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El obelisco franquista derribado estaba protegido por Patrimonio

El Gobierno regional abre una investigación al Ayuntamiento y este replica que los vestigios son de "titularidad municipal"

Monumento a José Calvo Sotelo, en la plaza de Castilla. Luis Sevillano / ATLAS

El Gobierno de Cristina Cifuentes (PP) anunció este lunes que abría una investigación previa (que pueden derivar en expediente sancionador) al Ayuntamiento por derribar un monumento (el obelisco al Alférez Provisional, próximo al Casón del Buen Retiro) porque estaba protegido al estar en el eje Prado-Recoletos (declarado Bien de Interés Cultural), además, de por la Ley de Patrimonio al hallarse junto a un edificio catalogado. El expediente puede desembocar en denuncia ante la fiscalía. El Ayuntamiento responde que los vestigios, como son de “titularidad municipal”, los puede retirar y que no están protegidos.

Según la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid que dirige Paloma Sobrini, la ley “recoge que son las comunidades autónomas las que tienen la competencia en materia de patrimonio histórico”, lo que se plasma en la normativa regional y en el Estatuto de Autonomía. Por ello, según el Gobierno de Cifuentes, “cualquier actuación que afecte al patrimonio histórico debe consultarse con la dirección general, que podrá someter el asunto a la consulta de la Comisión local de Patrimonio Histórico”, donde se hallan representados Ayuntamiento y Comunidad.

“Si el elemento”, dice el departamento de Sobrini, “se encuentra en el entorno de un edificio catalogado, aunque no se vaya a intervenir en el edificio, es preceptiva la consulta a la dirección general”. Como consecuencia de ello, Patrimonio abrirá diligencias previas, lo que puede desembocar en un expediente sancionador y en una denuncia ante la fiscalía.

Además, la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, calificó ayer de “intolerable” que el Ayuntamiento que encabeza Manuela Carmena retirase el monumento en recuerdo al fusilamiento de ocho monjes carmelitas en el cementerio parroquial de Carabanchel Bajo de Madrid. De hecho, ayer el padre Alberto, párroco de la iglesia de San Sebastián Mártir, donde se hallaba la placa dedicada a los carmelitas, manifestó que se enteró de su retirada porque un trabajador del cementerio “descubrió a unos operarios municipales subiéndola a una furgoneta”. “Lo hicieron sin consentimiento ni conocimiento. No sé si la ley obligaba a quitarla, pero creo que lo mínimo es comunicármelo”, indicó el sacerdote. Este anunció que iba a empezar a hacer “gestiones” para ver qué se puede hacer para recuperar el rótulo, aunque no quiso comentar si emprenderá acciones legales, ya que considera que es propiedad de la iglesia.

Por su parte, la concejal socialista Mar Espinar sostuvo ayer que “las cosas no se hacen así”. “La Ley de Memoria Histórica no obliga a eliminar todo lo relacionado con el franquismo. De seguir por este camino quitan las casas o el templo de Debod”, bromeó. Espinar insiste en que la oposición no tenía datos sobre los hitos que se van a eliminar. “No vale que digan que la concejal de Cultura [Celia Mayer, de Ahora Madrid] ya lo anunció en el pleno porque no es verdad. Nunca se comentó nada de la placa de los carmelitas o del monumento a José Calvo Sotelo. Además, nunca hemos votado la eliminación de los vestigios franquistas sin conocerlos y debatirlos previamente en la Comisión de Cultura”, concluyó.

Sofía Miranda, portavoz de Cultura de Ciudadanos, aseguró “no entender a qué viene todo esto que está haciendo el Ayuntamiento, sin comunicárselo al resto de partidos”. “Las leyes están para cumplirlas. Nunca hemos aprobado retirar estos monumentos en un pleno como dice Mayer. Lo que se acordó fue que se elaborase un Plan Integral de Memoria Histórica y que en la Comisión de Cultura y en Junta de Gobierno se tomase la decisión”.

Miranda se pregunta, además, para qué se ha contratado a la cátedra universitaria [el Ayuntamiento pagó 17.999 euros por su informe aún no desvelado], si “ahora resulta que, según Mayer, retiran los monumentos porque hay un informe de Patrimonio de 2013 de los técnicos municipales que lo justifica”. “Nada tiene sentido”, concluye la edil.

Denuncia del PP

Por su parte, el portavoz adjunto del Partido Popular municipal, Íñigo Henríquez de Luna, presentará hoy una denuncia ante los juzgados “contra la decisión arbitraria” de quitar monumentos ajenos al régimen franquista. En su denuncia, el PP recoge, entre otras, “quitar las placas a José Calvo Sotelo, líder de la oposición en 1936 y asesinado por los escoltas del ministro Indalecio Prieto antes del inicio de la Guerra Civil”.

El Ayuntamiento reconoció el lunes a EL PAÍS que iba a retirar dos placas dedicadas a Calvo Sotelo, una situada en la calle de Velázquez y otra en el monumento que el político asesinado tiene en la plaza de Castilla. Sin embargo, este conjunto escultórico carece de rótulos conmemorativos independientes. Solo hay una inscripción grabada en piedra en la base del monumento donde solo se lee: “España a Calvo Sotelo”.

Un "error" devuelve la placa a los carmelitas

El Ayuntamiento repondrá en breve la placa de homenaje a ocho beatos carmelitas fusilados que retiró el viernes del cementerio de Carabanchel Bajo tras asumir que había sido un “error interno”. Fuentes locales indicaron anoche que la Corporación ha tomado esta decisión tras una reunión del equipo jurídico municipal, que ha llegado a la conclusión de que la placa no incumple la Ley de Memoria Histórica.

De hecho, no figuraba en la relación de elementos que iban a ser retirados y que facilitó en un pleno de diciembre la delegada de Cultura, Celia Mayer. La edil anunció que se retirarían, por su vinculación al franquismo (aunque el pleno no votó este listado), la lápida a José García Vara, el monumento al Alférez Provisional, la lápida a los Caídos de Chamartín de la Rosa, los mártires de la Sacramental de San Isidro y la placa de los hermanos Falcó.

La decisión de devolver la placa a su lugar original se produjo solo dos horas después de que Celia Mayer, defendiera la legalidad de retirar todo por ser de “titularidad municipal”.

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