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LEY DE ACOMPAÑAMIENTO

La Asamblea certifica el recorte de Aguirre a los funcionarios

La cámara regional aprueba con los votos del PP la ley que penalizará a los funcionarios que están de baja y amplía dos horas la jornada laboral

El PSM estudia recurrir la norma ante el Constitucional

La holgada mayoría del PP en la Asamblea de Madrid ha aprobado este mediodía la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompañan a los Presupuestos de 2012 y que incluye entre otras medidas un aumento de la jornada laboral de los funcionarios de la Comunidad de Madrid y otra iniciativa por la que se penalizan las bajas de los trabajadores públicos. La ley de acompañamiento, o ley escoba, propone un drástico recorte a los derechos laborales de los funcionarios, sobre todo del personal sanitario.

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, pretende ahorrar unos 83 millones de euros con este cambio normativo. Lo más llamativo de la nueva Ley afecta a los funcionarios. La Comunidad de Madrid dejará de pagar el 40% de su sueldo en caso de baja laboral, este porcentaje del salario es el complemento que el Gobierno regional pagaba a los trabajadores públicos. El otro 60% de la nómina en caso de baja lo abona la Seguridad Social.

La Ley escoba recoge otros 25 artículos que modifican otras tantas leyes regionales. Entre las modificaciones más importantes se incluye un regalo a los promotores inmobiliarios que podrán entregar menos terrenos para uso público cada vez que construyan. Hasta ahora, por cada 100 metros construidos debían apartar otros 100 metros para las redes generales a cargo de los Ayuntamientos. Esta ley también prevé que la Comunidad de Madrid deje de pagar los abonos de transportes a los residentes en provincias limítrofes. La ley de acompañamiento, además, permitirá al Canal de Isabel II tomar participaciones en otras sociedades e introduce cambios normativos que impulsan la privatización de la empresa pública que gestiona el agua. La reforma también permite los anuncios de bebidas alcohólicas.

El portavoz del grupo socialista en el parlamento regional, Tomás Gómez, ha manifestado esta mañana, tras reunirse con los sindicatos para estudiar las implicaciones de la ley de acompañamiento: “Esperanza Aguirre abre la puerta a que las empresas privadas penalicen a los trabajadores enfermos al hacerlo ella con los públicos”. El jefe de los socialistas madrileños ha añadido: “Se trata de una medida cuya aplicación empieza por la Comunidad de Madrid, que como siempre es la sala de experimentos del PP, pero seguramente se va a extender no sólo a todas las administraciones gobernadas por el PP sino también al sector privado.

Gómez se ha preguntado: ¿Por qué un empresario privado no va a hacer con sus trabajadores lo que hace Aguirre con los trabajadores públicos?. El portavoz socialista ha anunciado que los servicios jurídicos del PSM están estudiando la viabilidad para interponer un recurso de inconstitucionalidad. Por su parte, el portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Gregorio Gordo, ha asegurado que los diputados de su formación en el Congreso de los diputados apoyarán el recurso de inconstitucionalidad que el PSOE estudia presentar.

“En estas entrañables fiestas han traido más regalos fiscales para las rentas más altas y rebajas para aquellos con menos rentas”, ha señalado Gordo en la cámara regional. El portavoz de IU ha estimado que esta medida puede provocar el despido de entre 7.000 y 8.000 trabajadores.

El portavoz de UPyD, Luis de Velasco, ha pretendido desenmascarar la estrategia del Gobierno regional. “Es un ahorro presupuestario y no una medida para controlar el absentismo”. De Velasco censuró el método seguido por Aguirre para sacar adelante la medida.

Por su parte, el portavoz del PP en la cámara, Pedro Muñoz-Abrines, ha defendido la medida. Ha asegurado que entiende "el cierto malestar de los empleados públicos por los cambios normativos". Y ha dicho comprender "el sacrificio que supone tener que trabajar dos horas y media más a la semana". Pero Muñoz-Abrines ha explicado que con esta medida, el Gobierno regional pretende "igualar la jornada laboral de los funcionarios" con la de otros trabajadores.

 

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