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Mas deja en el aire el consorcio de Lleida a la espera de las alegaciones

El presidente evita desautorizar a Boi Ruiz y asegura que “está actuando correctamente”

El consejero de Salud, Boi Ruiz, en el Parlament.
El consejero de Salud, Boi Ruiz, en el Parlament.

Los frentes que tiene abiertos el consejero de Salud, Boi Ruiz, en cuanto a su gestión y la situación de la sanidad catalana —la creación de un consorcio sanitario en Lleida, el proyecto VISC+ de venta de datos clínicos anónimos y el ejercicio de actividad privada en hospitales públicos— coparon ayer buena parte de la sesión de control al Gobierno catalán. Apenas una semana después de que la oposición en bloque (excepto ERC y la diputada no adscrita Marina Geli) plantase al consejero en la comisión de Salud por “incumplir” los mandatos del ParlamentRuiz puso en marcha un proceso de exposición pública sobre el consorcio de Lleida pese a una moción parlamentaria que obligaba a frenarlo—, el presidente Artur Mas salió al rescate del consejero de Salud y aseguró que Ruiz “está actuando correctamente”.

Mas evitó desautorizar al consejero pero rebajó la tensión sobre la unificación de la sanidad leridana en un consorcio y emplazó a la oposición a discutir la puesta en marcha o no del proyecto una vez se acabe el periodo de alegaciones que se ha abierto con el proceso de tramitación pública. “Antes de aplicar la ley, queremos conocer la opinión de la gente del territorio. Y cuando la conozcamos, evaluaremos el balance de esta opinión. Y lo volveremos a hablar”, le espetó Mas a la diputada de la CUP, Isabel Vallet. Los republicanos, que fueron los últimos en posicionarse en contra del consorcio, también rebatieron este argumento: “La información pública no es para conocer la opinión de la gente, es un trámite indispensable para aprobar los estatutos”, apuntó la diputada Alba Vergès.

El gobierno no ha aplicado de forma inmediata, como exigía la oposición, la orden del Parlament de frenar el consorcio, pero tanto Mas como Ruiz aseguraron que ello no implica de facto la puesta en marcha del proyecto. “No confundamos poner en marcha el consorcio con hacer una tramitación pública para conocer la opinión de la gente. Luego retomaremos el debate en el Parlament sobre la decisión de frenar o no el consorcio y en la fecha que toque. Vendremos una vez haya acabado todo el proceso. Pero no digan que no cumplimos las mociones porque precisamente estamos cumpliendo otra moción aprobada en el debate de política general sobre esto”, aclaró el consejero. El presidente también mandó un aviso a la oposición: “Estamos en un trámite de información pública. Veremos qué sale. Yo también les pido que cuando esté acabado este trámite, lean ustedes los resultados, porque puede que les sorprendan y puede que tengan que cambiar el discurso”.

Los grupos parlamentarios también aprovecharon el pleno del Parlament para volver a exigir a Salud que frenen el proyecto de venta de datos sanitarios anónimos, que sigue en marcha pese a que existe otra moción de la Cámara que obliga a paralizarlo. Varios diputados han profundizado además sobre la actividad privada que se hace en los hospitales públicos, en concreto, el conflicto abierto con Barnaclínic, el brazo privado del hospital Clínic, de titularidad pública. La clínica privada, que emplea profesionales e instalaciones del centro público, ha sido denunciada por ACES, la patronal de los hospitales privados, por “competencia desleal” y tiene un expediente abierto por la Inspección de Salud. “Barnaclínic es el mejor ejemplo del chiringuito que hace negocio con la sanidad pública y esto es inadmisible”, protestó Eva García (PP).

El consejero insistió en que el gobierno “está cumpliendo las resoluciones del Parlament” y tildó de “apreciaciones catastrofistas” la visión de la oposición sobre la sanidad catalana y sus sospechas sobre la intención de Salud de desmembrar y privatizar el Instituto Catalán de la Salud (ICS).