Fernández pierde el restaurante del Club de Campo tras adeudar 300.000 euros
El empresario, embargado por la Seguridad Social y por la Agencia Tributaria, acumuló 11 meses de impago al Ayuntamiento
Los negocios con la Administración pública del patrón de los empresarios madrileños, Arturo Fernández, se han convertido en los últimos meses en una retahíla de impagos y embargos. La Seguridad Social y la Agencia Tributaria persiguen el cobro de una deuda millonaria, que, tras afectar al Congreso de los Diputados, a la Asamblea regional y al consorcio público Feria de Madrid, ha estallado ahora en las manos del Ayuntamiento de la capital.
Al Club de Campo municipal ha llegado una notificación de la Seguridad Social para que embargue bienes por importe de 223.585 euros a Fernández, que gestiona el restaurante y cafetería de esta exclusiva instalación.
El Club ha respondido que no sólo no tiene nada que embargar a Fernández, sino que éste le adeuda 278.748 euros, el equivalante a 11 mensualidades del canon que debe abonar al Ayuntamiento. El Club admite que podría “llegar a ser responsable de las obligaciones frente a la Seguridad Social o la Hacienda” del empresario, según la documentación a la que tuvo acceso EL PAÍS.
Preguntado al respecto, Fernández ha dicho que saldó su deuda con el Club la semana pasada. La empresa municipal había aprobado un calendario de pagos —propuesto por el empresario— para ponerse al día. Sin embargo, Fernández, que está reestructurando sus negocios, decidió finalmente saldar la cantidad de golpe y abandonar la concesión, cuyo plazo de cinco años finalizaba el 31 de diciembre. “Llevo tres años perdiendo dinero; pedí que me rebajaran el canon y no quisieron, así que abandono. Lo tendrán que sacar a concurso”, explicó.
Arturo Fernández preside la Cámara de Comercio de Madrid, y en marzo fue reelegido al frente de la Confederación de Empresarios (CEIM). El hostelero mantenía en diciembre una deuda de 1.627.647 euros con la Tesorería General de la Seguridad Social.
A consecuencia de sus deudas, en los últimos meses ha ido sufriendo diversas órdenes de embargo. El Grupo Cantoblanco, del que es accionista mayoritario, gestiona 180 establecimientos (de gasolineras a colegios) y emplea a 2.300 personas, según su relato.
Entre sus negocios hosteleros, hay muchos obtenidos por concesión pública: la cafetería de la Asamblea regional y de ministerios, de AENA y del Teatro Real, de varios hospitales madrileños...
Hasta hace poco, llevaba también la cafetería del Congreso y el negocio hostelero de Feria de Madrid (de cuya junta directiva forma parte). Gestiona incluso el comedor de la Cámara de Comercio, que preside, tras obtener la concesión en un concurso en el que su oferta fue la más cara.
Sobre sus negocios con la Administración y las acusaciones de su rival en los comicios de la CEIM, Hilario Alfaro, de una excesiva cercanía con el poder, Fernández declaró a EL PAÍS: “Intento hacer favores porque, egoístamente, si tú me pides uno y yo lo hago, estás en deuda”. Pero las dificultades que sufre su empresa (2013 fue, según dijo, su “peor año”) le han puesto en dificultades ahora ante las tres Administraciones (que dirige el Partido Popular).
El pasado mes de noviembre, el Ministerio de Hacienda remitió una diligencia a los grupos parlamentarios del Congreso para intentar recuperar un pago pendiente de 416.865 euros; Fernández perdió el pasado otoño la gestión de la cafetería de esta institución, que llevaba desde 1996.
En diciembre, la Agencia Tributaria remitió a la Asamblea de Madrid una diligencia de embargo por importe de 1.440.731 euros contra los negocios de Fernández. Ese mismo mes, la Tesorería General de la Seguridad Social notificó a la Asamblea un embargo de 418.567 euros por “deudas líquidas y exigibles” de Fernández.
Ese mismo mes, Feria de Madrid rescindió el contrato que Fernández mantenía para explotar el negocio hostelero de la institución (en la que la Comunidad y el Ayuntamiento cuentan con un 31% cada una; la Cámara de Comercio, otro 31%, y Caja Madrid, un 7%) por impago. El empresario debía desde hacía meses 1,27 millones de euros por no haber satisfecho el canon por explotar el negocio; además, había incumplido su compromiso de invertir 928.000 euros en la instalación.
IU pide garantías contra el hostelero
Al portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Ángel Pérez, no le “parece de recibo que un empresario que aboga por el ajuste salarial permanentemente y por reducir derechos de los trabajadores esté en la nómina de contratos del Ayuntamiento a través de una sociedad local”.
Fernández gestiona por concesión el negocio hostelero del Club de Campo, del que el Ayuntamiento, que gobierna Ana Botella (PP) controla el 51% del capital —el resto se lo dividen, a partes iguales, Patrimonio del Estado y la Real Sociedad Hípica—.
“Con la rapidez y energía con que el Ayuntamiento reclama a los ciudadanos impuestos, tasas, multas y demás, debe exigir el pago de la deuda y garantizarse desde ya que no volverá a beneficiarse de instalaciones públicas para sus negocios”, añade Pérez.
Fernández explicó ayer a EL PAÍS que su deuda con el Ayuntamiento está saldada y que, respecto a la cantidad que debe a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria —que no cuantificó—, ha negociado “un aplazamiento”.
Sobre la nueva concesión que deberá sacar a concurso el Ayuntamiento para los establecimientos hosteleros del Club de Campo, una vez confirmado el abandono de Fernández, el hostelero amenaza con “protestar”, si no prevé un canon similar al actual (25.750 euros al mes), que en su opinión resulta ruinoso y es el motivo por el que tiró la toalla.
Fernández intentó vender hace unos meses el 51% de su empresa, Grupo Cantoblanco, para salvar su precaria situación económica, y posteriormente anunció una ampliación de capital entre socios de confianza. Ahora afirma que ha dejado su gestión en manos de un administrador único para centrarse en la CEIM y en la Cámara de Comercio, aunque seguirá siendo el accionista mayoritario.
