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El alcalde de Ourense contrata tantos porteros como Baltar

El PP pide al Gobierno central que investigue si los empleos son legales

Francisco Rodríguez abraza al nuevo alcalde, Agustín Fernández
Francisco Rodríguez abraza al nuevo alcalde, Agustín FernándezNACHO GÓMEZ

Veintidós porteros. Casi la cifra record de bedeles que llegó a contratar en el centro cultural de la Diputación José Luis Baltar en los tiempos de esplendor de la institución. Y más que los 15 que, desde el año pasado, el exbarón del PP gallego aseguró que ya “solo” tenía en esas dependencias. El gobierno local ourensano (hasta hace unos días integrado por PSOE y BNG, aunque el área de Personal recayó siempre en el PSOE) ha dado empleo a 22 conserjes en los últimos ocho meses. A diferencia de los de la Diputación, estos están repartidos en distintas dependencias municipales.

Seis trabajadores fueron empleados en el mes de abril para atender los centros cívicos que hasta el momento ha abierto el Ayuntamiento en cuatro barrios de la ciudad. Dos meses después, el gobierno local empleó a otros ocho para colegios de Primaria y a otros dos con destino en el Pabellón de Deportes. En octubre, el alcalde —entonces aún Francisco Rodríguez, dimitido tras ser imputado en la Operación Pokémon— firmó la contratación de otros seis conserjes más destinados también a los centros cívicos. Junto a los bedeles, el gobierno local ourensano empleó en este mismo periodo a un oficial de incendios y a un ingeniero técnico topógrafo.

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La denuncia de la contratación masiva de porteros por el Ayuntamiento la ha registrado el vicepresidente de la Diputación y portavoz del PP en el Ayuntamiento, Rosendo Fernández, en la subdelegación del Gobierno.

El grupo popular sostiene que, a diferencia de la contratación masiva de conserjes que realizó Baltar en la institución provincial, el gobierno local ha vulnerado el Real Decreto del Gobierno central que prohíbe a las Administraciones contratar personal en el año 2012 salvo en el caso de que su ausencia “afecte al funcionamiento” de los servicios a los que se destinan. La norma establece que aún en esos casos es necesaria la “previa y expresa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas”, hace constar el PP.

Fernández —brazo derecho de Baltar Blanco en la Diputación ourensana— pide al Gobierno central que “dada la opacidad” del PSOE respecto a las contrataciones en el Ayuntamiento de Ourense investigue la “posible” vulneración de la norma estatal. El grupo popular destaca que, además de no ser “prioritarias” para el funcionamiento de los organismos a los que se han destinado a los trabajadores, las contrataciones —de personal temporal y de interinidad— en el Ayuntamiento se han producido “de forma habitual y reiterada” a lo largo de todo el año y que “incluso” los contratos han “excedido la duración máxima” permitida en el Estatuto de los Trabajadores. La denuncia del PP se produce cuando la fiscalía de Ourense aún no se ha pronunciado sobre la demanda registrada por el PSOE provincial en esa instancia por las contrataciones realizadas por el exbarón del PP en la Diputación en vísperas del congreso provincial del PP de 2010 que dejó al frente del partido en la provincia a su hijo en una victoria con la que fulminó al candidato de Rajoy y Feijóo.

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