Fabra y la nueva recentralización
El Consell abandera el estudio que insta a devolver competencias si no hay dinero La Generalitat cierra oficinas exteriores, acaba con RTVV y depende de Montoro
El pasado miércoles tuvo lugar en Valencia una reunión inusual. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, mantuvo un encuentro con representantes de las pequeñas y medianas empresas y los autónomos de la Comunidad Valenciana para analizar la puesta en marcha del segundo plan de pago a proveedores emprendido por el Gobierno. El Consell no fue invitado a la reunión.
Beteta, la mano derecha del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ejerció de interlocutor ante importantes colectivos sociales valencianos —que van a cobrar de las arcas del Estado lo que les adeuda la Generalitat— y les aseguró que el Gobierno está supervisando los presupuestos de la Generalitat para 2014 con el objetivo de elaborar un plan económico financiero que garantice que el Consell gasta solo lo que tiene y que pagará lo que debe.
El Gobierno valenciano optó, como en otras ocasiones, por ignorar el desplante. Sin embargo, desde hace semanas, el argumentario del Consell que preside Alberto Fabra insiste en que las decisiones que adopta no suponen una merma en el autogobierno de los valencianos. Entonces, ¿por qué se ha introducido el concepto de autogobierno en el discurso del Consell (y de la oposición)?
Fundamentalmente, por dos razones. Por un lado, por la existencia de una dependencia financiera absoluta del Gobierno. Y por otro, por la decisión del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, de superponer las políticas estatales al discurso identitario y reivindicativo que tan buenos resultados electorales ha otorgado al PP valenciano en los últimos 20 años.
El presidente ha justificado sus decisiones con la crisis económica
El resultado es un presidente anclado a la idea de construir una nueva Administración valenciana menos “pesada, sobredimensionada y costosa”. Un objetivo que se ha concretado en decisiones concretas, como la extinción de la red de oficinas comerciales de la Generalitat en favor de la del Gobierno; la aplicación anticipada de parte de las medidas previstas en la nueva ley de Educación que hace retroceder las lenguas cooficiales y facilita la externalización del sistema; el anuncio de cierre de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) o la propuesta de reducir el número de diputados de las Cortes Valencianas.
El debate sobre la recentralización del Estado también ha impregnado el debate valenciano sobre la reforma del sistema de financiación autonómica. El Consell cuenta con dos informes importantes que justifican la exigencia de un nuevo modelo. Uno, encargado por las Cortes a un reconocido grupo de expertos en financiación, que propone avanzar en la corresponsabilidad de las autonomías, especialmente en materia tributaria.
Otro, encargado a la comisión de economía de los Premios Jaime I, que defiende una nueva recentralización del Estado y llega a proponer al Consell que devuelva competencias si carece de la adecuada financiación.
De los dos informes, presentados con apenas unas semanas de diferencia, Fabra ha optado por dar mayor protagonismo al segundo que, además de analizar las carencias del sistema de financiación autonómico y sus alternativas, rechaza “una mayor participación autonómica” en los tributos del Estado y reclama “la coordinación máxima” del sistema nacional de salud. Este estudio también concibe la justicia y la educación “como servicios integrales del Estado”.
A este informe es al que Fabra ha querido dar mayor relevancia, con el argumento de que será visto como más imparcial por el resto de las autonomías —que hasta ahora lo han ignorado— y el Gobierno. El presidente considera que el informe encargado por las Cortes, pese a la solvencia de los expertos, puede ser considerado parcial fuera de la Comunidad Valenciana.
El ponente del informe elaborado por los premios Jaime I, Ramón Tamames, argumenta: “No pensamos que haya ido demasiado lejos el Estado autonómico, pero se ha entrado en un crecimiento indefinido del gasto y de la asunción de muchas competencias que no son necesarias”. “Proponemos la reordenación y reorganización, y una mayor coordinación, porque en un mercado único no tienen lugar tantas particiones”, afirma Tamames.
La oposición, en cambio, discrepa de la visión del Consell y de los Jaime I. Para el secretario general del PSPV, Ximo Puig, el citado estudio es, simplemente, “el guión que ha aceptado el presidente de la Generalitat para asumir el triste papel de gobernador civil de Mariano Rajoy en la Comunidad Valenciana”. “Es una muestra más del interés del PP en favor de la recentralización y el desmontaje del Estado social”, sentencia.
Dos visiones sobre el problema de la financiación
El diagnóstico. El informe de los premios Jaime I, por un lado, y el de los expertos de las Cortes, por otro, coinciden en que la Comunidad Valenciana tiene un grave problema estructural de infrafinanciación que lastra la prestación de los servicios básicos.
La solución. Los expertos de las Cortes proponen la misma financiación per cápita en todo el Estado para los servicios de educación, sanidad y protección social. Un segundo tramo para financiar las necesidades mínimas de otras competencias autonómicas básicas y un tercer tramo, financiado con impuestos propios, para desarrollar políticas diferenciadas. Por contra, el informe de los premios Jaime I aboga por una financiación per cápita idéntica en todo el Estado con una horquilla del más menos 2% para los servicios esenciales, que tendrían un mayor control por parte del Estado. Para el resto de competencias proponen la financiación a través de tributos propios.Los Jaime I aseguran, además, que si no hay una financiación adecuada, la Comunidad Valenciana debería plantearse, incluso, la conveniencia de devolver competencias al Estado.
La deuda histórica. Los expertos de las Cortes defienden la necesidad de que el Estado reconozca la deuda generada por la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana y que se establezca un instrumento de reequilibrio financiero. Los premios Jaime I proponen que el Gobierno estatalice la deuda autonómica y refuerce su control. La deuda pendiente por infrafinanciación podría ser asumida por el Estado o compensada mediante un fondo de nivelación o inversiones suplementarias.
La autonomía fiscal. Los expertos de las Cortes proponen que las autonomías puedan participar en mayor medida de la gestión tributaria del Estado en todos sus niveles. Los Jaime I, por contra, se niegan a que las autonomías tengan una mayor participación en los tributos del Estado y reclaman el refuerzo del sentimiento de pertenencia a una misma nación.
