Málaga exige a Endesa por la vía ejecutiva 40 millones de un convenio urbanístico
La empresa quiere rescindir el acuerdo urbanístico y rechazó una rebaja del 30%
Como ocurre habitualmente con los morosos de impuestos municipales o de multas, el Ayuntamiento de Málaga ha emprendido la vía ejecutiva para cobrar a Endesa los 40 millones de euros de la primera entrega por el convenio urbanístico para el desarrollo de los suelos de la antigua central térmica. La compañía eléctrica debía haber abonado ese importe hace un año, cuando se aprobó definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El consistorio ya ha enviado el escrito de apremio a Marina Real Estate, la filial inmobiliaria de Endesa, después de las infructuosas conversaciones mantenidas para la revisión del convenio. Las posturas, hoy en día irreconciliables, deberán solventarse en los tribunales.
El convenio de La Térmica es el único de los grandes acuerdos urbanísticos firmados durante la tramitación del nuevo Plan General de Málaga que no han sido revisados. El Ayuntamiento estaba dispuesto a reducir hasta un 30% la aportación de 58 millones de euros que en total corresponde pagar a Endesa por el convenio, que le permitirá levantar 874 viviendas en el nuevo paseo marítimo, pero la empresa pedía que la exención llegara hasta el 62%.
Para el delegado de Ordenación del Territorio y Vivienda, Diego Maldonado, esta pretensión resulta “desproporcionada y perjudicial para los intereses públicos para cualquier cabeza sensata y coherente”. El consistorio justificaba su disposición a la rebaja del 30% en que esa es la estimación que hacen el Banco de España y el Ministerio de Fomento sobre la reducción el precio del suelo.
A partir de ahora, la sociedad municipal de tributos Gestrisam realizará cuantas gestiones estime oportunas para conseguir el cobro de la deuda, e incluso podría llegarse a la tramitación de un embargo de bienes si los requerimientos no fructifican. Maldonado afirma que el Ayuntamiento acude a la vía de apremio “cuando se ha visto que no había manera de llegar a un acuerdo después de intentarlo por todos los medios durante mucho tiempo”.
Endesa ha emprendido una batalla en los tribunales para conseguir la revocación del convenio. Sin embargo, ya ha cosechado un primer revés en esta lucha. El pasado junio un juzgado de lo contencioso negó a Endesa la petición de suspender cautelarmente la obligación del pago de los 40 millones en tanto se emite una sentencia definitiva. El juzgado conminaba a la empresa a pagar al Ayuntamiento y, en caso de que finalmente los tribunales le dieran la razón, “siempre cabría acordar la devolución de la cantidad a cuyo pago viene obligada".
El Ayuntamiento de Málaga y Marina Real Estate firmaron en agosto de 2008, en pleno proceso de revisión del PGOU, un convenio urbanístico para el desarrollo de los suelos que ocuparon la antigua central térmica. Estos terrenos tienen un emplazamiento privilegiado, en el cierre del nuevo paseo marítimo de poniente, la fachada marítima a la que la ciudad tradicionalmente dio la espalda y que tuvo usos industriales y que ahora se ha revalorizado como una de las zonas de expansión más apreciadas. Según el convenio, la promotora podría construir 874 viviendas y más de 25.000 metros cuadrados de techo de uso hotelero, comercial y de oficinas en un entorno que se ordenaría en torno a una gran plaza y que contaría con dos edificios de gran altura y de cierta singularidad. La promotora se comprometía a abonar al Ayuntamiento a cambio 58 millones de euros, 40 de ellos en el momento de la aprobación definitiva del PGOU, y los 18 restantes cuando estuviera ultimado el plan especial que concreta el desarrollo de la zona.
La compañía aduce que los terrenos objeto del convenio están afectados por un deslinde del dominio público marítimo terrestre por lo que el convenio no puede llevarse a efecto. El Ayuntamiento niega este extremo y en la aprobación del plan especial que da forma urbanística a esos suelos, todos los usos quedan fuera del dominio público.
La aprobación del plan especial fue otro gesto de fuerza en el contencioso que el Ayuntamiento mantiene con Endesa, pues es un paso más en la consolidación administrativa y en la obligación que impone a la compañía de desarrollar un plan que quiere revocar. Cuando se realice la aprobación definitiva del plan especial de La Térmica, que el consistorio estima a comienzos de 2013, Endesa deberá pagar los 18 millones de euros del segundo y último plazo.
Curiosamente, en ninguno de los convenios donde si ha habido acuerdo de revisión con sus promotores, el Ayuntamiento no ha rebajado la aportación de los promotores, como si ofreció a Endesa. En el caso de las torres de Martiricos lo que ha habido es un acuerdo para diferir en cinco años el pago de 11,7 millones de euros pendientes. Y para las torres de Repsol, el consistorio se ha quedado con dos terceras partes de los derechos edificatorios que evitará a la promotora pagar 70,2 millones de euros, operación en la que curiosamente no se ha aplicado ningún porcentaje de reducción por decremento del valor del suelo pese a que es el propio Ayuntamiento quien lo compra.
