Carmen Montón: “Queremos recuperar 20 años de recortes y abandono de lo público”
La consejera de Sanidad valenciana afirma que el nuevo contrato con el IVO estará listo este mes
Cuando apenas llevaba 15 días al frente de la consejería recuperó la sanidad universal y estableció ayudas frente al copago impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy. En el ecuador de la legislatura, la socialista Carmen Montón (Burjassot, 1976), licenciada en medicina, defiende con firmeza la sanidad pública frente al modelo Alzira impulsado por el expresidente Eduardo Zaplana, del PP, con el apoyo financiero de las cajas de ahorro valencianas, y consolidado por el conservador Francisco Camps.
Pregunta. Los últimos datos indican que la demora media de las listas de espera es de 104 días. Se han reducido en 11 días.
Respuesta. Se han mejorado las cifras. Hemos cambiado la tendencia. Pero lo que es más importante, ahora decimos la verdad.
P. ¿Antes nos engañaban?
R. Por supuesto. Había más de 10.400 personas que no figuraban en los datos oficiales. Y 3,7 millones de días de espera no computadas. Hemos hecho un gran esfuerzo de transparencia. Ahora las cifras de evolución de la lista de espera se ofrecen 4 veces al año en vez de dos, y los ciudadanos disponen de una aplicación, a través de la web, que proporciona una estimación sobre la fecha de la operación.
P. ¿Han descubierto más cosas ocultas?
R. Hemos tenido que acudir a la Fiscalía en el caso del hospital general de Castellón por una facturación irregular de 33 millones de euros. Y, por desgracia, tenemos varios asuntos similares que deben resolver los tribunales.
P. ¿Alguno en especial?
R. Tenemos muy reciente el del Hospital General de Valencia, cuyas instalaciones registró la UDEF [Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal] buscando expedientes de contratación de los años 2004 a 2014 referidos a un amplio abanico de adjudicaciones de la etapa de Rafael Blasco [exconsejero de Sanidad y portavoz del PP]. Se trata de mucho dinero, presuntamente desviado, los tribunales se encargarán de decir cuánto, de los valencianos y valencianas. Y para la Comunidad Valenciana, que padece una infrafinanciación injusta, es mucho más grave.
P. ¿Qué se encontraron en Sanidad?
R. Encontramos desidia en la gestión y un modelo de fractura social y privatización.
P. ¿De qué se siente más satisfecha tras casi dos años al frente de la consejería?
R. De haber cumplido el compromiso del Acuerdo del Botánico recuperando la universalidad. Y, de que hoy, uno de cada cinco valencianos, el 19% de la población, se beneficie de ayudas para compensar los gastos sanitarios; de un total de 939.259 personas, 133.970 son menores. Este año se subvencionarán 54,6 millones de euros, 13 millones más que en 2016.
P. Eso en cuanto a la fractura social. ¿Respecto a la desidia?
R. Pues con los números en la mano el cambio de prioridad en el presupuesto. En los dos primeros años de la anterior legislatura del Partido Popular, la sanidad pública tuvo un recorte de 550 millones de euros. En los dos primeros años de este Gobierno hemos aumentado el presupuesto 590 millones de euros. En un año hemos conseguido un ahorro de 220 millones de euros, el 8% menos, incluso con los aumentos derivados de la recuperación de derechos como la universalidad y copagos, además de la incorporación de medicamentos innovadores. Se llama eficiencia. Es la gran diferencia entre un gobierno de derechas y uno progresista como es el nuestro, en el que intentamos gestionar mejor para que repercuta en la calidad asistencial.
P. ¿Qué opina de la sanidad privada?
R. Tiene que ser un complemento de lo público, nunca puede ser un sustituto. Aquí se desgajó todo un departamento entero. La Comunidad Valenciana fue el laboratorio de la privatización de la sanidad. Cuando la pública no llega está la privada. El final es el beneficio del paciente, por lo tanto, no es blanco o negro, bueno o malo. Tiene regirse por una sana complementariedad.
P. ¿Cuál es la hoja de ruta de la reversión sanitaria?
R. El modelo Alzira va a desaparecer. La reversión ya se ha iniciado con rigor. Ribera Salud no renovará el contrato, que finaliza el 1 de abril de 2018. Y con anticipación se le ha dado instrucciones para la entrega de la gestión, que será tutelada por la Generalitat Valenciana. La empresa no puede tomar decisiones sin el permiso de la Consejería. En el caso del Instituto Valenciano de Oncología, el nuevo contrato estará listo en unas semanas. El especialista tiene total libertad, -si el enfermo lo pide o él lo considera-, de derivar el paciente al instituto. Aunque también estamos intentando fortalecer los servicios de oncología públicos.
P. ¿Cómo afectarán los cambios a los pacientes?
R. La sanidad pública no se reserva fondos para repartir beneficios. Todo se destina a una mejor calidad asistencial y en fortalecer los derechos de los trabajadores. Atención primaria es un departamento con mucho margen de mejora que desarrollaremos mediante el Plan de Dignificación de Infraestructuras Sanitarias, que cuenta con un presupuesto de 359 millones de euros. Además, se ha aprobado una oferta de empleo público de 2.392 plazas. Queremos recuperar 20 años de recortes y abandono de lo público.
