La expulsión de las clínicas privadas de la red pública hace peligrar 250 empleos

Las consecuencias de la decisión del consejero de Salud, Toni Comín, de expulsar a dos hospitales privados de la red pública (Siscat) empiezan a tomar forma. Comín ha tratado de erigirse como adalid de la sanidad pública con su medida, muy aplaudida por los actores sociales, pero su decisión también ha puesto en jaque a buena parte de la plantilla del Hospital General de Cataluña (HGC) y la Clínica del Vallès, ambos propiedad del grupo empresarial Quironsalud. Fuentes consultadas por este diario aseguran que el plan de Comín comportaría la pérdida de unos 250 puestos de trabajo en los dos hospitales (el 19% de la plantilla). Además, la medida pondría en peligro la continuidad de algunos servicios asistenciales.

El tiempo apremia —el contrato con la Clínica del Vallès termina el 15 de agosto y el del HGC, a final de año— pero, lejos de solucionarse, el conflicto que ha despertado la decisión de Comín empieza a enquistarse. Para empezar, una portavoz de los dos hospitales afectados insiste en que Salud no se ha puesto en contacto con ellos “ni oficial ni extraoficialmente” y que se han enterado de la medida a través de los medios de comunicación. El consejero niega la mayor y asegura que el Departamento ha mantenido contacto con los responsables del grupo y están trabajando para ver cómo se efectuará esta ruptura.

Comín apeló a la “esencia” del modelo sanitario para expulsar el ánimo de lucro de la red hospitalaria pública y prometió que la actividad que ahora realizan estos dos centros será asumida por hospitales públicos. “El concepto es que de la caja pública no se derive ni un euro a los beneficios de empresas privadas”, apuntó el titular de Salud hace unas semanas. Abrir plantas cerradas y dotar de más recursos a los centros públicos para asumir esta actividad es la promesa de Comín. De hecho, el Departamento ya dio el aviso en enero al Parc Taulí de Sabadell, que es el hospital público que más actividad deriva a la Clínica del Vallès, de que se preparase para asumir las 2.600 operaciones y las 1.000 hospitalizaciones que hasta ahora desviaba al centro privado.

Pero la medida del consejero Comín implica consecuencias negativas para la otra parte de la ecuación, los hospitales expulsados. Los médicos del HGC ya lo advirtieron hace 15 días en una misiva dirigida al consejero. “Esta decisión tendrá un efecto directo en nuestra empresa con una pérdida de puestos de trabajo en el hospital”, avisó la Junta Facultativa. En concreto, entre 70 y 80 en la Clínica del Vallès y casi el doble en el HGC. Los empleos en juego afectarían al 19% de los trabajadores de los dos centros. Además de a los sanitarios, la medida perjudicaría muchos puestos indirectos, desde el personal de restauración hasta los equipos de limpieza.

La decisión del consejero implicaría también el cierre de algunos servicios, como el de cirugía cardiaca. Esta unidad vive de los pacientes que derivan los hospitales públicos del entorno. “No hay pacientes privados que vayan a hacerse una intervención de cirugía cardiaca, así que esto tendrá que cerrarse. Esto implica también perder a enfermeros especializados y técnicos con formación específica para esto”, señalan las mismas voces.

Los enfermeros del HGC también enviaron una carta a Comín mostrando su “desacuerdo” con la decisión. Los sanitarios niegan que las derivaciones a su centro “produzcan un sobreesfuerzo económico para el erario público, sino más bien lo contrario”. Por su parte, la sección sindical de CC OO también tachó de “populismo” la medida al asegurar que “no es un tema de ahorro”.