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La justicia paraliza el proceso de privatización sanitaria de Madrid

El Tribunal Superior de Justicia acepta la suspensión que pedía el Partido Socialista

Sanidad hizo un cambio de última hora en las condiciones para reducir la garantía

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Marea blanca por el centro de Madrid contra la privatización, el pasado febrero.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado en un auto paralizar el proceso de privatización de la gestión de seis hospitales emprendido por la Comunidad de Madrid. La sección tercera de lo contencioso administrativo ha aceptado las medidas cautelares urgentes que había pedido el Partido Socialista, lo que se traduce en la paralización inmediata de la adjudicación de los seis hospitales, certificada por el Consejo de gobierno regional hace seis días. La suspensión es provisional, hasta que la semana que viene el TSJM tome la decisión de ratificarla o no, una vez la Consejería de Sanidad haya alegado lo que considere oportuno, confirman fuentes judiciales.

Los hospitales afectados son Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares (Coslada), del Sureste (Arganda del Rey) y el del Tajo (Aranjuez). La Comunidad de Madrid pretendía que estén funcionando con el nuevo modelo para el mes de septiembre.

La demanda de los socialistas se centraba en una modificación de última hora que hizo la Consejería de Sanidad en las condiciones de los contratos. Solo cuatro días antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas, el Boletín Oficial publicó como corrección de errores un cambio sustancial en la garantía que deben presentar los adjudicatarios, que es del 5% del valor del contrato. Sanidad incluyó la palabra "anual" en el texto de los pliegos, lo que se traduce en la práctica en una reducción del 90% del aval, puesto que el contrato de concesión es por 10 años. En lugar de aportar más de 200 millones, las empresas solo tienen que proveer 28 millones de euros.

El auto del tribunal afirma que en el caso "aprecia que, efectivamente, concurren 'circunstancias de especial urgencia' en orden a resolver la medida cautelar". Lo que justifica la adopción de esta medida cautelar es "el devenir de los acontecimientos, fundamentalmente la ya inmediata adjudicación de los contratos anunciada por el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid", añade. El TSJM considera que la modificación en la garantía que pide el Gobierno regional a las empresas "pudiera exceder del ámbito de rectificación de un simple error material, siendo evidente que la cuantía de la fianza contractual varía sustancialmente según sea del 5% del importe total de adjudicación del contrato (diez años de ejecución) o del importe anual (deduciblemente con referencia al primer año)".

Este hecho, la reducción en hasta un 90% del aval, "podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva al haber podido impedir licitaciones de empresas por el importe de la garantía definitiva según la convocatoria posteriormente rebajado por vía de 'corrección de errores', y afectaría a las penalidades contractuales de las que en su caso hubiera de responder la garantía definitiva, con las consecuencias y efectos para los intereses generales que se mencionan por la parte solicitante de la medida cautelar", concluye el tribunal en los fundamentos de derecho del auto.

Ya a principios de junio el responsable de Sanidad del PSM, José Manuel Freire, empezó a denunciar públicamente las correcciones que la Consejería de Sanidad había estado haciendo hasta el último momento a los pliegos del concurso para la privatización de la gestión de los seis hospitales, que interpretaba como un intento de mejorar las condiciones para evitar la falta de ofertas. En concreto, subrayó la modificación en el importe de la garantía, que suponía reducirla a una décima parte. La Consejería de Sanidad respondió entonces a este diario, por escrito, lo siguiente: “El objetivo siempre ha sido que el importe fuera anual, que es una cantidad suficientemente considerable para cubrir las garantías” Y añadió: “Siempre en la concesión de contratos públicos, la cuantía es anual. Se ha aclarado una duda para evitar una interpretación no acorde con lo que se pretendía expresar en los pliegos”.

El Consejo de Gobierno de la semana pasada aprobó la propuesta de adjudicación de los seis centros, con la que la Comunidad de Madrid espera ahorrar 169 millones de euros. Sin embargo, los contratos de concesión aún no están firmados. El Consejo aprobó adjudicar a Ribera Salud centros Infanta Leonor de Vallecas y del Sureste de Arganda del Rey; para Bupa Sanitas el Hospital de Henares de Coslada; y para el grupo puertorriqueño Hima San Pablo el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes y los hospitales Infanta Cristina de Parla y el del Tajo de Aranjuez.

El proceso por vía contencioso administrativa se suma a la querella por vía penal que la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) tiene presentada en un juzgado madrileño. Ha sido admitida a trámite y dos exconsejeros de Sanidad y dos altos cargos de la Consejería están citados a declarar con su abogado en septiembre próximo.

Un proceso muy judicializado

La privatización de la gestión de seis hospitales públicos en Madrid, anunciada en octubre pasado, ha generado una cascada de denuncias y recursos que se acumulan en los juzgados madrileños.

PSOE. Solo el Partido Socialista tiene cuatro procedimientos abiertos. El Tribunal Constitucional admitió a trámite en abril el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE —50 senadores— contra la privatización de la sanidad madrileña. Además, esta formación tiene un contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ayer decidió darle la razón y suspender cautelarmente el proceso de adjudicación de los hospitales. También el juzgado de lo contencioso-administrativo número 8 de Madrid está estudiando un recurso. Ayer mismo solicitó a la Consejería de Sanidad que se pronuncie en el plazo de 10 días sobre una de las medidas cautelares solicitadas por el PSOE para frenar este proceso. Finalmente, los socialistas están personados en una querella en el juzgado de instrucción número 4.

El viernes pasado solicitaron al juez en un escrito ampliar la querella criminal contra Patricia Flores, viceconsejera de Sanidad ya imputada, a la que acusan de un delito de prevaricación y de negociaciones prohibidas a funcionarios por haber firmado la corrección de errores que reduce en un 90% el aval a las empresas.

Afem. La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) presentó una querella en el juzgado de Instrucción número 4 de Madrid por delitos como prevaricación y malversación de caudales públicos en la primera fase de la privatización madrileña, la de los hospitales de Valdemoro, Torrejón y Móstoles. El juez ha admitido a trámite la querella y ha citado con abogado, es decir, en calidad de imputados, a dos exconsejeros y dos altos cargos de Sanidad, entre otros. Afem también ha presentado un contencioso administrativo en el juzgado número 9 de Madrid.

Amyts. El sindicato de médicos Amyts tiene otro contencioso administrativo presentado en el juzgado 32 de la capital.

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