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El Constitucional bloquea las oposiciones para 2.400 profesores

El tribunal enmarca la decisión en la necesidad de contener el gasto público

Alumnos en la entrada de uno de los centros educativos de Sevilla. Ampliar foto
Alumnos en la entrada de uno de los centros educativos de Sevilla.

Las malas noticias para los institutos públicos andaluces —que este lunes han visto que arrancan las clases con 4.500 interinos menos— se acumulan. El Tribunal Constitucional ha decidido mantener la suspensión cautelar de las oposiciones en Andalucía, que contemplaban una oferta de 2.389 plazas para profesores de secundaria y FP.

Los magistrados del Constitucional, en un auto fechado el 13 de septiembre, mantienen la paralización de la orden de la Junta por la que se convocó el concurso. Fue el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el que presentó el 20 de abril un conflicto positivo de competencias, al entender que Andalucía se había saltado las restricciones presupuestarias en la reposición de funcionarios docentes.

Cronología del conflicto

27 de diciembre de 2011. El Consejo de Gobierno de la Junta aprueba el decreto de oferta de empleo público. Se prevé la convocatoria de 2.389 plazas de secundaria y FP. La Junta explica que parte de las plazas se ofertan bajo el paraguas de la tasa de reposición del 30%, vigente en ese momento.

30 de diciembre de 2011. El Gobierno central aprueba un decreto por el que la tasa de reposición pasa del 30% al 10%.

22 de febrero de 2012. La Junta publica en el BOJA la orden de convocatoria de las oposiciones con las 2.389 plazas previstas.

20 de abril de 2012. El Gobierno central interpone ante el Tribunal Constitucional un conflicto positivo de competencias contra la Junta al entender que Andalucía se salta las restricciones. El Constitucional admite a trámite el conflicto el 22 de mayo y las oposiciones quedan cautelarmente en suspenso.

13 de septiembre de 2012. El Constitucional se pronuncia por primera vez sobre el conflicto y decide mantener la suspensión provisional.

Al presentar este recurso, las pruebas quedaron en suspenso automáticamente. Pero el Constitucional debía pronunciarse en un plazo máximo de cinco meses sobre la paralización cautelar. Los magistrados, que no entran en el fondo del conflicto, asumen ahora los argumentos de la Abogacía del Estado, que se opone al levantamiento de la suspensión. El Constitucional entiende que las oposiciones no se pueden celebrar debido "a la difícil reparación de las situaciones jurídicas que pudieran consolidarse" cuando se produzca una sentencia, algo que podría tardar entre tres y cuatro años. Además, los magistrados encuadran su decisión en "la necesidad de preservar la contención del gasto público en el actual contexto económico y financiero de reducción del déficit".

La Junta había argumentado que no celebrar las oposiciones "afecta directamente a la prestación del servicio público educativo, considerado de carácter esencial, pues impide, de un lado, culminar los procesos de consolidación de empleo (...) y, de otro, reponer los efectivos salientes". A las pruebas se presentaron 33.154 personas, que han pagado tasas de 77,10 euros, en el caso de secundaria, y 69,34, en FP. La Consejería de Educación sostiene que está "estudiando jurídicamente" la devolución del dinero.

De haberse celebrado las oposiciones en junio como tenía previsto la Junta, esos 2.389 nuevos funcionarios estarían blindados ante, por ejemplo, la subida de dos horas del horario lectivo, que ha sido la que ha provocado el mencionado recorte de 4.500 interinos en los institutos.

Los afectados por esta medida han protestado este lunes en varias provincias andaluzas. Piden a la Junta que intente sortear ese aumento del horario lectivo decretado por el Gobierno central a través de las tutorías y guardias. Sin embargo, la consejera de Educación, Mar Moreno, ha indicado que "en este curso el arranque de las plantillas obviamente es el que es", por lo que la Junta no contempla por ahora rescatar a esos 4.500 interinos.

Una vez iniciado el curso sería complicado revertir esta situación, ya que las plantillas de los institutos están ya confeccionadas partiendo de las 20 horas lectivas a la semana por profesor, dos más que el curso pasado. Pero los afectados y las organizaciones sindicales —que han pedido la convocatoria de una reunión con la consejería para abordar este asunto— creen que hay margen para iniciativas que amortigüen la salida de interinos.

Otro asunto es el margen económico. La consejera ha advertido este lunes de las "amenazas" a las que se enfrenta la enseñanza pública: la presupuestaria —es decir, "menos recursos"— y la "deriva conservadora" de la reforma educativa del Gobierno central.