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La ganadora del concurso renuncia a gestionar las ambulancias de Sanidad

La empresa no entrega el plan de viabilidad que había solicitado la consejería, que ahora pide el mismo informe a la siguiente propuesta

El viceconsejero de Sanidad habla con manifestantes del servicio de ambulancias, concentrados este martes ante la consejería.
El viceconsejero de Sanidad habla con manifestantes del servicio de ambulancias, concentrados este martes ante la consejería.CC OO

La empresa que ganó el concurso para gestionar las ambulancias de la Comunidad de Madrid (Alerta SA) ha renunciado al contrato. Desde hace dos años, el servicio está prorrogado, ya que el contrato de la actual concesionaria (Ferroser) acabó en 2014. El viceconsejero de Sanidad, Manuel Molina, explicó el martes a los trabajadores que Alerta perdía sus derechos porque no había presentado el informe de viabilidad. Su oferta, de 72 millones (10 menos de la cantidad a la que salía la licitación), no cubría siquiera los salarios actuales de los 442 trabajadores que mueven las 96 ambulancias del servicio de las urgencias hospitalarias.

Comisiones Obreras (CC OO) recuerda que el viceconsejero de Sanidad explicó el martes a los trabajadores que la Comunidad de Madrid va a proponer a la empresa que quedó en segundo lugar en el concurso (SAFE-Ferroser, del Grupo Ferrovial) un plan de viabilidad del servicio. Ferroser, que además es la actual adjudicataria, propuso cobrar 77 millones de euros a la Comunidad por gestionar las ambulancias otros cuatro años más. Es decir, ofertó cinco millones de euros más que la propuesta de Alerta SA. El concurso salió con una licitación de partida de 82 millones.

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Los empleados (que gane quien gane el concurso tienen que ser asumidos por la concesionaria) sostienen que tanto la oferta de Ferroser como la de Alerta SA son “insuficientes” para mantener el servicio. Según los cálculos de CC OO, solo la nómina de los 442 profesionales que mueven las ambulancias de urgencias supera actualmente los 76 millones de euros.

Los sindicatos añaden que, además de los salarios, habría que pagar el mantenimiento de los vehículos, su equipamiento, material fungible y carburante para “millones de kilómetros”. Se da la circunstancia que se pide un informe de viabilidad a la misma empresa que actualmente presta el servicio. Ferroser es la gestora desde 2010, cuando la Comunidad de Madrid le adjudicó por cuatro años y 74 millones el concurso. La asistencia contratada terminó en 2014 y, desde entonces, se ha prorrogado, ya que se trata de un servicio de atención primaria y no puede quedar desatendido.

“No vamos a aceptar ningún pliego por debajo de los 82 millones [precio inicial de licitación del concurso]. Esa cantidad es como un termómetro y todo lo que esté por debajo es pasar frío”, explica Alejandra Sobrino, responsable del Área de Transporte Sanitario de CC OO. La sindicalista asevera que los trabajadores quieren “unos pliegos dignos, con una capacidad de acción suficiente para gestionar el servicio de urgencia con garantías”. Asegura que no solo no lo garantiza la oferta de Alerta SA, sino ninguna de las cinco presentadas a este concurso, publicado el 7 de octubre en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (Bocam).

El martes, los sindicatos CSIF, CC OO, USO y FS-TES convocaron una protesta en la sede de la Consejería de Sanidad (el 28 de enero ya habían realizado otra ante la sede de la Asamblea de Madrid), que concentró a más de un centenar de trabajadores.

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El viceconsejero de Sanidad, Manuel Molina, se dirige a los trabajadores del servicio de ambulancias este martes.

El viceconsejero, Manuel Molina, acudió al encuentro de los empleados para informarles en qué punto se encontraba la situación. “Vamos a hacer ahora la resolución de que esa empresa [Alerta SA] decae en su derecho como primera adjudicataria porque no ha presentado la documentación requerida por la Administración”, les dijo. Y añadió: “En este momento comunicamos a Alerta que decaen sus derechos, [y] solicitamos a la siguiente adjudicataria, en los mismos términos, el plan de viabilidad de su propuesta”.

Uno de los manifestantes interrumpió al viceconsejero en su alocución: “Sigue dando lo mismo, hasta los 82 millones es inviable, vosotros lo sabéis”. El número dos de Sanidad le explicó, según se puede escuchar en un vídeo al que ha tenido acceso EL PAÍS, que lo que él hace es transmitir lo que la Administración tiene en su mano de acuerdo con la legislación y lo que han fallado los tribunales. Según Molina, “estos han afirmado que el concurso es viable, que no incumple la ley y, por tanto, instan a seguir con él”.

Diálogo en plena calle

Pero el trabajador no se da por satisfecho y vuelve a dirigirse al viceconsejero explicándole lo que él piensa. “Todo son matemáticas. Es muy sencillo. Vosotros [la consejería] hicisteis una relación de personas subrogables [no pueden ser despedidas y tienen que ser asumidas por la nueva concesionaria]. Sume toda esa gente. Dígame usted si tienen que, además, comprar 96 ambulancias, pagar un renting, millones de kilómetros de gasoil. Todo eso se paga...”. El dirigente de la Consejería de Sanidad le contesta: “Me encanta porque ha hecho usted lo que pedimos, un plan de viabilidad”.

Solo una empresa, de las cinco que se presentaron al concurso, Santa Sofía, con una oferta de 82,8 millones de euros, superó el importe de licitación publicado por la Consejería de Sanidad en el Bocam del 7 de octubre. En el pliego de condiciones se estipulaba que el criterio económico (realizar el servicio al menor coste posible asumiendo a todos los trabajadores) sería el más valorado. Cuando el 12 de enero se abrieron los sobres con las ofertas de las empresas que pujaban, la mejor propuesta (a la baja) resultó ser la de Alerta SA, que ofrecía 72 millones de euros por el servicio, 10 menos del importe de licitación presentado por la consejería.

La Asociación Madrileña de Empresarios de Transporte en Ambulancia (Ametra) y la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias (ANEA) impugnaron la oferta de Alerta SA ante el Tribunal de Contrataciones Públicas de la Comunidad porque, según CC OO, ambos organismos entendían que las condiciones que proponía el concurso eran inviables. Este periódico no consiguió ayer la versión de Sanidad. Ferroser, por su parte, indicó que presentará el informe de viabilidad ya que será muy similar a la oferta que opera actualmente.

Un servicio sanitario de 96 vehículos dispares

El transporte de pacientes con origen o destino a las urgencias hospitalarias está compuesto por 96 ambulancias, número que requiere la consejería a cualquier empresa que desee presentarse al concurso. Servicios como el SAMUR o el Summa no están incluidos y tienen otros gestores.

De ese total, 27 vehículos deberán estar operativos las 24 horas los 365 días del año. Se trata de coches asistenciales (tipo b), en los que van dos técnicos de emergencias cualificados y personal médico (un galeno y un enfermero). Son furgonetas altas en las que queda suficiente espacio en la parte de atrás para atender al paciente si fuese necesario.

Otras 43 ambulancias, convencionales no asistenciales, llevan un solo técnico, que hace de conductor. El espacio en la parte trasera del vehículo es insuficiente para atender a los pacientes.

Lo mismo que en las otras 26 ambulancias que llevan dos técnicos, pero que no dejan de ser convencionales. Uno conduce y otro acompaña al paciente en la parte de atrás. “En esos coches solo se pueden hacer labores de vigilancia; es un servicio de cortesía”, subraya Alejandra Sobrino, de CC OO. La sindicalista se queja de que el servicio, tal y como está diseñado ahora, no es efectivo. “En muchas ocasiones, lo único que hacemos es de taxi”.

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