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EU: “El Plan Rabassa buscaba saciar los intereses del bipartidismo”

La formación sospecha que Castedo actuó para beneficiar a Ortiz en el proyecto urbanístico

El concejal Miguel Ángel Pavón y la diputada de EU, Esther López, en la rueda de prensa.

El último informe policial sobre la tramitación del Plan Rabassa demuestra, según Esquerra Unida, que el macroproyecto urbanístico de Enrique Ortiz pretendía saciar "los intereses del bipartidismo" en Alicante, según ha dicho el concejal Miguel Ángel Pavón. Ya que tanto políticos del PP, especialmente la alcaldesa, Sonia Castedo, como del PSPV, como el exportavoz municipal Blas Bernal o Ángel Franco, histórico dirigente socialista, aparecen en decenas de conversaciones comprometidas con el constructor.

Esquerra Unida ha convocado este jueves una rueda de prensa para dejar claro que han sido "los únicos y los primeros" en mantener una batalla judicial contra la corrupción en Alicante, y que toda la investigación surge gracias a una denuncia que presentaron hace dos años.

Los representantes de la formación se han mostrado especialmente molestos con el secretario local del PSPV, Gabriel Echávarri, que el miércoles llegó a pedir prisión provisional para Castedo por su doble imputación en Rabassa. "Es la fe de los conversos", ha dicho el abogado José Luis Romero que ha explicado que los tres supuestos para que un juez decrete prisión en el caso de Castedo "difícilmente" se dan por lo que considera que la petición del líder del PSPV "carece de rigor".

Romero ha recordado que la alarma social dejó de ser requisito para meter a alguien en la cárcel hace años, la destrucción de pruebas plantearla ahora es "aventurado" e impedir que vuelva a delinquir parece difícil. "No creemos que la alcaldesa se atreva a repetir los mismos negocios con Ortiz ahora", ha dicho el abogado.

El Plan Rabassa, aprobado por el PP y PSPV en el pleno del Ayuntamiento, contó con el rechazo de EU. Ahora el juez llama a declarar a Castedo y a Ortiz como imputados por los supuestos delitos prevaricación y tráfico de influencias.

El concejal Miguel Ángel Pavón concluye que del contenido de los informes policiales es "evidente" que la tramitación del Plan Rabassa "impulsó los intereses particulares de Ortiz" que "marcaba los tiempos y las directrices que debía seguir Castedo" y en realidad esconde un "supuesto pelotazo" con la instalación de Ikea.

Por último, la diputada de EU en las Cortes Valencianas, Esther López, anuncia que entregarán una copia del informe policial al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y a la consejera de Infraestructuras, Isabel Bonig, para que conozcan su contenido y "actúen en consecuencia" apartando de la política a Castedo y suspendiendo la tramitación del ATE (Actuación Territorial Estratégica) de Rabassa.

En el pleno del Ayuntamiento de Alicante, EU presentará una moción, otra vez, exigiendo la dimisión de Castedo ya que la situación es "insostenible, inaguantable e insoportable" por el "hedor a corrupción" y la situación actual de parálisis en el Grupo del PP y del Ayuntamiento.

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