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La oposición lleva al Canal a la Fiscalía por la compra de una empresa

El Canal de Isabel II compró la brasileña Emissao por 21,5 millones y un año después su valor patrimonial era de cinco millones

El informe de PSOE, Podemos y Ciudadanos sobre la compra de la empresa brasileña Emissao por el Canal de Isabel II en 2013 está desde ayer en manos de la Fiscalía. Los grupos parlamentarios, excepto el PP, han detectado posibles ilícitos penales en la adquisición. El Canal abonó por la sociedad 21,5 millones en 2013; un mes después la empresa valía la mitad de ese importe; al año, una cuarta parte y ahora está en pérdidas. La oposición cifra el quebranto económico en 35 millones.

La oposición del Parlamento regional —PSOE, Podemos y Ciudadanos— ha trasladado a la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad organizada el resultado de su investigación sobre la truculenta adquisición de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construcao. Quieren saber qué razones empujaron a Canal de Isabel II a comprar en 2013 la mercantil brasileña por 21,5 millones de euros y adónde han ido a parar los 35 millones que se han perdido en la operación. Y, sobre todo, la razón por la que el neto patrimonial de la empresa cayó de forma vertiginosa tras la adquisición: al mes era de 10,2 millones y al año de 5,1. Hoy ese valor está en negativo.

Los diputados han decidido dar el paso debido a que carecen de “los medios necesarios para llevar adelante una investigación más detallada” y a que “pueden haberse producido ilícitos penales”. El escrito advierte a la Fiscalía que, “dada la falta de control que ha existido” sobre estas inversiones y su gestión, no descartan que “se hayan producido situaciones similares en la adquisición de otras empresas”.

“Nos ha llamado la atención, el silencio y la explícita inhibición del comité de auditoría del Canal, de la Cámara de Cuentas y de la firma de auditoría externa KPMG”, exponen los diputados en el escrito de denuncia, al que no se ha unido el PP. La adquisición de esta empresa fue una de las primeras operaciones polémicas que llamaron la atención en la expansión del Canal de Isabel II. La operación se realizó a través de una sociedad instrumental, la uruguaya Soluciones Andinas de Agua, que carece de actividad, y los pagos procedieron de cuentas en Suiza.

El escándalo desencadenó una serie de destituciones. Cayeron dos de los responsables de Canal: la directora Financiera y de Desarrollo de negocio, María Fernanda Richmond, y el director de Recursos, Fernando Cevallos. También salió Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente de Inassa, una de las filiales del Canal en Latinoamérica, que participó en la compra. El escrito indica que el Gobierno tomó esta decisión después de que apareciera vinculado en los papeles de Panamá a tres empresas.

“Otros directivos del grupo Canal en América y sus empresas tenían sociedades opacas en paraísos fiscales que han ido saliendo a la luz con la filtración de los papeles de Panamá, como Ramón Navarro Pereira, exgerente de la Triple A de Barranquilla, también cesado, y Ángel Rondón, accionista de la Triple A Dominicana” (todas empresas del Canal), indica el informe.

En julio de 2016, el Gobierno de Cristina Cifuentes (PP), que intenta distanciarse de las operaciones que realizó el Canal con gobiernos anteriores de su propio partido, presentó ante la Fiscalía General del Estado un escrito relativo a las anomalías que habían detectado en el proceso de compra de Emissao. La oposición desconoce el contenido del escrito porque el Gobierno regional no ha atendido a sus peticiones.

La socialista Mercedes Gallizo sostuvo ayer, tras entregar la documentación, que “detrás de esta operación hay signos que nos llevan, seguramente, a tramas de corrupción”. La parlamentaria regional pide a la Fiscalía por ese motivo que “llegue al fondo del asunto”.

Para José Manuel López, de Podemos, lo que se está viendo es “solo la punta del iceberg de un entramado societario que sirve para borrar el rastro de lo que el Canal está haciendo en América Latina”. El portavoz de Ciudadanos, Juan Rubio, considera que la actuación va más allá de una “mala praxis” en la gestión.