Aguirre penaliza a los funcionarios que estén de baja por enfermedad

Esperanza Aguirre vuelve a la carga contra la imagen de los funcionarios. Una de las 25 enmiendas que el grupo popular presentó ayer en la Asamblea de Madrid supone dejar a la mayoría de empleados públicos que enfermen sin el 40% de su sueldo. Se trata de "introducir un elemento de contención del absentismo laboral", asegura la nota informativa del grupo popular. A ese objetivo se suma otro: ahorrar 25 millones de euros al año e "incrementar la productividad de la Administración". Porque para el Gobierno regional el absentismo no es una baja injustificada, sino una baja a secas.

Hasta ahora, la Comunidad de Madrid complementaba el sueldo de sus empleados en caso de incapacidad temporal. En el régimen general, que es el que tienen 107.000 trabajadores (administrativos, justicia, bomberos, docentes...), la Comunidad o la Seguridad Social, dependiendo del tramo, pagaban el 60% entre el cuarto día de baja y el vigésimo. Madrid aportaba, según una portavoz del Gobierno regional, un 40% más hasta llegar al sueldo íntegro en virtud de acuerdos y convenios colectivos con sus trabajadores. Esos acuerdos serán papel mojado a partir del 1 de enero. La enmienda, que se vota en el pleno del día 27, modifica la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, que a su vez modifica los convenios ya firmados y los deja sin efecto. En resumen: a partir de ahora, el empleado público que esté de baja por enfermedad cobrará menos. Tanto si pertenece al régimen general, como al de mutualismo o al estatutario.

Las reuniones hay que tenerlas antes, no después de cambiar una ley” UGT

El ahorro es solo una de las justificaciones que esgrime el Gobierno regional. El absentismo es la principal. No es la primera vez que la Comunidad de Madrid acusa de ello a sus empleados. Según sus datos, el absentismo de los trabajadores públicos duplica al que se produce en la empresa privada: el 11,4% de las horas que deberían hacerse no se cumplen en el sector público; en el privado, el 6,2%. Los datos que ofrece la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior no se pueden contrastar. Una portavoz asegura que proceden de un estudio realizado por las mutuas. La Seguridad Social contabilizó en 2010 28,1 bajas por contingencias comunes por cada 1.000 habitantes. Según la Comunidad, entre sus empleados públicos fueron 48.

El grupo popular, que tiene mayoría absoluta en la Asamblea, por lo que sacará adelante las enmiendas, precisa que el recorte no afecta a las bajas por maternidad ni a los accidentes laborales.

Otra de las 25 enmiendas que el lunes presentó el PP en la Asamblea estipula que todos los funcionarios y empleados públicos madrileños trabajarán 37,5 horas. La Ley de Acompañamiento ampliará el horario de sus trabajadores, además de recortarles las prestaciones por baja. La medida afecta a 120.000 de los 170.000 trabajadores del sector público (un 70%). La mayoría son personal sanitario (con más de 66.000 empleados, según datos ofrecidos por CC OO), seguidos de funcionarios de la Administración y trabajadores de Telemadrid o Canal de Isabel II.

Lo han incluido de tapadillo, no lo metieron en el debate de presupuestos" IU

Sindicatos y oposición han arremetido contra esta nueva propuesta que el Partido Popular ha incluido a última hora. La Ley de Medidas Fiscales de la Comunidad de Madrid (Ley de Acompañamiento o ley escoba) fue presentada antes de las elecciones generales del 20-N y, solo después de los comicios, el Gobierno regional ha incluido algunas de sus propuestas más polémicas, como la que afecta a la jornada laboral de los funcionarios madrileños.

La nueva jornada y el cambio en el pago de bajas “atenta contra los derechos de los trabajadores”, señala el secretario general del sector de Administración Autonómica de CC OO. “Lo que plantean es un retroceso laboral y un recorte salarial encubierto”, añade Santiago Tamames, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de Madrid.

“La Administración se salta los convenios que tenemos cerrados con ellos y nos impone nuevas condiciones sin negociar”, según Díaz Toril. La enmienda que afecta al empleo público de la Comunidad incluye una convocatoria de la mesa de negociación que no convence a Comisiones. “Las reuniones hay que tenerlas antes, no cuando has plasmado lo que quieres cambiar en una ley”, añade su portavoz sindical, que considera que la ampliación de jornada (que supone 12 millones de horas más al año o, lo que es lo mismo, el trabajo de casi 8.000 trabajadores a jornada completa) conllevará “perder puestos de trabajo, reducción de la calidad y dar un paso más hacia la privatización de los servicios”. "Esta medida conllevará un recorte de interinos como ya hemos visto en Educación", añade Maru Menéndez, diputada del PSM.

 Tamames comparte que se perderán empleos y hace otros cálculos. “Dos horas y media más por empleado significa que de cada 14 trabajadores sobra uno. Intentan vendernos que así no habrá despidos ni recortes, pero no es eso”. Ambos sindicatos preparan movilizaciones contra la medida, aunque aún no han concretado cuándo. Sopesan comenzar el día que se aprueba la medida en el pleno de la Asamblea de Madrid. Será el 27 de diciembre (y no el 22 como señalaba erróneamente este periódico en su edición impresa).

“Es un atraco a mano armada, una sinvergonzonería gubernamental”, añade la diputada de IU Libertad Martínez. “Lo han incluido de tapadillo después de un debate de presupuestos en el que no lo recogieron. Recortan en dinero y derechos laborales y pretenden liquidarlo con una intervención de 10 minutos de los partidos”, añade. "Presentar autoenmiendas después de las elecciones generales es grosero e hipócrita", critica Maru Menéndez.

La otra medida que afecta a los empleados públicos es la eliminación del complemento que el Gobierno regional incluye en las bajas de los trabajadores de entre cuatro y 15 días, a no ser que tengan un accidente de trabajo o por maternidad. La enmienda corrige su aportación a partir del cuarto día de baja y hasta el día 15. En un primer momento, el grupo parlamentario popular señaló que la Seguridad Social cubría el 60% del salario del trabajador en esos días y el Gobierno regional, el 40%, que sería eliminado. Una portavoz de la Consejería de Presidenica y Justicia (responsable de la función pública) ha aclarado esta tarde que, del 40% que les corresponde, mantendrán un 15% fijado por ley y eliminarán el otro 25%, que es la mejora que pactó la Comunidad de Madrid con los sindicatos en los convenios colectivos regionales. "No complementar las bajas es tanto como pensar que un empleado público no tiene derecho a enfermar", añade Menéndez.

¿Cómo se traducirá la medida en los hospitales?

Los aproximadamente 16.000 médicos con categoría de estatutarios de la sanidad pública madrileña también verán incrementada su jornada en 2,5 horas semanales. ¿En qué puede traducirse? En atención primaria, por ejemplo, podrían recuperarse las consultas en sábado por la mañana, algo que ya existía antes de 2001, cuando la jornada de los profesionales era de 37,5 horas y no de 35 como ahora. Otra posibilidad es que los centros de salud abran media hora más cada día, y que por tanto las consultas se prolonguen 30 minutos cada día. En cualquier caso, la aplicación de la medida aún no está decidida, asegura el secretario general de Amyts, el sindicato mayoritario de los médicos madrileños, Julián Ezquerra. “La decisión era previsible porque se estaba empezando a aplicar de forma generalizada en todas las comunidades autónomas. Lo veíamos venir, pero no nos gusta. Es echar para atrás y perder algo que habíamos conseguido”, asegura. “Tenemos que ver cómo se va a traducir, cómo se van a contabilizar esas horas y qué actividad se va a hacer con ellas. Aún no nos lo han dicho”, añade. 

En atención especializada la posibilidad de que se decida abrir consultas en sábado por la mañana es remota porque nunca han existido. En los hospitales la medida que aprobara el Gobierno de Aguirre puede traducirse en el pago de las guardias. Antes de 2001, cuando se acordó pasar de 37,5 horas semanales a 35, los médicos hacían guardias en sábado de 24 horas pero cobraban 17 porque las primeras se consideraban jornada habitual. Ahora están cobrando las 24 como guardia. Eso es lo que podría cambiar a partir del 1 de enero, de forma que se produciría un ahorro en el abono de esas horas. “Nosotros haremos nuestras propuestas y estudios y se las comunicaremos a la Comunidad de Madrid”, asegura Ezquerra.

El sindicato que representa a los profesionales de enfermería, el SATSE, ha mostrado "su rechazo frontal y absoluto ante cualquier medida de recorte que afecte al sector sanitario", asegura en un comunicado. Ese sería el caso de la ampliación del horario de funcionarios y trabajadores públicos regionales en 2,5 horas semanales, según el sindicato. "SATSE exige a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que explique claramente qué medidas plantea y cómo las quiere implantar, teniendo en cuenta que las políticas de ajuste y ahorro no deberían afectar al sector sanitario, especialmente a los profesionales de enfermería". El sindicato pide para ellos "un trato diferenciado y preferencial por ser quienes soportan la mayor carga asistencial del sistema sanitario", concluye.

En el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) la mayor preocupación es la pérdida de empleos que provocará la medida. “El problema está sobre todo en atención especializada”, asegura la vicesecretaria del sindicato en Madrid, María Ángeles Torres. “Perderíamos todos los contratos eventuales. Iría mucha gente al paro porque con las plantillas actuales podría cubrirse todo. En un momento en que se necesitan más puestos de trabajo, ahora hablamos de enviar gente al paro”, lamenta. Su sindicato, que representa a los auxiliares de enfermería, no conoce los detalles de la ampliación de la jornada.