El juez cierra la investigación de Emarsa y estima en 23 millones el fraude
El magistrado deja al borde del banquillo a 25 personas por el hundimiento de la depuradora Varios cargos públicos imputados convirtieron la planta en destino para recomendados del PP
El magistrado Vicente Ríos ha cerrado este miércoles la instrucción del caso Emarsa, uno de los mayores escándalos de corrupción que han sacudido Valencia en los últimos años. El juez ha estimado en 23 millones de euros el macrofraude y ha dejado al borde del banquillo a 25 personas, entre ellas varios antiguos cargos públicos.
El principal responsable fue presuntamente Enrique Crespo, que presidía Emarsa a la vez que era alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia. Y, por debajo de él, el gerente de la planta Esteban Cuesta, que ocupaba un cargo local en el PP de Valencia y era aficionado a coleccionar lingotes de oro.
Los responsables de depurar el caudal de las cloacas de Valencia antes de soltarla al mar se apropiaron masivamente de fondos públicos, según la investigación, que se repartían mensualmente en cajas de cartón o utilizando tarjetas de crédito como si fueran productos fungibles. Pero, además, los directivos cargaron a Emarsa la compra de joyas, bolsos, relojes y bolígrafos de lujo. Viajaron por medio mundo con sus familias, alojándose en hoteles de cuatro y cinco estrellas y pasando la factura a la depuradora. Disfrutaron del mismo tipo de establecimientos, dentro de España, acompañados de teóricas traductoras rumanas. Y se gastaron cientos de miles de euros en comidas y cenas en marisquerías y asadores por cuenta de la empresa pública.
La voladura controlada que le estalló al PP de Valencia
El PP valenciano, que controló la Entidad Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima (Emarsa) desde los años noventa a través de una asamblea metropolitana, intentó una voladura controlada de Emarsa antes de que estallara el escándalo, en el año 2010.
Los responsables de la planta, con su presidente y ahora imputado por múltiples delitos Enrique Crespo, ex número dos de la Diputación de Valencia, a la cabeza, decidieron liquidarla al encontrarse en una insostenible situación patrimonial. El proceso de liquidación reveló que la depuradora, una de las mayores de España, presentaba un agujero de 17 millones de euros.
Crespo reaccionó a los movimientos de la oposición socialista, que llevó las sospechas a la fiscalía, denunciando los hechos en el juzgado. En cuanto el juez Vicente Ríos inició las pesquisas aparecieron, sin embargo, toda clase de gastos impropios cargados a la sociedad pública. Y poco después el denunciante pasó a figurar entre los imputados.
El diputado socialista Ramón Marí, que dio inicio a las pesquisas de la fiscalía ha reclamado que el "macrosaqueo" tenga "una contundente y rápida respuesta judicial y política".
El juez imputa a Crespo otro delito en una pieza separada. El presunto intento del exalcalde de Manises de ocultar que había obtenido un premio de 22,7 millones de euros en la Lotería de Navidad, repartiendo décimos entre su familia, para evitar que le fueran embargados.
Los jefes de Emarsa hacían también regularmente, según varios testimonios, regalos a otros cargos públicos que tenían indirectamente poder sobre la depuradora, como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
Y convirtieron la planta ubicada entre la ciudad de Valencia y la Albufera en un destino habitual para recomendados, casi todos ellos, según ha comprobado el juez, con carné del PP. Emarsa debía tener, teóricamente, 67 trabajadores, pero esta dinámica acabó elevando su número a 96 durante el periodo investigado, de 2004 a 2010.
La dirección de Emarsa fue hinchando los salarios de los empleados, hasta el punto de que 11 directivos ganaban más que el presidente del Gobierno y una secretaria, con estudios hasta segundo de BUP, alcanzaba fácilmente 60.000 euros al año. También hubo supuestos empleados que en realidad solo aparecían por las instalaciones el día que iban a cobrar.
El juez instructor ha dictado tras cerca de cuatro años de investigación el auto de transformación de procedimiento (el antiguo procesamiento) por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad, cohecho y blanqueo.
La empresa pública destinó millones de euros por servicios y suministros que en realidad nunca recibió, según ha desvelado la investigación. La desenfrenada dinámica que se estableció en la planta condujo a que la rapiña se realizara sin grandes disimulos. La sociedad compró, por ejemplo, en unos meses 149 ratones y 164 teclados para una planta en la que solo había 32 ordenadores. Y lo hizo de la manera en que se solían hacer las cosas en la casa: el proveedor del material y el directivo encargado de supervisar la compra por parte de Emarsa eran la misma persona.
Emarsa, un macrocaso de corrupción que se ha investigado sin generar demasiado ruido, tapado por otras causas y disminuido por la ausencia de personajes relevantes implicados, está repleta de historias. Como la línea de investigación que apuntaba a la financiación irregular del PP de la ciudad de Valencia. El exgerente confesó al juez que dio 100.000 euros de la caja de la empresa pública para pagar "el homenaje a los afiliados al PP en el restaurante Alameda Palace” que se celebraba cada año.
Cuesta fue destituido del cargo menor que ocupaba en el PP de la ciudad de Valencia (presidente del partido en el distrito de Pobles de l'Oest) en noviembre de 2012, cuando ya había reconocido ante el juez buena parte de los hechos por la dirección regional de la formación, ante la pasividad de la dirección local que controla al detalle, sin necesidad de ostentar oficialmente ninguna responsabilidad, Rita Barberá.
O la búsqueda de Jorge Roca, ejecutor a través de sus empresas del desvío de la mayor parte de los fondos defraudados, prófugo de la justicia, cuyas pistas se pierden entre Francia, el magreb y Asia, cuya madre, que llegó a estar imputada en el caso, declaró para defenderse que lo único que había hecho mal había sido "parirlo".
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