Un juez obliga a Endesa a pagar a Málaga 40 millones por un convenio urbanístico

La compañía trata de revocar el acuerdo para construir 800 viviendas en la antigua térmica

Tras la desembocadura del Guadalhorce, suelos de la antigua térmica afectados por el convenio urbanístico con Endesa / JULIÁN ROJAS

El Ayuntamiento de Málaga cobra ventaja en el litigio judicial que mantiene con Endesa por el convenio urbanístico para el desarrollo de los suelos de la antigua central térmica. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 ha negado a la compañía la suspensión cautelar del pago de 40,6 millones de euros que estaba obligada a hacer al Consistorio en el momento de la entrada en vigor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), del que se han cumplido ya casi 10 meses.

 El acuerdo con Endesa es el único de los grandes convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento de Málaga durante la elaboración de su nuevo PGOU que no ha sido renegociado. Marina Real Estate, la filial inmobiliaria de Endesa, desarrollaría los suelos de la antigua central, en un lugar estratégico en el cierre del nuevo paseo marítimo de poniente, donde proyectaba construir en una gran plaza abierta al mar varios edificios de uso residencial (874 viviendas), hotelero, comercial y de oficinas. El convenio firmado en agosto de 2008 contemplaba que debía pagar por ello al Ayuntamiento 58 millones de euros, 40,6 en el momento de la entrada en vigor del planeamiento, y el resto cuando se aprobara el plan especial que detalla el diseño de la zona.

Una vez aprobado el PGOU, Endesa pidió al Ayuntamiento la revocación del convenio y adujo para ello que el planeamiento previsto no se podría ejecutar porque los terrenos se veían parcialmente afectados por el deslinde del dominio marítimo-terrestre que la dirección general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar trazó en julio de 2010.

El Ayuntamiento siempre ha negado que exista esta imposibilidad, por lo que por dos veces rechazó la petición de Endesa, que presentó un recurso judicial para conseguir la resolución del convenio, y pidió que cautelarmente, se le eximiera del pago de los 40,6 millones que ya debía haber efectuado. El Consistorio ha seguido como si tal cosa y la Junta de Gobierno Local aprobó hace un mes inicialmente el plan especial, que, cuando sea definitiva, obligará al pago de los 17,4 millones restantes.

El auto no resuelve el fondo de la cuestión, pero si apunta a que “no se aprecia causa de resolución del convenio”, motivo por el que no atiende a suspender cautelarmente el pago que ya debía estar efectuado. El juez considera además que no ha quedado acreditada la pretendida imposibilidad financiera que adujo Endesa para solicitar la suspensión cautelar, ni que tampoco pudiera causarle daños irreparables. “Si el recurso fuera estimado, siempre cabría acordar la devolución de la cantidad a cuyo pago viene obligada”, sostiene el auto.

El propio convenio recogía como causa de posible revocación que no pudiera alcanzarse la aprobación definitiva de las determinaciones urbanísticas recogidas en él, y en este caso el PGOU logró la aprobación definitiva sin alterarlas.

El Ayuntamiento insiste en que pese a que prospere la nueva delimitación de la servidumbre marítimo-terrestre, no repercute necesariamente en que haya menores aprovechamientos urbanísticos, y que en todo caso lo que habría es que alterar la ubicación de los distintos usos y edificios dentro del área pero sin reducciones.

Pese al litigio judicial, el Ayuntamiento aun no descarta que pueda llegar a un acuerdo con Endesa para modificar el convenio, como ha sucedido en otros casos. y se ha mostrado dispuesto a rebajar en un 30% las compensaciones, con lo que quedarían en torno a 40 millones.

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