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Fragmentación de la sanidad

El Parlament exige que se frene el consorcio sanitario de Lleida

ERC cambia de postura y rechaza unificar en un ente único la sanidad de la provincia

Protesta contra los recortes en el Arnau de Vilanova en 2014. Ampliar foto
Protesta contra los recortes en el Arnau de Vilanova en 2014.

Nuevo revés para el controvertido plan del departamento de Salud de crear un consorcio sanitario en Lleida para unificar en un único ente toda la sanidad pública de la provincia —hasta ahora en manos de dos empresas públicas, el Instituto Catalán de la Salud (ICS) y Gestión de Servicios Sanitarios (GSS)—. Después de las multitudinarias mareas blancas que recorrieron las calles de Lleida contra la puesta en marcha del consorcio —usuarios, sindicatos y partidos políticos llevan más de un año alertando de que el nuevo ente permitirá la entrada a capital privado y favorecerá la desintegración del ICS—, ha sido ahora el Parlament catalán el que ha manifestado su rechazo a la creación del consorcio y, a través de una moción parlamentaria, ha exigido al consejero de Salud, Boi Ruiz, que frene el proyecto.

La moción, presentada por la diputada de ICV Marta Ribas, ha salido adelante después de que ERC haya cambiado su postura con respecto a la creación del nuevo ente. La formación republicana, que nunca había rechazado explícitamente el nuevo consorcio, ni había participado públicamente en las protestas, ha comenzado a posicionarse en contra del nuevo ente en los últimos días, alegando que ya hace un año que pidió al ejecutivo catalán garantías de que el consorcio sería público y contaría con el apoyo ciudadano.

"Si no hay garantías de que el consorcio sanitario de Lleida es realmente público y de acceso universal, si no hay voluntad de transparencia, si la gestión de dinero y recursos públicos pueden escapar del control público, este consorcio no tendría que existir", expresó el lunes el alcaldable de ERC en Lleida, Carles Vega, a través de una carta dirigida a los medios recogida por Europa Press.

La diputada republicana, Alba Verges, ha insistido este mediodía en que ya ha pasado un año desde que sacaron una moción en la que pedían garantías al Gobierno catalán y no se han conseguido. “Hemos constatado en el territorio que la participación ciudadana no ha sido muy efectiva y hay que frenar el proyecto porque no ha empezado bien y no se puede sacar adelante un cambio tan sustancial como este si no empieza bien”, ha apuntado. La Marea Blanca de Lleida ha recogido más de 38.000 firmas en contra del consorcio.

La moción ha sido aprobada por todos los grupos excepto CíU, que ha votado en contra, y el PPC y la diputada no adscrita Marina Geli, que se han abstenido. El texto critica que no se hubiese cumplido la moción presentada hace un año por ERC. En ella se exigía que se presentase al Parlament una planificación del trabajo y los calendarios, garantías sobre el control económico y financiero y los estudios sobre las diferentes opciones posibles, aparte del consorcio, para unificar los centros sanitarios del territorio —incluida la posibilidad de integrarlos todos dentro del ICS—.

Pese a las reticencias mostradas en la cámara de que Salud finalmente cumpla con la orden del Parlament de frenar la creación del consorcio, la diputada republicana ha asegurado que espera que Ruiz responda a las demandas de los grupos parlamentarios y paralice el proyecto.

Por su parte, el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) ha enviado un comunicado informando de que se abrirá un proceso de exposición pública en el que cualquier persona podrá presentar sus dudas y sus alegaciones al proyecto del consorcio sanitario de Lleida. "A partir del  resultado del proceso de información pública se valorarán las alegaciones y se trasladará, de nuevo, a las fuerzas parlamentarias para que tengan conocimiento y se puedan tomar las decisiones más adecuadas",  ha manifestado el CatSalut. 

Al hilo de lo ocurrido con Lleida, el Parlament también ha aprovechado para aprobar que se revise el proyecto CIMS, que supone la alianza estratégica entre el hospital Josep Trueta de Girona (perteneciente al ICS) y el Instituto de Asistencia Sanitaria (IAS). Usuarios y trabajadores de la zona ya se han manifestado en contra del proyecto y han denunciado la opacidad de esta alianza que, consideran, irá en detrimento del sistema sanitario público.