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El juez imputa a la alcaldesa de Alicante también por el plan Rabassa

Sonia Castedo, del PP, suma una segunda imputación relacionada con el urbanismo y el 'caso Brugal'

Sonia Castedo y el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra en las pasadas fiestas de Fogueres.
Sonia Castedo y el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra en las pasadas fiestas de Fogueres.

El futuro judicial de la alcaldesa de Alicante se complica y su carrera política todavía más. Sonia Castedo lejos de quitarse causas judiciales de encima, suma ahora una nueva imputación. El juez que instruye la denuncia presentada por Esquerra Unida ha visto una supuesta prevaricación y tráfico de influencias en la tramitación del Plan Rabassa en favor del constructor Enrique Ortiz.

La regidora ha sido llamada a declarar en el Juzgado de Instrucción número 6 de Alicante el próximo 27 de noviembre a las 10 horas, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). El Plan Rabassa es el centro de una de la veintena de causas en las que se dividió el caso Brugal, una macroinvestigación en la que también está imputada Castedo por supuestos amaños en la tramitación del PGOU (Plan general de Alicante), sumario que instruye otro juzgado.

También están imputados el constructor Enrique Ortiz y cuatro técnicos 

Juan Carlos Cerón, el juez del caso Rabassa, ha esperado a tener en su poder el informe policial completo para abrir una primera ronda de declaraciones. Y cita como imputados, según confirmación del TSJCV, además de a la alcaldesa al empresario Enrique Ortiz, que abrirá la tanda de declaraciones el 27 de octubre. El PP y PSOE acordaron dar a Ortiz, el mayor contratista del Consistorio, la macrourbanización prevista para la zona de Rabassa (13.500 viviendas) en un pleno celebrado el 26 de abril de 2005. Solo EU votó en contra en aquel pleno.

Del contenido del informe policial, dice Cerón en su auto, se desprende que el Ayuntamiento pudo dar un trato de favor al constructor Ortiz durante la tramitación del Plan Parcial Rabassa, cuya ejecución fue suspendida por el Tribunal Superior de Justicia desde el 9 de diciembre de 2009.

Pese a la suspensión del plan, el Ayuntamiento de Alicante continúa con su tramitación: en el pleno de 29 de enero de 2010 aprueba someter a exposición pública el proyecto de convenio entre el Ayuntamiento y las mercantiles Viviendas Sociales del Mediterráneo SL. E Ike Ibérica SAU para regular las condiciones de implantación de un centro comercial en el sector Lagunas de Rabasa. Este hecho, supuestamente favorecería a Ortiz, quien tenía un contrato millonario firmado con IKEA para que la mercantil sueca se pudiera instalar en Alicante.

“En el informe policial”, se apunta en el auto, “existen indicios de que esta actuación pudo realizarse para beneficiar los intereses de empresario de Enrique Tomás Ortiz Selfa”.

Cuatro técnicos imputados

Cerón ha imputado además a cuatro técnicos, dos del Ayuntamiento y dos del Ministerio de Fomento: la responsable jurídica del área de Urbanismo, Isabel Campos, y Enrique Sanus, actual gerente del patronato de Urbanismo. Los técnicos del ministerio citados son el exdirector de la Unidad de Carreteras en Alicante, Enrique Peiró, y al exdirector general de Carreteras, Francisco Javier Criado, ambos dependientes de la administración central cuando gobernaba el PSOE. Los técnicos municipales están llamados a declarar el día 28 y los de Fomento el día 29.

El magistrado ha preguntado también al fiscal si debe llamar como imputados al exalcalde Luis Díaz Alperi y a la secretaria autonómica de Territorio, María Ángeles Ureña.

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