Costas bloquea el plan urbanístico de la antigua térmica de Málaga
Medio Ambiente da argumentos a favor de Endesa en el pleito que mantiene con el Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Málaga se ha topado con un serio e inesperado contratiempo en el litigio que mantiene con Endesa para el desarrollo de los suelos de la antigua central térmica, después de que la compañía quiera desvincularse del convenio urbanístico firmado en agosto de 2008 y según el cual debía haber pagado ya 40 millones de euros al Consistorio de los 58 totales que contempla el acuerdo. La advertencia de la dirección general de de Sostenibilidad de la Costa y el Mar de que parte de los terrenos quedarán dentro de la zona de dominio marítimo no solo paraliza en plan, sino que avala el argumento esgrimido por Endesa en el contencioso judicial con el Ayuntamiento.
El revés escuece más porque viene de una administración también en manos del PP, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que sostiene que la parte de los suelos incluidos en el plan de la térmica que van a quedar delimitados como dominio público no pueden tener aprovechamiento urbanístico.
El informe emitido en julio por la dirección general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar bloquea el plan especial que la Junta de Gobierno Local aprobó el 1 de junio con el detalle del desarrollo del área, denominada Nueva Acera de la Marina, que cierra el nuevo paseo marítimo de poniente y dibuja varios edificios singulares con 874 viviendas, y más de 25.000 metros cuadrados de espacio hotelero, comercial y de oficinas.
El informe de Costas viene a dar la razón a Endesa, que en el contencioso judicial que mantiene con el Ayuntamiento para anular el convenio urbanístico alega justamente que éste no puede ya ejecutarse al quedar afectado por el nuevo deslinde costero.
La resolución de Costas ha sido muy sorprendente para el Ayuntamiento que preside Francisco de la Torre, pues la misma administración en septiembre de 2010 emitió un informe favorable al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sin introducir ninguna reserva con respecto al desarrollo previsto en los suelos de la antigua central térmica.
Ha sido casi dos años más tarde, al emitir el pronunciamiento preceptivo sobre el plan especial ya detallado, cuando la dirección de Costas alega que parte de los suelos están “provisionalmente” afectados por el nuevo deslinde y que “es probable” que se incorporen a la zona de dominio público marítimo-terrestre.
Después de aceptar el PGOU, el Estado aduce ahora afección al dominio público
El Ayuntamiento de Málaga va a presentar una reclamación contra el informe de Costas y, si no es aceptada, interpondrá un recurso contencioso administrativo, pues considera que es contradictorio con la autorización al planeamiento urbanístico que permitió que el suelo fuera calificado como urbano. El Consistorio entiende que ahora no puede, en aras a una posible modificación del dominio, considerar que el suelo no es urbanizable y que no puede computarse a efecto de calcular los aprovechamientos. “Consideramos que este informe es equivocado y contrario a la ley”, afirma el gerente de Urbanismo de Málaga, Javier Gutiérrez Sordo.
La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) malagueña aprobó el pasado jueves por vía urgente la reclamación ante Costas y entiende que la calificación del suelo ya es inamovible. Además, el Consistorio ya ha previsto en el plan que la zona afectada quede libre de edificaciones, concentrando éstas en la parte no afectada por el deslinde. Además, ese suelo, que se destinaría a espacio público y jardines, sería el que cedería la promotora al Ayuntamiento, que a su vez lo pondría a disposición de Costas.
Gutiérrez Sordo recuerda además que la dirección general de Sostenibilidad de la Costa ya “cometió el mismo error” que ahora con los suelos colindantes de Torre del Río. Igualmente alegó una afección al dominio marítimo que restó derechos de aprovechamiento urbanístico los propietarios. Éstos litigaron y al cabo de 10 años han conseguido una sentencia favorable a sus intereses en el Tribunal Supremo. “Queremos evitar el mismo problema de dejar congelada una pieza importante de la ciudad durante 10 años”, advierte Gutiérrez Sordo.
Curiosamente Endesa, que litiga con el Ayuntamiento para anular el convenio, también ha alegado a Costas para que lo admita. La compañía se ha negado a entregar los 40 millones que ya debía haber abonado por el convenio al Ayuntamiento, pero un juez sentenció en junio que debía hacerlo, y en todo caso reclamar su devolución si finalmente no puede ejecutar el plan. El Ayuntamiento ha acudido a la vía ejecutiva para cobrar.
