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LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

La Oficina Antifraude ve delito en las adjudicaciones que beneficiaron a Bagó

La fiscalía estudia un demoledor informe contra las actividades del empresario

Los contratos entre Serhs y varios hospitales evidencian un conflicto de intereses

El Consejo Comarcal del Maresme dio trato de favor a una de sus empresas

Ramon Bagó.

Un demoledor informe de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) considera que el empresario Ramon Bagó pudo cometer los delitos de negociaciones prohibidas y “revelación y/o uso de información privilegiada” por las relaciones que ha mantenido durante 19 años el grupo de empresas Serhs, que preside, con la empresa municipal que gestiona el hospital de Badalona y con otra del Consejo Comarcal del Maresme.

El informe de la OAC ocupa más de 8.000 páginas y relata con gran precisión el trato de privilegio del que ha gozado Ramon Bagó por parte de algunos organismos y cómo ha simultaneado sus funciones directivas en el ámbito público con el privado. El fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, explicó a EL PAÍS que recibió el informe de Antifraude hace unos días y que, al no afectar a ninguna persona aforada, lo derivó a la Fiscalía de Barcelona para su estudio. Allí se encuentra y fuentes de esa fiscalía consideran muy probable que abra diligencias para su investigación.

Según Antifraude, Bagó estuvo presidiendo todas las sociedades del holding del Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC) hasta marzo de 2008 y a finales de 2011 se reincorporó de nuevo a las empresas públicas del CSC, donde formó parte del Consejo de Administración de las sociedades y se integró en la comisión ejecutiva de la matriz del holding público, CSC, SA.

Eso significa que estuvo en el grupo directivo desde el que se tramitan, informan y resuelven adjudicaciones que acabaron beneficiando al conglomerado del grupo de empresas Grupo Serhs, SA, del que Bagó es fundador, accionista principal y presidente del Consejo de Administración. En todos estos años, sigue el informe, se produjo por parte de Bagó una burla de las prohibiciones que le afectaban, así como de la normativa contractual que debe imperar en el servicio público. Antifraude detalla que no solo se trata de una cuestión administrativa por la incompatibilidad que afectaba a Bagó, al ser beneficiario de las concesiones y participar en su adjudicación, sino que puede haber delito porque se produjo un “lucro o beneficio” derivados de la amplia actividad mercantil entre los entes públicos y el Grupo Serhs, con una serie de contrataciones, concesiones, prórrogas, actualizaciones de precios e incluso prestaciones de hecho burlando la normativa contractual del sector público.

La Sindicatura de Cuentas alertó en 2009, pero no se le hizo caso

Antifraude considera que la posición de Bagó en el CSC y el resto de empresas públicas debe ser considerada a efectos penales como la de un funcionario y se invoca una sentencia del Tribunal Supremo en el caso de las camisetas que implicó al expresidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil. Esa situación agravaría su responsabilidad penal.

El informe que tiene en estudio la fiscalía relata que la actividad de Bagó que se ha investigado se remonta a 1998, cuando el Grupo Serhs empezó a prestar servicios de manera continuada a Badalona Serveis Asistencials, que gestionaba un hospital y otros centros sanitarios de esa ciudad.

En 1999 se produjo la primera prórroga del contrato del Hospital Municipal de Badalona, que es como se llamaba entonces la sociedad, a la empresa Cuina Serhs SL para que se ocupara del suministro al centro y de la explotación de la cafetería. Un año después se amplió la concesión y así sucesivamente.

La Sindicatura de Cuentas determinó en 2009 la improcedencia de las prórrogas concedidas a Bagó y reclamaba que la prestación de servicios de alimentación de los hospitales y las inversiones en cocinas se realizasen a través de otras modalidades de contrato. Nadie hizo caso.

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Contratos públicos de Bagó.

Los contratos se renovaron hasta que en abril de 2012, tras las informaciones publicadas por EL PAÍS, el Ayuntamiento de Badalona encargó un informe sobre la legalidad de la contratación de los servicios prestados por la empresa Badalona Serveis Assistencials SA. Sus autores no pudieron acceder a todos los expedientes, pero dijeron que el contrato de 1993 no era el apropiado y que tampoco se cumplieron los requisitos de publicidad y concurrencia, de manera que se superaron los límites establecidos en la normativa de contratos.

Otra irregularidad que se detectó es que la modificación del contrato no se ajustó a la ley porque se modificaron las condiciones y se incluyó el suministro de comidas a domicilio. Y, finalmente, las prórrogas de los contratos las formalizaron organismos incompetentes, según dijeron los autores del informe para el Ayuntamiento de Badalona.

Ramon Bagó presentó un escrito en la Oficina Antifraude a finales del año pasado en el que alega que a partir del verano de 2012 empezó a dimitir del cargo de vicepresidente y consejero de las sociedades del Consorcio de Salud (CSC). También alegó que aunque fue presidente su grupo empresarial, ejerció una manera “no ejecutiva” y que nunca presionó a los gerentes del Hospital de Badalona para que Serhs recibiera un trato de favor.

El informe de Antifraude cuestiona estos argumentos y recuerda que el CSC le confirió amplios poderes en 1998 para disponer a su manera en las relaciones de trabajo de todo el personal, funciones, traslados y categorías. Por eso, Antifraude concluye que es evidente el conflicto de intereses públicos y privados de Bagó, y que eso puede constituir un delito de negociaciones prohibidas de acuerdo con la modificación que se hizo del Código Penal a finales de 2010.

Una empresa de Sehrs cambió su actividad para que se la contratara

Desde esa fecha, el informe de Antifraude relata que Bagó habría intervenido de forma directa o a través de persona interpuesta, forzando o facilitando negocios entre su conglomerado de empresas en Serhs y el ámbito de actuación en la empresa municipal Barcelona Serveis Assistencials SA.

Antifraude le atribuye también el delito de revelación y/o uso de información privilegiada porque el Consejo Comarcal del Maresme constituyó una sociedad de economía mixta en la que participó una sociedad del grupo Serhs. Es Sacalmser SL, dedicada a la venta de bebidas y explotación de hoteles y que pasó de manera “sospechosa” en pocos meses —a partir de agosto de 2008— a estar dedicada exclusivamente al transporte y comedor escolar y acogida de niños en la sexta hora.

El consejo comarcal seleccionó en 2009 el socio privado que necesitaba y fue el grupo Serhs. Se desconoce quién facilitó la información a Bagó, pero Antifraude concluye que se benefició y que es necesario investigar unos hechos que pueden ser delictivos.

Las conclusiones de Antifraude confirman las informaciones publicadas en el último año por EL PAÍS que denunciaban que Serhs ha obtenido en la última década más de 50 millones de euros en contratos adjudicados por el CSC. Las irregularidades de Serhs en Badalona, demostradas en una comisión de investigación, acabaron por forzar la expulsión de la empresa del hospital municipal.

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