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los RECORTES DE AGUIRRE A LOS FUNCIONARIOS

Los MIR avisan a Lasquetty de que la huelga del 26 será sin servicios mínimos

El sindicato recuerda al consejero que la jurisprudencia no considera plantilla a los residentes 4.000 facultativos en formación están llamados al paro

Elena G. Sevillano
Lasquetty, durante una visita al Gregorio Marañón.
Lasquetty, durante una visita al Gregorio Marañón.EUROPA PRESS

Los aproximadamente 4.000 médicos residentes (MIR) que se forman y trabajan en la sanidad pública madrileña están llamados a una huelga el próximo 26 de enero en protesta por los recortes en funcionarios del Gobierno de Esperanza Aguirre. Además de penalizar a los empleados públicos restándoles sueldo si enferman, la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos prevé ampliar la jornada de 35 a 37,5 horas semanales, lo que en el caso de los residentes se traduce en la pérdida de retribuciones por las guardias de los sábados.

El sindicato convocante, Amyts, mayoritario entre los médicos, ha escrito a la Consejería de Sanidad para recordar que la jurisprudencia no considera plantilla a los MIR, por lo que no deben cumplir servicios mínimos. El escrito, enviado el 16 de enero a la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud, tiene por objeto "recordarle con respecto a los servicios mínimos que pretenda establecer, que el criterio jurisprudencial al respecto es sumamente claro en el sentido de la improcedencia de la aplicación de los mismos a este personal".

Amyts menciona en la carta que una sentencia del Tribunal Supremo de 1993 recoge que "las funciones asistenciales que el MIR presta, autorizadas bajo la supervisión de los facultativos del centro, tienen un carácter instrumental al servicio de su formación especializada, y no tratan de suplir ni complementar las que incumben a los médicos que integran la plantilla del mismo, que debe ser suficiente para cubrir sus necesidades asistenciales". El texto de la sentencia concluye "que la huelga de los MIR no requiere el establecimiento de servicios mínimos, al no tener otras consecuencias que las docentes y formativas".

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Si los residentes secundan en masa la protesta, la sanidad madrileña perdería ese día 4.000 de sus 16.000 médicos. Amyts quiere que "se reconozcan y abonen como guardias de 24 horas las realizadas en sábado". Los residentes ya superan ampliamente la jornada de 37,5 horas que ha impuesto el Gobierno regional, con entre 40 y 50 horas, añaden los MIR, que auguran "una sobrecarga de trabajo extraordinaria para los médicos adjuntos que conllevará una disminución de la calidad asistencial".

El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, calificó ayer de "precipitada" la convocatoria de huelga de los residentes. Las conversaciones y la negociación, añadió, aún están "muy en la fase inicial". Ahora se trata, dijo, de "hablar, negociar y buscar una solución respondiendo a lo que la ley pide". Una normativa que ya está en vigor y que la Comunidad de Madrid anunció hace un mes cuando presentó las enmiendas a la Ley de Acompañamiento. Pese al tiempo transcurrido, los 60.000 empleados de la sanidad pública aún desconocen cómo se va a aplicar el aumento de 2,5 horas de la jornada.

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Lasquetty no precisó ayer cómo afectará a los residentes, que están convencidos de que los sábados pasarán a considerarse jornada ordinaria, por lo que 7 de las 24 horas de la guardia dejarán de pagarse como horas extras. El colectivo mejora su salario base de unos 1.100 euros a base de guardias. La medida les haría perder unos 80 euros por guardia. Aseguran que no les importa trabajar más horas de las que figuran en sus contratos, pero que no quieren hacerlo "gratis" los sábados.

La Asociación de Inspección de Servicios Sanitarios de Madrid (Aissma) ha hecho público un comunicado en el que tilda de "despropósito irracional" el descuento en las nóminas de los empleados públicos por los días que estén de baja. Los inspectores aseguran que "afectará gravísimamente a todos y cada uno de los trabajadores de la Administración de la Comunidad de Madrid" y desmontan el argumento del Gobierno regional de la disminución del absentismo, al que califican de "falacia malintencionada". Añade el comunicado que "no es lógico disminuir el absentismo reduciendo drásticamente la prestación por IT, dado que eso supone considerar a todos los trabajadores absentistas, y por ello es una medida que no discrimina entre enfermedad justificada o no, ni entre grave o banal".

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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