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Catalá impulsa una nueva revolución conservadora con las privatizaciones

Educación renuncia a construir siete centros públicos en favor de la privada

La consejera de Educación, María José Català, en una visita las obras del colegio número 10 de Torrent.
La consejera de Educación, María José Català, en una visita las obras del colegio número 10 de Torrent.

En 1995 los socialistas perdieron las elecciones autonómicas sin haber conseguido que el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por el Partido Popular, cediese suelo escolar para construir centros de secundaria públicos. Dieciocho años después, la consejera María José Català ha conseguido que sea ese mismo Ayuntamiento el primero en anunciar la cesión a la Generalitat de una de las siete parcelas de uso público donde, en una iniciativa sin precedentes en la Comunidad Valenciana, promotores privados levantarán centros de enseñanza a cambio de gestionarlos durante 75 años mediante un concierto económico. Son los nuevos centros de iniciativa social (CIS).

El viernes pasado, el Ayuntamiento de Calp celebró un pleno extraordinario para aprobar la cesión de un solar de casi 10.000 metros a favor de la Generalitat. Otros cinco ayuntamientos, también del PP, Torrent, Alicante, Elche, Santa Pola y La Vall d'Uixò, ya “han comunicado su intención de contar con un centro de iniciativa social y ultiman los trámites para poner las parcelas necesarias a disposición de la Consejería de Educación”, según fuentes del departamento que dirige Català. La consejera ya había manifestado su intención de licitar este mismo verano los nuevos centros privados en suelo público. Cuando la Generalitat reciba las parcelas “serán registradas y se publicarán los pliegos para licitar la construcción del centro”, según la Consejería.

La Generalitat ha cuadruplicado en 18 cursos el gasto en la concertada

La construcción de los CIS, que podrían entrar en los próximos presupuestos de la Generalitat, darán continuidad a una política, lenta pero progresiva, de aumento del gasto público en conciertos y subvenciones a la escuela privada; así como de las unidades, el alumnado y el profesorado de estos centros, que ha crecido en este periodo en mayor proporción que el de los públicos. Si en 1995 eran 5.200 las unidades escolares concertadas, para el curso que ahora comienza son 8.000, según los datos de Educación, que acaba de conceder 30 unidades más en agosto, en la renovación cuatrienal que se hace de los conciertos educativos.

Desde la consejería restan trascendencia al dato, ya que “dos de cada tres unidades fueron concertadas hace 18 años”. Sin embargo, el aumento ha sido del 53%, un porcentaje superior al del crecimiento de las necesidades de escolarización. En ese mismo periodo el conjunto del alumnado en las enseñanzas de régimen general —de Infantil a FP— solo ha crecido un 13%, según las estadísticas del Gobierno y buena parte de ese incremento ha sido absorbido precisamente por la enseñanza concertada, cuyo alumnado ha crecido por encima del 40%, de acuerdo con las cifras oficiales, mientras que el de la pública apenas ha dado un estirón del 8%.

Más aún ha crecido el presupuesto destinado a los conciertos educativos, que casi se ha cuadruplicado, pasando de los más de 174 millones de euros de 1995 a los más de 678 millones de 2013.

En el conjunto del Estado este gasto ha crecido también, pero bastante menos. En la Comunidad Valenciana, los mayores saltos presupuestarios se dieron en los años 2000, 2008 y 2009. En estos últimos ejercicios después de que el Consell decidiese concertar la enseñanza no obligatoria. Es de prever que los conciertos de los centros de iniciativa social incrementen esa factura pública en los próximos ejercicios.

Los conciertos se han ampliado en los colegios del Opus que segregan

Los estilos y proyectos de los nueve consejeros de Educación que han pasado por la sede de la avenida de Campanar en Valencia desde 1995 hasta hoy han sido muy distintos. Sin embargo, desde que en el verano de aquel año Fernando Villalonga anunciara el aumento de los conciertos hasta ahora, éste ha sido el común denominador de los distintos equipos del área educativa del Consell. El actual, deja claro que “con el aumento de la oferta de enseñanza concertada, la Generalitat pretende, tal y como señala la futura Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), atender la demanda de las familias y poder dar una oferta suficiente para que sus hijos puedan estar escolarizados en los centros que deseen”. Las cifras de demanda insatisfecha y la libertad de elección siguen siendo el principal argumento para estas y otras medidas, como la ampliación del área geográfica de influencia para la elección de centro, los nuevos criterios de admisión de alumnos o las becas de comedor para la privada.

La Generalitat va también por delante de la LOMCE al concertar con colegios que segregan por sexos, como los dos de la población castellonense de Betxí vinculados al Opus Dei, masculino uno y femenino otro, a los que no solo acaba de renovar concierto sino que ha incorporado a éste los dos cursos de bachillerato, contraviniendo la LOE vigente y en un claro posicionamiento ideológico y moral.

Educación destaca que una de cada tres unidades ya estaba concertada

“En el fondo hay una falta de proyecto político y pedagógico, que se suple por una obsesión privatizadora en mi opinión irresponsable, porque no hay país que no quiera tener un sistema público potente", resume el maestro de pedagogos José Gimeno Sacristán. “La educación es una de las pocas vertebraciones sociales que les quedan a los chavales e ignorarlo es una falta de visión histórica. Ni Alemania, ni EE UU, ni la admirada Finlandia dejan de tener una enseñanza pública que abarca al menos el 90%”. Para Gimeno, “la ausencia de proyecto claro lleva incorporada la improvisación, con medidas dispersas y originales que llaman la atención”. Como ejemplo de estas medidas novedosas y llamativas, pone la enseñanza de Educación para la Ciudadanía en inglés, antes, y la enseñanza trilingüe para Educación Infantil, ahora.

La consolidación de un sistema dual de enseñanza pública y privada-concertada, asociado a una determinada distribución territorial reproduce las desigualdades existentes, en lugar de actuar como ascensor social, que es una de las esperanzas que las familias ponen en la educación. Esa es la conclusión de la tesis doctoral publicada por Ferran Colom en la Universitat de València, sobre el modelo educativo en la capital autonómica. En Valencia la concertada no sólo supone el 55% del sistema sino que también se concentra en determinadas zonas. Ciudad modelo donde, simultáneamente, se prepara un CIS, se construye un colegio público en Russafa y se hace con dinero público una escuela infantil de cero a tres años, que acabará siendo de gestión privada, junto a la Avenida de Aragón, sobre suelo municipal reservado para un colegio de Primaria.

En Valencia el sistema reproduce las desigualdades, según un estudio

Una ciudad donde, explica Colom, los recursos “no se distribuyen de una manera ni equitativa ni adaptada a las necesidades de la población de cada distrito”. Colom señala “graves desequilibrios en la tipología del alumnado escolarizado en centros públicos y privados”, lo que explicaría “mejores resultados educativos en las zonas de mayor escolarización privada” que, no por casualidad, son los distritos “con mejor contexto sociocultural”. Este proceso reproduce “una estructura urbana socialmente segregada”.

Este profesor estudia las desigualdades territoriales entre comarcas a escala autonómica. Su hipótesis es que, aunque en Valencia el fenómeno “se agudiza”, los resultados no serán muy diferentes a escala comarcal, con “una concentración de la enseñanza concertada en áreas urbanas y muy pobladas de la costa”.

Es decir, donde van los nuevos centros privados sobre suelo público, ni más ni menos.

 

De la negación del fracaso escolar a los ensayos de la prueba de PISA

La actitud ante el fracaso escolar, con datos muy negativos para la Comunidad Valenciana en los últimos años, no ha sido la misma en todos los consejeros de Educación del PP. Mientras Alejandro Font de Mora llegó a negar la credibilidad de esos datos o achacarlos a causas ajenas a su gestión, los dos últimos consejeros de Educación, José Ciscar y Maria José Català, han asumido entre sus objetivos explícitos la mejora de los indicadores relativos al fracaso, con las evaluaciones diagnósticas y los contratos-programa como iniciativas estrella.

A mitad de agosto, la actual consejera volvió a dar, por segundo año consecutivo, cifras optimistas sobre el abandono escolar temprano, es decir, la población de 18 a 24 años que deja de estudiar sin completar la segunda etapa de la Educación Secundaria, la postobligatoria. Del 29,2% de 2010 al 26,9% de 2012. Idéntico optimismo transmitía al anunciar que la Comunidad Valenciana concurrirá a las próximas pruebas del Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA). La próxima evaluación PISA se hará en 2015. Hasta ahora, la Comunidad Valenciana había renunciado a presentarse con una muestra amplia que le permitiera disponer de información relevante a nivel autonómico.

El catedrático José Gimeno Sacristán es menos optimista. Considera que “en general estamos como estábamos y en alguna cosa hemos empeorado”. Prácticamente en todas las variables cuantitativas del Sistema Estatal de Indicadores “estamos por debajo de la media”. Cita como ejemplos la baja escolarización a los 17 años, la también baja en el inicio de la Educación Infantil, o la de graduados en la ESO. El pedagogo echa de menos una política de “formación en ejercicio del profesorado” y le sobran políticas de “segregación, privatización, de desprecio de lo público y carencia de una visión histórica de para qué sirve el sistema educativo y para que se está educando”. Y apostilla “¿Para una sociedad integrada o desintegrada en clases?”.

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