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El PP califica de “inaguantable” la continuidad de Castedo en la alcaldía

La regidora acumula dos imputaciones relacionadas con el urbanismo

El constructor Enrique Ortiz y la alcaldesa Sonia Castedo, celebran el ascenso del Hércules a Primera en 2010. Ampliar foto
El constructor Enrique Ortiz y la alcaldesa Sonia Castedo, celebran el ascenso del Hércules a Primera en 2010.

El PP aumenta la presión contra Sonia Castedo para que deje de ser la alcaldesa de Alicante. Su doble imputación en el caso Brugal,una por la tramitación del PGOU y otra por el Plan Rabassa, complica su futuro político. El problema es la salida y su sustitución.

En la dirección del PP confían en que Castedo dimita antes de agotar mandato porque su situación es “inaguantable”. Si eso ocurriera, algo a lo que ella no está dispuesta, se baraja que el concejal Miguel Valor, el más veterano, asumiera la vara de mando hasta que el PP eligiera a un candidato para las próximas municipales. Según varias fuentes consultadas, en el actual equipo “hay pocos candidatos”, ya que el vicealcalde, Andrés Llorens o el concejal Juan Seva están imputados en otros casos judiciales. De esta manera, se podrían lanzar otras candidaturas como la de la consejera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, o la diputada Macarena Montesinos.

El partido reclama la dimisión de la edil y que Valor asuma la alcaldía

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, instó a Castedo a “valorar lo que su acta significa tras su imputación” y pidió a los cargos del PP “transparencia en un momento en el que hay una desafección importante”. Fabra reiteró su compromiso de excluir a los imputados por corrupción de las listas, algo que también repitió la secretaria general del PP, Isabel Bonig, y el presidente provincial, José Ciscar. La alcaldesa optó por guardar silencio. Y la oposición exigió una vez más su dimisión, e incluso el PSPV se atrevió a pedir prisión cautelar.

Y es que Castedo lejos de quitarse causas judiciales de encima, suma una nueva. El juez que instruye la denuncia presentada por Esquerra Unida observa supuesta prevaricación y tráfico de influencias en la tramitación del Plan Rabassa a favor del constructor Enrique Ortiz.

La regidora declarará como imputada en el Juzgado de Instrucción número 6 de Alicante el próximo 27 de noviembre. El Plan Rabassa es el centro de una de la veintena de causas en las que se dividió el caso Brugal, una macroinvestigación en la que también está imputada Castedo por supuestos amaños en la tramitación del PGOU (Plan general de Alicante), sumario que instruye otro juzgado. En Rabassa también están imputados el constructor Enrique Ortiz y cuatro técnicos.

Ortiz y cuatro técnicos también declararán como imputados

El juez, Juan Carlos Cerón, ha esperado a tener en su poder el informe policial completo para abrir una primera ronda de declaraciones que abrirá Ortiz el 27 de octubre, según informó el Tribunal Superior de Justicia.

El PP y PSOE acordaron dar a Ortiz, la macrourbanización de Rabassa (13.500 viviendas) en un pleno celebrado el 26 de abril de 2005. Solo EU votó en contra en aquel pleno.

Del contenido del informe policial, según Cerón, se desprende que el Ayuntamiento pudo dar un trato de favor al constructor Ortiz durante la tramitación del Plan Rabassa, cuya ejecución fue suspendida por el Tribunal Superior de Justicia desde el 9 de diciembre de 2009. Pese a la suspensión del plan, el Ayuntamiento de Alicante continuó con su tramitación: en el pleno de 29 de enero de 2010 aprobó someter a exposición pública el convenio entre el Ayuntamiento y las mercantiles Viviendas Sociales del Mediterráneo, SL, e Ikea Ibérica SAU para implantar un centro comercial. Este hecho, supuestamente favorecería a Ortiz, quien tenía un contrato millonario firmado con IKEA para que la mercantil sueca se pudiera instalar en Alicante.

Cerón ha imputado además a cuatro técnicos, dos del Ayuntamiento y dos del Ministerio de Fomento: la responsable jurídica del área de Urbanismo, Isabel Campos, y Enrique Sanus, actual gerente del patronato de Urbanismo. Y el exdirector de la Unidad de Carreteras en Alicante, Enrique Peiró, y al exdirector general de Carreteras, Francisco Javier Criado, ambos dependientes del ministerio cuando gobernaba el PSOE. El magistrado pregunta también al fiscal si debe llamar como imputados al exalcalde Luis Díaz Alperi y a la secretaria autonómica de Territorio, María Ángeles Ureña.

El contrato con Ikea, la hoja de ruta de Ortiz

El informe policial sobre el supuesto amaño del Plan Rabassa realizado desde el Ayuntamiento y en favor del empresario Enrique Ortiz ha sido la guinda que ha revuelto una instrucción que estaba parada.

Las más de 800 páginas del documento elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) ofrecen “nuevos hallazgos” respecto a los informes previos elaborados por la misma unidad en los que se observa la connivencia entre el promotor y varios políticos del Ayuntamiento de Alicante, tanto del Partido Popular como del PSPV, para saciar sus intereses.

La UDEF interpreta y contextualiza las miles de llamadas hechas por el empresario, también el máximo contratista del Consistorio. La Policía cree que Ortiz intentó por todos los medios y a través de presiones a funcionarios que el Plan Rabassa, donde preveía construir más de 13.000 viviendas, saliera adelante como él quería, instalando además a Ikea en esta zona de la ciudad.

El informe incluye los distintos contratos firmados entre Ortiz y la multinacional sueca, así como las obligaciones adquiridas por el promotor al vender a Ikea unos terrenos que requerían del visto bueno administrativo para que se instalara allí. Para la Policía, esas obligaciones constituyen “una auténtica hoja de ruta para Enrique Tomás Ortiz y sirven para comprender la maraña de contactos y gestiones posteriores para resolver a favor suyo y de la multinacional Ikea, el compromiso legal adquirido y desvelado en este informe”.

En el contrato firmado, Ortiz se compromete a “impulsar” las iniciativas “precisas hasta obtener la autorización definitiva mediante resolución firme, por las administraciones competentes”. Ikea incluso pone fechas a cuándo deben aprobarse por parte del Ayuntamiento y otras Administraciones convenios, informes urbanísticos y proyectos. El incumplimiento del contrato, según los documentos incautados por la Policía en el despacho de Ortiz, faculta a Ikea a, por ejemplo, penalizar con 15.000 euros diarios por día de retraso en la puesta en marcha del proyecto de los suecos.

“Yo estoy enganchado con los de Ikea porque como les vendí una parcela y me dieron un dinero a cuenta, si anulo la operación les tengo que devolver el dinero”, le dice Ortiz a un especialista en centros comerciales en las escuchas. “He conseguido del Ayuntamiento que en vez de 62.000 el centro puede ser de 75.0000, 80.000 metros. Siempre te hablo de techo”, comenta al especialista sobre diversas modificaciones urbanísticas.

Según el informe, “se hace necesario resaltar que sin la venia del Ayuntamiento a través de Sonia Castedo, ante las exigencias de la multinacional bajo la intermediación del empresario investigado, no se hubiera firmado el contrato”. Es decir, si Ortiz no hubiera tenido el apoyo de Castedo —concejal de Urbanismo entonces y luego alcaldesa— nunca hubiera firmado con Ikea.

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