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La UCO investiga si el PP valenciano blanqueó su caja b con lingotes de oro

Los investigadores conectan la red del 3% con una trama del metal precioso caída en 2014

Barberá, Camps y Rus, en un acto del PP en 2010, cuando lideraban el partido en Valencia

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga si la trama del 3% vinculada al PP valenciano blanqueó el dinero negro presuntamente obtenido de mordidas en centenares de contratos públicos utilizando para ello lingotes de oro. Los indicios de que disponen los investigadores muestran una conexión entre la red valenciana y la trama del oro desmantelada en febrero de 2014 con más de un centenar de detenciones, la mayoría en la Comunidad Valenciana.

La empresa de uno de los principales detenidos en aquella operación lanzada hace ahora dos años por la policía y la Agencia Tributaria, Oro Direct, del ciudadano de origen búlgaro Miroslav Schopoff, pasó de facturar 11 millones de euros en 2008 a hacerlo por importe de 1.000 millones en 2012. Los indicios que los investigadores tienen ante sí apuntan a que en esa etapa Schopoff, actualmente imputado en la Audiencia Nacional junto a otras 140 personas por supuesto blanqueo de capitales a gran escala, mantuvo una relación muy estrecha con uno de los presuntos cabecillas de la red del PP valenciano, el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus. La relación habría llegado hasta el punto de que Schopoff acudió a la celebración del segundo matrimonio de la hija de Rus, según las pistas obtenidas por los investigadores.

El exdirigente popular, que no comparece en público desde enero, cuando pasó 72 horas detenido, ha negado haber cometido irregularidades y ha afirmado que su imputación responde a un “montaje”. Este periódico intentó este miércoles sin éxito recabar la versión de Schopoff. El empresario negó en su día haber participado en una trama del oro.

Permiso para trabajar en Alabama

En la sede de una empresa del centro de Valencia de compraventa de oro que sigue a nombre de Miroslav Schopoff en el Registro Mercantil, los encargados, con acento del Este, afirmaron estemartes que el empresario de origen búlgaro ya no es el dueño y que podía hallarse en Estados Unidos. La Audiencia Nacional señaló que el juzgado de Valencia que instruyó inicialmente el caso contra la trama del oro impuso a Schopoff la prohibición de salir de España. Pero en julio pasado la Audiencia Provincial admitió su recurso para poder viajar a Alabama (EE UU) y países europeos por motivos de trabajo.

Desde que perfilaron la envergadura de la red Taula, la UCO y la fiscalía tratan de identificar las vías de blanqueo presuntamente utilizadas para lavar los fondos obtenidos de comisiones cobradas por adjudicaciones de Ayuntamientos, Diputación de Valencia y Administración autonómica. Los indicios apuntan a la existencia de conexiones internacionales, según fuentes cercanas al caso que instruye el Juzgado número 18 de Valencia.

La trama del oro desmantelada en 2014, con 80 detenidos en la Comunidad Valenciana, muestra similitudes con este esquema. Schopoff montó su negocio en 2006, dedicado a la venta de lingotes en España como forma de inversión. El negocio se disparó coincidiendo con la llegada de la crisis al ampliarse a la compra de joyas de particulares, que se desprendían de ellas o las empeñaban. Solo en Valencia, pasó de haber 44 comercios de este tipo en 2010 a 230 en 2012.

Las alhajas eran enviadas por avión a Suiza y fundidas en lingotes. Parte de estos eran distribuidos después en España y otros se exportaban desde Suiza a otros países. El grupo Oro Direct de Schopoff, que según fuentes del caso se movía con guardaespaldas y automóviles blindados, se convirtió en la tercera empresa por ventas en la Comunidad Valenciana por detrás de los supermercados Mercadona y Consum. Un éxito que se vino abajo del todo con la intervención policial.

La policía y Hacienda apuntaron al desmantelar la red que esta pudo aprovechar el auge del oro para emitir facturas falsas de compras por importe de cientos de millones de euros, cuando las adquisiciones eran mucho menores. La diferencia entre la facturación real y la inflada era la cantidad económica en negro que quedaba blanqueada. Un mecanismo que, dijeron, pudo ser utilizado para lavar dinero del sector inmobiliario y del crimen organizado.

Los investigadores de Taula indagan ahora si este canal fue utilizado también por la red del PP valenciano. Y si parte de las comisiones que presuntamente fueron a parar a la caja b del partido y a los cabecillas de la organización acabaron convertidas en lingotes que se fundían en Suiza.

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