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El PP valenciano se lucró con hospitales y centros de salud

Los investigadores creen que la red usó el mismo "sistema" que al construir colegios

El hombre clave de la investigación, Máximo Caturla, tras salir de los juzgados.

Los investigadores creen que la trama vinculada al PP valenciano también se lucró con la construcción de infraestructuras sanitarias y los grandes contratos de hospitales. Los indicios apuntan a que la red aplicó en Sanidad, el departamento de mayor presupuesto del Gobierno valenciano, el mismo presunto “sistema” de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones y desvío de parte de las mismas al partido detectado en otras Administraciones. El hombre clave en esta fase de la investigación es Máximo Caturla, que después dirigió la construcción de colegios

La trama que supuestamente amañó contratos de la Generalitat, la Diputación de Valencia y Ayuntamientos por importes que suman cientos de millones de euros, también alcanzó al área sanitaria, según la tesis de los investigadores. Los indicios apuntan al periodo de 2000 a 2003, cuando se sentaron las bases del nuevo mapa de infraestructuras sanitarias en la comunidad y se adjudicó la mayor de todas, el nuevo hospital La Fe de Valencia, el centro de referencia autonómico que acabó costando más de 330 millones de euros.

El nombre clave en esta parte de la investigación es el de Máximo Caturla, considerado principal “recaudador” de la trama y el que de forma más “sistemática” habría derivado parte de estos ingresos a la caja b del partido. Caturla —que hasta 2015 fue vicepresidente de la Diputación de Valencia— fue detenido en enero y se acogió a su derecho a no declarar. La fiscalía pidió para él prisión provisional, pero el juez lo rechazó y le impuso una fianza de dos millones de euros.

Antes de convertirse, el 29 de agosto de 2003, en consejero delegado de Construcciones e Infraestructuras Educativas Sociedad Anónima (Ciegsa), desde donde según los indicios reunidos por la Guardia Civil y la fiscalía cobró comisiones por la construcción o reforma de 600 colegios e institutos y acumuló sobrecostes de 1.000 millones de euros, Caturla ocupó un cargo crucial en el departamento de salud.

Fue subsecretario para los Recursos de Sanidad. Un “órgano adjudicador” desde el que firmó la construcción de centros de salud, así como numerosos contratos hospitalarios. La compra y alquiler de equipos de hemodiálisis y radiológicos; el mantenimiento de sistemas eléctricos, ascensores y elevadores; la creación de la aplicación informática que centralizó los historiales médicos; el lavado de ropa hospitalaria, el suministro de aparatos quirúrgicos, y otros.

Financiación irregular

Caturla formaba parte del equipo económico de Sanidad cuando en febrero de 2003 se adjudicó el nuevo hospital La Fe a una Unión Temporal de Empresas. Entre ellas figuraba Lubasa, cuyo responsable se sentará en el banquillo de los acusados en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP, en el marco del caso Gürtel, que se celebrará en la Audiencia Nacional.

Fuentes cercanas al caso apuntan que la investigación en este periodo es complicada por el tiempo transcurrido y la posibilidad de que parte de los hechos hayan prescrito. Pero la etapa está siendo investigada.

La Consejería de Sanidad valenciana está rodeada de sospechas. Los cinco consejeros que la dirigieron entre 2000 y 2012 están hoy imputados, procesados o en la cárcel. Caturla fue subsecretario a las órdenes de Serafín Castellano, detenido en mayo de 2015 en la operación contra la llamada trama del Fuego. Castellano fue relevado por Vicente Rambla, que será juzgado por la presunta financiación ilegal del PP. A continuación, fue nombrado consejero de Sanidad Rafael Blasco, ahora en prisión por malversar fondos de la cooperación. Y los dos siguientes titulares de la cartera, Manuel Cervera y Luis Rosado, serán juzgados también en la Audiencia Nacional por amañar supuestamente contratos a favor de la red Gürtel.

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