Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

Una auditoría busca “fraudes y delitos” en la compra de una filial del Canal en Brasil

La oposición entregará a la Fiscalía un informe sobre las presuntas irregularidades de la operación

Las sospechas se siguen acumulando sobre la compra, por parte de filiales del Canal de Isabel II, de la empresa brasileña Emissão, que costó 21 millones en 2013, pero que al año siguiente valía cinco. Al informe que ya entregó la Comunidad a la Fiscalía se sumará otro escrito de la oposición y una auditoría forense que el Canal ha contratado por 301.000 euros con la firma EY. Se trata de “una herramienta eficaz para la investigación de posibles irregularidades” y una “alternativa para combatir la corrupción”, justifica el Ejecutivo la necesidad del contrato.

La compra de la empresa Emissão Engenharia e Construções fue una de las primeras operaciones polémicas que puso el foco sobre los negocios de las filiales del Canal de Isabel II en Latinoamérica y que han dejado un reguero de escándalos en los últimos meses. Hecha la operación a través de una sociedad intermediaria —de las llamadas instrumentales— en Uruguay, y con pagos a través de cuentas en Suiza, la llamativa pérdida de valor en muy poco tiempo puso en guardia a la oposición en la Asamblea de Madrid, empezando por Eduardo Gutiérrez, de Podemos.

Esto, a su vez, causó la destitución de dos de los responsables de Canal —la directora Financiera y de Desarrollo de Negocio, María Fernanda Richmond, y del director de Recursos, Fernando Cevallos—, por “pérdida de confianza”. Poco después, el Gobierno madrileño puso en manos de la Fiscalía un informe sobre la citada compra. Y el pasado noviembre contrató la auditoría forense.

A la oposición, sin embargo, no le convence aquel informe, cuyo contenido desconocen a pesar de las reiteradas peticiones al Gobierno. El Ejecutivo asegura que el consejo de administración del Canal, presidido por el consejero de Presidencia, Ángel Garrido, debe dar el visto bueno antes de enseñarlo. Pero, además, los diputados tampoco confían en la auditoría contratada, que consideran “un cuento”, en palabras de la socialista Mercedes Gallizo. “Se encarga para ver qué es lo que se ha hecho mal y ver posibles delitos, pero ¡si ya has visto que hay algo mal y lo has llevado a la Fiscalía!”, señala la diputada. “¿A quién va a defender esa auditoría?”, se preguntaba ayer Eduardo Gutiérrez.

El subdirector general técnico del Canal, Manuel Beltrán Pedreira, dijo ayer en una comparecencia en la Asamblea que se ha encargado la auditoría para aclarar "que lo que se ha hecho, se ha hecho bien”. Sin embargo, en la respuesta que ha dado por escrito a una pregunta de Gallizo, el Gobierno regional solo se extiende en las bondades de las auditorías forenses a la hora de “descubrir, divulgar y atestar fraudes y delitos en el desarrollo de las funciones públicas o privadas”. Además, destacan la importancia de que lo haga una empresa independiente, “pues en el caso de acabar esta investigación en el orden jurisdiccional penal, la independencia, además de serlo, debe parecerlo”.

También insisten en que este tipo de trabajos son una “alternativa para combatir la corrupción, porque permiten que expertos emitan ante los jueces conceptos y opiniones de valor técnico, que le permiten a la justicia actuar con mayor certeza”.

Sin embargo, la oposición ha acusado repetidamente al Gobierno de Cristina Cifuentes de defender el trabajo del Canal y de no facilitar las investigaciones. Así, el próximo lunes, PSOE, Podemos y Ciudadanos van a entregar en la Fiscalía de la Audiencia Nacional un informe sobre los indicios de irregularidades que han podido acreditar en los últimos meses. “Queremos saber”, justificó Juan Rubio, de Ciudadanos. “Desconocemos todo lo que se mueve alrededor de las inversiones del Canal de Isabel II en Latinoamérica”, añadió ayer en una comisión de la Asamblea.

Una empresa sin actividad

“Llama la atención, en primer lugar, la adquisición de una empresa instrumental” sin actividad, llamada Soluciones Andinas de Agua, radicada en Uruguay, y relacionada “con el entramado de testaferros y despachos que han venido utilizando determinadas personas para ocultar al fisco de sus países sus inversiones”, señala el informe redactado por Gallizo y al que se sumará un análisis de los balances de las empresas involucradas redactado por Eduardo Gutiérrez.

Ese contexto, continúa el informe, viene a incrementar las dudas sobre la compra de Emissão —posiblemente con créditos concedidos por la la principal filial del Canal en América— y la pérdida súbita de valor. Por todo ello, piden al ministerio público que estudie si ha habido delito, quiénes son los responsables y si alguien ha obtenido algún lucro personal.

Una sucesión de indicios

El vehículo. Dos filiales del Canal en Latinoamérica (Extensia e Inassa) compraron en 2013 por 3.000 euros la empresa uruguaya Soluciones Andinas de Agua, una sociedad “instrumental” vinculada previamente a otras radicadas en paraísos fiscales, según los informes de la oposición.

La compra. Extensia prestó a Soluciones Andinas e Inassa una cantidad muy cercana a los 21,5 millones de euros, que es lo que le costó comprar la brasileña Emissão. Esos créditos serán muy difíciles de recuperar.

Las pérdidas. En 2013, Extensia calculó para Emissão un valor de 10,2 millones. En 2014, lo bajó a 5,1 millones y en 2015, el Grupo Canal la valoró en negativo por -2,2 millones. En total, los informes estiman un quebranto de 23 millones de euros causado por la operación.

Más información