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El PP, dividido ante la posible imputación de Barberá por blanqueo

El magistrado Víctor Gómez pide al Senado que confirme la condición de senadora de la exalcaldesa de Valencia

La senadora y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá a la entrada de su casa. MÒNICA TORRES / VÍDEO: ATLAS

El juez que instruye en Valencia la Operación Taula ha iniciado el proceso para que Rita Barberá sea investigada por un presunto delito de blanqueo. El presidente del PP, Mariano Rajoy, declaró el lunes que “no es tan fácil” expulsarla del PP sin saber aún de qué se la acusa. El partido prefiere “esperar” para tomar medidas contra ella, aunque algunos dirigentes no ocultan que les gustaría que dimitiera para dejar de hacer daño a sus siglas. Al ser aforada, la senadora solo puede ser investigada por el Tribunal Supremo. Todos sus antiguos colaboradores detenidos fueron suspendidos de militancia.

El juez Víctor Gómez, que investiga el caso Taula en Valencia, activó el martes el proceso para que la exalcaldesa Rita Barberá, actualmente senadora y por tanto aforada, pueda ser investigada por un presunto delito de blanqueo. Lo hizo al enviar al Senado un escrito en el que pide que confirme su condición de senadora y aforada, paso previo a enviar una exposición razonada al Tribunal Supremo con los indicios reunidos en su contra para que el alto tribunal decida. El vicepresidente primero de la Cámara alta, Pedro Sanz (PP), explicó el martes que habían remitido ese escrito al Supremo, que cuenta con una lista de diputados y senadores. Sanz, en cualquier caso, defendió la presunción de inocencia de Barberá.

El PP no ha decidido aún si la expulsará o suspenderá de militancia si es imputada. Dependerá del dictamen del comité de derechos y garantías del partido, dicen. El portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, marcó el martes la postura con un: “Vamos a esperar” y explicó que si el sumario afecta a Barberá sería partidario de que ella “tome ya medidas”.

El lunes, en una entrevista en 13 TV, Rajoy opinaba sobre el asunto: “Conozco a Barberá hace muchos años. ¿Tengo que expulsarla? No es tan fácil. Tendremos que saber de qué se la acusa”.

Mientras el líder pide a los suyos que no caigan en la “histeria” y afronten con serenidad los escándalos, en el partido crecen las voces que desean más contundencia. En el PP, abrasado por las noticias sobre detenciones y registros, conviven dos corrientes: los que toman decisiones como reforzar el aforamiento de Barberá en la Diputación Permanente del Senado, y los que tienen que explicar a diario esas decisiones y dar la cara por los corruptos.

Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, ha sugerido en más de una ocasión que Barberá debería apartarse para dejar de hacer daño al partido. Y el portavoz popular Pablo Casado le enviaba este recado el lunes: “Hay vida más allá de la política”, dijo. También la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, aseguró que si ella fuera Barberá renunciaría al aforamiento.

Pero la senadora no está por la labor y los populares temen su reacción, más aún después de que Barberá advirtiera en un SMS a la presidenta del PP valenciano: “Cuidado con lo que decís”.
Los estatutos del PP prevén la expulsión ante una condena firme, pero la presión actual ha “volatilizado” este límite, admite un dirigente. El comité de derechos y garantías suspendió de militancia en enero a los afiliados detenidos en Valencia. Con el diputado Gómez de la Serna, el PP aceptó la baja después de que este la solicitara tras abrirle un expediente disciplinario por el supuesto cobro de pagos ilegales de empresas.

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