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La nueva Ley de Patrimonio Histórico, muy favorable para Eurovegas

El PP defiende que "hay que dar un uso" a los bienes inmuebles para su conservación "aparte de la mera contemplación" mientras la oposición entiende que reduce "de forma muy significativa" la protección

La Ley de Patrimonio Histórico que el Partido Popular sacó anoche adelante con 69 votos a favor por los 52 en contra de la suma de los representantes del PSM, IU y UPyD de cuerpo presente a las 23.57 en el pleno de la Asamblea de Madrid, más que proteger, desprotege según la denuncia generalizada de la oposición y de los arqueólogos de la región.

Uno de los puntos más polémicos de la normativa es que elimina la obligatoriedad de los informes arqueológicos preventivos en los proyectos de construcción. Sin esos informes, se podrá construir encima de yacimientos de los que no hay constancia. La oposición entiende que está pensada para favorecer a Eurovegas. “La gran damnificada de esta ley es la arqueología preventiva, que desaparece. El señor Adelson no se verá perjudicado por los arqueólogos, esos chicos románticos que según el PP parecen en contra del progreso. Este Gobierno solo baila al compás de Eurovegas”, cargó la socialista Encarnación Moya.

“Ojalá saquen una villa romana en esos terrenos de Alcorcón que tienen pensados y los integren dentro de los casinos”, deseó Joaquín Sanz, de IU. “Se reduce de forma muy significativa la protección actual en el patrimonio, que entendemos que es el verdadero objetivo de esta ley”, reflexionó Juan Luis Fabo (UPyD). “El Gobierno regional utiliza el Patrimonio Histórico de todos para el enriquecimiento de unos pocos. Han registrado enmiendas sobre la construcción de casinos y a la modificación de las leyes del Suelo y Urbanismo para facilitar la instalación de este tipo de complejos”, observó la Sección de Arqueología del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias.

Las críticas se centraron también en los silencios administrativos positivos, que implican que cualquier actuación se aprobaría en el caso de que no haya respuesta oficial en el reducido plazo de dos meses. “El silencio positivo es un dislate. ¿Cómo se va a hacer un informe en 30 días si ahora tardan año y medio? Seguro que el señor Villar Mir y el señor Adelson la aplaudirán”, expresó Moya. También generan resquemor los 30 días de plazo para los informes de impacto ambiental y sobre actuaciones en bienes protegidos, que según sus detractores limitarían notablemente el margen de maniobra, en beneficio de la Administración.

“A los bienes inmuebles hay que darles un uso que les respete. ¿O acaso creen que la Cartuja de Sevilla estaría en pie si no se le diera un uso económico? Hay que darle una utilidad al patrimonio aparte de la mera contemplación… Esta ley, por encima de todo, protege el patrimonio, y se pone del lado de los ciudadanos. Alivia las trabas inmensas, las acorta y racionaliza, con el compromiso de que la Administración sea ágil y eficaz”, argumentó el popular Bartolomé González.

“La ley está escrita negro sobre blanco. Es una aberración de consecuencias irreparables para el patrimonio de esta comunidad. El PP tendrá que cargar con esa responsabilidad, porque desprotege, es permisiva y laxa”, concluyó Moya.