensa de retirada, los dirigentes de Junts pel Sí que negociaron junto a la CUP son conscientes que los anticapitalistas no cederán en todas las votaciones. “Tendremos que trabajar para llegar a acuerdos amplios en cada cuestión”, admite uno de los responsables de las conversaciones.
Mas pretendió reducir a la mínima expresión el papel de la CUP. Incluso, según Gabriel, buscó que desapareciera del Parlament: “Nos pusieron sobre la mesa la liquidación directa de la CUP”, explicó la diputada. Una fórmula —que consistía en ceder los dos diputados a Junts pel Sí y forzar la dimisión de los ocho restantes y el resto de sustitutos— que finalmente no se llevó a cabo.
