El Consell asume una deuda tributaria de 666.687 euros de Ciudad de la Luz
La Abogacía de la Generalitat se persona en el caso de los contratos de extinción de fuegos
El pleno del Consell ha acordado este viernes hacer frente a una deuda de 666.687 euros que tenía Ciudad de la Luz con la Agencia Tributaria por el impago del 20% de las retenciones de capital mobiliario correspondientes a 2015, según ha informado la portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra.
El dinero para hacer frente a esta deuda proviene de la ampliación de capital de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), que es el accionista del 100% de Ciudad de la Luz.
Con este pago, el Consell limpia las deudas tributarias del complejo cinematográfico de Alicante, actualmente en proceso de subasta. Esta deuda provenía del impago de retenciones de capital mobiliario que se generaron por los préstamos de la SPTCV concedidos a Ciudad de la Luz.
Oltra ha desvelado que "la losa" de los préstamos a Ciudad de la Luz de la SPTC asciende a "la friolera de 185,3 millones de euros en los últimos diez años, y desde 2006 se han pagado 10,2 millones a la Agencia Tributaria".
La vicepresidenta ha explicado que el dinero para pagar esa deuda se ha cogido de la partida presupuestaria de la SPTCV, para no quitarlo de una que pueda comprometer derechos, como sanidad, educación o servicios sociales.
Para Oltra, esto demuestra una manera de funcionar "caótica" del anterior Consell, "sobreviviendo a base de préstamos" y "acumulando deudas" con la Agencia Estatal Tributaria, como los mil millones de deuda por el impago de las retenciones a los funcionarios de la Generalitat.
La vicepresidenta ha indicado que "llama la atención" que, mientras se estaban haciendo "las pelotas de las deudas", Ciudad de la Luz mantenía a un director que cobraba un salario de 55.000 euros al año, por estar al frente de unos estudios cinematográficos sin actividad.
Personados en la causa del fuego
El Consell ha autorizado a la Abogacía de la Generalitat a personarse en la causa abierta en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sagunto en relación con la contratación, por parte del anterior Gobierno, del servicio de aviones para la vigilancia y extinción de incendios forestales.
Según ha informado la vicepresidenta del Consell en la rueda de prensa posterior al pleno del Ejecutivo, la Generalitat considera conveniente que los representantes procesales de la Generalitat sean parte en este procedimiento y busquen el máximo resarcimiento posible para la Administración autonómica.
En concreto, este proceso investiga los contratos con la empresa Avialsa entre 2004 y 2013, ha explicado Oltra. El Consell ha autorizado a la Abogacía de la Generalitat a ejercitar estas acciones en las diligencias previas del procedimiento abreviado 507/2015, atendiendo al artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Este artículo regula la posibilidad que corresponde a los perjudicados por un delito de personarse en la causa que se instruye y también a la vista de los posibles tipos penales objeto de investigación.
El Gobierno valenciano ha aprobado también el decreto por el que se regula la admisión a los centros docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato de la Comunidad Valenciana.
