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Detenidos tres menores por acoso escolar en un instituto de Pinto

La Guardia Civil inició la investigación hace varias semanas, al abandonar la joven el instituto por las humillaciones sufridas

Pablo León
Entrada del instituto Pablo Picasso de Pinto, donde estudiaban los tres menores detenidos acusados de vejar a una compañera de clase.
Entrada del instituto Pablo Picasso de Pinto, donde estudiaban los tres menores detenidos acusados de vejar a una compañera de clase. Carlos Rosillo

Tres jóvenes, de entre 16 y 17 años, fueron detenidos este miércoles en Pinto acusados de insultar y vejar a una compañera de clase. Tras prestar declaración, los supuestos acosadores fueron puestos en libertad. Además de insultos en clase, el acoso, en virtud de las declaraciones de los jóvenes y de varios de sus compañeros del instituto de educación secundaria Pablo Picasso, en Pinto, continuaba por WhatsApp y redes sociales. La joven abandonó el colegio hace varias semanas.

Los agentes, que llevaban desde finales de mayo investigando el caso, tomaron declaración a los menores y, a primera hora de la tarde, les pusieron en libertad. Según el relato de los acusados y de varios estudiantes más del instituto Pablo Picasso, el acoso no solo tenía lugar en el centro educativo, sino que continuaba a través del móvil, mediante mensajes enviados a través del servicio gratuito de mensajería móvil WhatsApp y mediante publicaciones ofensivas en redes sociales como Twitter. Ante la presión, la chica, de 18 años y que estaba cursando 4º de la ESO, dejó de acudir al centro hace dos semanas.

El acoso escolar en números

“¿Qué pasa ahí fuera?”, preguntó Carlos a su profesor apuntando hacia la ventana del aula. A través de ella, se podía ver a un grupo de personas atento a la puerta de su instituto, el Pablo Picasso de Pinto. “No sé”, contestó serio el profesor, “pero vamos a continuar”. A medida que avanzaba la mañana, el misterio se fue resolviendo: tres compañeros del centro habían sido detenidos esa mañana por acosar a una compañera, que hace dos semanas dejó de acudir a clase.

“¿Quién era?”, preguntó sorprendida Nerea, de 17 años, a unas compañeras. “Una morenita que iba a 4º Diver”, contestó Irene. Diver es la manera en la que los alumnos se refieren a las aulas de diversificación, pensadas para adaptar a estudiantes con problemas o a aquellos que requieren de una atención más individualizada.

Irene no era muy amiga de la joven que ha denunciado el acoso, pero conocía su situación: “Me llevo bien con mucha gente de esa clase. Una de mis amigas me dijo que desde principio de curso se metían con ella. A mí me daba pena; la chica parecía normal”.

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Aunque en el instituto fueron los últimos en enterarse, la noticia corrió rápidamente. Primero, por los pasillos del centro; después, por mensajes de WhatsApp y finalmente, a través de redes sociales como Twitter y Facebook. Los mismos medios con los que los tres menores acusados aparentemente hostigaban a su compañera. “En el instituto la llamaban fea, pero ella decía que en Whatsapp iban mucho más allá y que también insultaban a su padre. Además, se quejaba de que en Twitter se metían con ella”, añade Irene.

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“No eran chicos problemáticos”, afirma otro de los alumnos. “No la insultaban, eran bromas, que ella se tomaba muy mal”, les justifica. A la joven no le parecía lo mismo: “No me dejan entrar en el grupo; no me siento integrada”, confesó a una de sus compañeras, una de las pocas a las que le contó la situación que estaba viviendo.

“Yo la animaba a salir por ahí, pero ella decía que no iba a encajar”, explica esta chica. “Hace tiempo, estos chicos fueron expulsados del centro por este asunto, por lo que los profesores deberían saber algo. Pero, como suele pasar en estos casos, actuaron tarde”, sentencia.

Este miércoles, el equipo docente no realizó ningún tipo de declaración. Al finalizar las clases, muchos de los profesores desfilaron por la puerta del instituto, pero, a diferencia de los locuaces alumnos, callaban: “No voy decir nada. Gracias”, contestó el profesor de Tecnología.

“Es la manera de actuar de la Administración”, explicó Isabel Galvín, secretaria de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de la Comunidad de Madrid. “La consejería prohíbe a todos los profesores hablar, bajo amenaza de abrirles un expediente”, añadió. De ahí el mutismo absoluto del centro, que este miércoles no realizó ningún tipo de comunicado.

“Desde la Comunidad se tienden a tapar lo ocurrido y a actuar como han actuado hoy [por este miércoles]. Y no se puede olvidar que, al final, la Administración es la principal responsable”, añade la representante de Comisiones Obreras.

Saturación en las aulas y pocos orientadores

Las tres detenciones realizadas este miércoles ocurren tres semanas después de la muerte Arancha, la joven de 16 años, estudiante del instituto madrileño Ciudad de Jaén, que el pasado 22 de mayo se quitó la vida debido al acoso escolar al que se veía sometida.

Lo que refuerza el debate abierto sobre cómo la saturación de las aulas y la falta de atención a los menores se relacionan con la prevención del acoso escolar. “La administración no se ha hecho cargo de este tema”, denuncia Isabel Galvín, secretaria de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de la Comunidad de Madrid. A la saturación de las aulas madrileñas, con 13,3 alumnos por profesor (un 20% más que en el curso 2007/2008), se une la reducción de presupuesto. “Se han recortado recursos de los programas de mediación y atención psicológica”, añade Galvín. Como marca la Ley, en los institutos de Madrid hay un orientador, psicólogo o pedagogo, que atiende a los menores. “Pero solo uno”, denuncia CC.OO. El reglamento aplicable a los institutos de secundaria dice que en el departamento de orientación “habrá, al menos, una persona”.

La UNESCO, el organismo de Naciones Unidas dedicado a la educación, la ciencia y la cultura, recomienda un orientador por cada 250 alumnos. En Madrid, con 330 institutos y 185.549 alumnos de secundaria, según el Ministerio de Educación, y teniendo en cuenta que hay un orientador por centro, cada profesional tiene a su cargo a 562 alumnos, más del doble que la recomendación de la ONU.

“Madrid, a diferencia de otras regiones, carece de planes preventivos y protocolos de actuación eficientes ante este tipo de casos. Por otro lado, los recortes económicos en educación han afectado mucho a los equipos de mediación, que son los profesionales que pueden detectar estos problemas y atajarlos”, concluye Galvín.

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Sobre la firma

Pablo León
Periodista de EL PAÍS desde 2009. Actualmente en Internacional. Durante seis años fue redactor de Madrid, cubriendo política municipal. Antes estuvo en secciones como Reportajes, El País Semanal, El Viajero o Tentaciones. Es licenciado en Ciencias Ambientales y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS. Vive en Madrid y es experto en movilidad sostenible.

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