Admitida a trámite una demanda por el callejero franquista de la capital

En una de las zonas más exclusivas de Madrid, y separando dos puntos simbólicos de la capital como son las Torres Kio y la estación de Chamartín, se abre paso la calle de Agustín de Foxá. Es una de las 186 vías que el abogado Eduardo Ranz incluye, junto a siete espacios públicos, seis centros educativos y una placa, en la demanda en la que exige al Ayuntamiento la retirada de estos nombres que "exaltan la guerra civil y la dictadura" y que este lunes el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 16 de Madrid ha admitido a trámite.

Ranz presentó el escrito al considerar que estos espacios públicos mantienen una nomenclatura "exaltadora" de le época que precede a la democracia. Antes de acudir a los tribunales, el letrado ya advirtió en varias ocasiones al Ayuntamiento, que ignoró las peticiones de aplicación de la Ley de Memoria Histórica. La última de esas reclamaciones fue registrada en julio de 2015, tras el cambio de gobierno municipal, indica Efe.

La admisión a trámite de esta denuncia añade un episodio más a la polémica del callejero franquista de Madrid. Ahora Madrid y PSOE pactaron el pasado 25 de noviembre llevar al pleno una moción que abogaba por elaborar “un plan integral” para aplicar la Ley de Memoria Histórica. La portavoz del gobierno municipal, Rita Maestre, llegó a firmar el acuerdo, pero finalmente Ahora Madrid se retractó en el último minuto y decidió retirar el texto, a pesar de estar de acuerdo con él. "Hemos estado reflexionando que este tema merece debatirse en un pleno extraordinario, es un debate de calado que debe implicar a todos los grupos políticos”, señaló Maestre a modo de justificación tras la votación.

"La denuncia de Ranz no tiene demasiado recorrido, se ha presentado en otros sitios y no ha llegado lejos. La Ley de Memoria Histórica es una ley que hay que cumplir, pero como no se hizo reglamento, los Ayuntamientos no tienen obligatoriedad para aplicarla. Es una ley que existe, pero no obliga, porque no plantea ninguna sanción para el Consistorio que no cumpla la ley. Al final retirar estos símbolos es una decisión política", recalca Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria.

Peinado constata que el gobierno municipal tiene la voluntad de cambiar la nomenclatura franquista a los espacios públicos de Madrid. Su organización se ha reunido con miembros del Ejecutivo local en tres ocasiones para conocer el proyecto de Ahora Madrid en este asunto. La primera vez, con Mauricio Valiente, tercer teniente de alcalde, justo después del pleno en el que la coalición de izquierdas retirara a última hora el apoyo a la moción socialista de eliminar nombres franquistas del callejero de la capital. Días más tardes se vieron con la alcaldesa, Manuela Carmena. Sin embargo, la más fructífera de todas ha sido la tercera reunión, la semana pasada, con Celia Mayer, concejal de Cultura.

"En la reunión con Mayer se han concretado propuestas. En principio, se ha hablado de cambiar 30 calles. También se va a desarrollar un proyecto que se llevará a cabo durante la legislatura", explica Peinado sobre la retirada de nombres franquistas. Ese plan ya se está elaborando por la concejalía de Cultura de Madrid, en coordinación con la Cátedra de Memoria Histórica del Siglo XX de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que preside la profesora Mirta Núñez. El día 22 de diciembre se celebrará un pleno donde Ahora Madrid va a presentar sus primeras medidas y el Foro de la Memoria y otras organizaciones están invitadas a asistir.

Sobre la demanda de Eduardo Ranz, Peinado manifiesta que será un revulsivo para el proceso, ya que además de la retirada inmediata de la simbología franquista, se reclama elaborar un catálogo de vestigios relativos a la guerra civil y a la dictadura. El letrado que ha conseguido que un juzgado admita su petición, además, es el mismo que el pasado febrero denunció a 38 alcaldes por incumplir la Ley de Memoria Histórica. Entre los cargos públicos contra los que se querelló se encontraban Ana Botella (PP) y Xavier Trías (CiU), alcaldes de Madrid y Barcelona, respectivamente.