Botella intensifica un 27% su recorte en servicios municipales
El ajuste se debe sobre todo al fracaso en la venta de edificios municipales
El Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde esta mañana a la segunda parte del recorte de gasto en servicios públicos aprobado la pasada primavera, que será finalmente un 27% superior al previsto inicialmente al no haber podido colocar los edificios que puso a la venta para incrementar sus ingresos. El tijeretazo extraordinario afectará con especial intensidad al área de servicios sociales. En marzo, el Gobierno local (Partido Popular) aprobó un recorte de 162,6 millones de euros en su gasto previsto para 2012, y anticipó un ajuste adicional de otros 394,2 millones de euros para 2013. Además, anunció una subida de impuestos, tasas y servicios municipales (polideportivos, talleres culturales, escuelas de música y danza).
El cuento de la cigarra Gallardón y la hormiga Botella
¿Por qué lleva a cabo estos recortes el Ayuntamiento de Madrid? Primero, porque el Gobierno de Mariano Rajoy obligó a los Ayuntamientos a principios de año a pagar todas sus facturas atrasadas, que en el caso de Madrid ascendían a 1.003 millones de euros por los ocho años en la alcaldía del ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (2003-2011).
Segundo, porque Botella tuvo que eliminar la previsión de ingresos incluida por el exalcalde en los presupuestos de 2012 por la privatización parcial del Canal de Isabel II, que, al frustrarse pocos meses después, dejó un agujero adicional de 245 millones. La deuda total del Ayuntamiento cerrará este año en 6.668 millones de euros. Dentro de diez años, en 2022, aún le quedarán por pagar 1.603 millones. El Ayuntamiento alude constantemente al recorte de ingresos debido a la crisis económica, que es innegable, pero los ingresos corrientes han pasado de 4.043 millones en 2008 a 4.336 millones previstos para 2012.
Es decir, han aumentado. Otra cosa es que no lo hayan hecho los ingresos extraordinarios con los que solía cuadrar su presupuesto, principalmente porque todo aquello que podía vender o apañar (como su participación en el metro, en 2011) ya lo ha vendido o apañado. Pese a ello, la alcaldesa, Ana Botella (PP), ha evitado cargar contra la gestión de su predecesor. O al menos, personificar en él los males que asuelan al Ayuntamiento. “Creo que todas las Administraciones hemos hecho cosas que se deben volver a hacer”.
¿Cuáles? No se refería a endeudarse puntualmente para una gran infraestructura, lo que en su opinión es comprensible, sino a gastar más de lo que se ingresa, es decir, incurrir en déficit, algo que desde este año al Ayuntamiento le ha sido prohibido terminantemente por el Estado. Botella ha criticado también que, en la época de vacas gordas (la primera legislatura de Gallardón) se pensase que aquello iba a durar para siempre, sin prever que aquella situación fiscal extraordinaria podía no consolidarse… como así ocurrió. El cuento de la cigarra y la hormiga, versión municipal.
La primera parte del recorte se ejecutó antes del verano y ascendió a 128,9 millones de euros; afectó a todas las áreas, y conllevó, entre otros ajustes, una reducción en los ingresos de los funcionarios, un descenso en la asignación a ONG para proyectos sociales, o la paralización de las obras en museos que llevan ya años cerrados por reforma. Hoy se ha aprobado la segunda parte, que afecta en principio a 50,8 millones de euros de gasto previsto en los presupuestos que no podrá realizarse. El Ayuntamiento no ha especificado aún a qué partidas afectará. Sumado al anterior, el ajuste total asciende a 179,7 millones de euros, es decir, en su afán de reducir gastos ha logrado ahorrar 17,1 millones más de lo que tenía previsto en primavera.
Pese a ello, el Ayuntamiento ha aprobado esta mañana un recorte adicional de otros 24,4 millones. No es definitivo, se trata de un bloqueo de crédito (no se gaste usted este dinero que le hemos dicho que se puede gastar, no vaya a ser que mañana le digamos que no se lo puede gastar), pero tiene vocación de serlo, es decir, lo será en la medida de lo posible. Ese bloqueo de crédito afecta a todas las áreas: Medio Ambiente, Movilidad y Seguridad (8,2 millones); Hacienda (3,6); Urbanismo (3,2); Las Artes (918.000); Economía y Empleo (2,1); Servicios Sociales (4,4); y distritos (1,1). Proporcionalmente a su presupuesto, el recorte se centra precisamente en los servicios sociales (que proporcionan el área y los distritos). No se trata de una decisión política sino práctica: es allí donde más margen cabe para meter la tijera a estas alturas de año.
En total, como decíamos, el recorte final del Ayuntamiento para este año asciende a 203, 8 millones, un 27% más a lo previsto en primavera. ¿Por qué? Según el Ayuntamiento, “para hacer frente a gastos no previstos, a sentencias judiciales y a la subida del IVA” aprobada por el Gobierno central desde el 1 de septiembre. En realidad, desde principios de año el Ayuntamiento de Madrid, como el resto de municipios de España, ha recibido muchas e importantes ayudas extraordinarias del Gobierno central, sin las cuáles su situación sería aún más precaria y los recortes sociales aún más pronunciados. Ya había incluido en sus planes la subida excepcional por dos años del Impuesto de Bienes Inmuebles, pero no la reforma del impuesto de plusvalía que le reportara unos 30 millones adiciones. A esa cantidad se suma el ahorro que supondrá quitar la paga extra de diciembre a los funcionarios, tal y como ordenó el Gobierno central, cuantificado en 52,8 millones.
Respecto a los gastos no previstos, excepto la subida del IVA (15 millones más por los servicios que el Ayuntamiento subcontrata: recogida de basuras, etcétera), el resto son fruto de una mala praxis legislativa, es decir, son errores políticos que han sido enmendados por los tribunales: la anulación de la tasa de vados (39,8 millones) y la tasa de móviles (24,5 millones), y la sentencia que afecta a la retirada de vehículos (8,6 millones). En total, 87,9 millones extra.
El Ayuntamiento calcula además que recibirá 29,4 millones menos de lo previsto para este año por los impuestos cedidos por el Estado. Pero lo que ha descalabrado su plan de ajuste primaveral ha sido sobre todo la imposibilidad de vender los inmuebles y solares que tenía previsto colocar, pese a la debilidad del mercado inmobiliario. Eso le ha provocado un agujero en sus previsiones de 50 millones de euros, que serán compensados con nuevos recortes de gasto en servicios públicos aún por determinar.
Lissavetzky: "Fracaso y continua improvisación"
El portavoz municipal socialista, Jaime Lissavetzky, ha criticado que Botella siga “sin responsabilizarse de sus continuas improvisaciones y revisiones de los presupuestos y planes de saneamiento, fracasados a las pocas semanas de ser aprobados”. “A un mes de la presentación de los nuevos presupuestos, el Gobierno municipal no sabe qué hacer con las finanzas de Madrid ni tiene planes para el futuro”, ha añadido. “Los ciudadanos de Madrid tienen que pagar más a cambio de menos servicios”, ha concluido Lissavetzky.
El portavoz municipal de Izquierda Unida, Ángel Pérez, ha instado a la alcaldesa, Ana Botella, a, “una vez calculado el coste que tienen para la ciudad las manifestaciones ponga igual empeño en cifrar cuál es el coste para los ciudadanos de los sucesivos recortes decretados tanto por el Gobierno Central como por el autonómico y municipal que llevan a la ciudadanía a la calle”. “Hoy mismo, tras la Junta de Gobierno que ha vuelto a aprobar otra vuelta de tuerca más en los ajustes, resulta sospechosamente selectivo que la alcaldesa sólo repare en lo que ella considera muchas protestas y en la repercusión que tienen en los dispositivos municipales que requieren”, ha añadido.
