La empresa que hizo el informe de Metrosur realizó parte de la obra
Geocisa, que alertó de “graves riesgos” en la línea, fue elegida para la reparación en un procedimiento de emergencia y cobró 2,2 millones
Las obras que la Consejería de Transportes efectuó el verano pasado en Metrosur —línea que fue cortada durante mes y medio— eran imprescindibles por la posible “rotura súbita” de la plataforma por la que transcurren los trenes y por el “grave riesgo de daños materiales y personales”. Esto era lo que indicaba el informe encargado a una auditora externa por Metro y Transportes. Pero la empresa que alertaba de la necesidad urgente de la obra, Geocisa, resultó luego adjudicataria de parte del trabajo requerido. Se encargó de consolidar el terreno en uno de los tramos, por 2,2 millones de euros, un 17,3% del presupuesto total del proyecto.
Metrosur, la línea 12 que conecta los municipios del sur de la región, sufrió un corte en dos tramos. La versión oficial de la Consejería de Transportes e Infraestructuras fue que se trataba de un trabajo de “mantenimiento” habitual para el que se aprovechó el verano para “molestar lo menos posible” a los vecinos, según señaló entonces el consejero, Pablo Cavero. Días antes de que se produjera el corte, Izquierda Unida denunció que se habían previsto unas obras por temas de seguridad, un extremo que Transportes negó entonces.
Según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS, la consejería contrató la obra por la vía de emergencia, un procedimiento reservado a “situaciones que supongan grave peligro”, según la normativa sobre contratos del sector público, y que es el modelo que permite tramitar con más velocidad y menos controles. Transportes justificó esa necesidad imperiosa con un informe de la Unidad de Seguimiento, Auscultación y Control (USAC), una Unión Temporal de Empresas formada por tres empresas: Europea de Ingeniería y Servicios, SA; Ingerop T3 SA y Geocisa. Esta última fue una de las adjudicatarias de la obra.
La Dirección General de Infraestructuras, dependiente de la consejería, contrató entonces a tres empresas para la reparación de la plataforma de vía y otras tres para la consolidación de los terrenos. Una séptima sociedad fue contratada como responsable de la vigilancia de las obras, organizadas en turnos de 24 horas al día durante siete días a la semana, y en las que falleció un trabajador. El presupuesto total ascendió a 12,7 millones de euros, la mitad de la partida anual destinada a la mejora de infraestructuras ferroviarias de la Consejería de Transportes.
La consultora USAC inició una inspección en Metrosur el 22 de mayo de 2012 “a petición conjunta de la Dirección General de Infraestructuras y de Metro de Madrid”, según consta en el propio informe. Todos los trabajos de inspección terminaron el 20 de junio y Metro recibió el documento el día 26. El corte se produjo el 17 de julio. El informe alerta de la “posible rotura súbita de la plataforma de la vía” en los tramos que luego se cortaron. Transportes se basó en este estudio para elaborar el documento con el que justificó la contratación por procedimiento de emergencia de las obras, en el que señalaba el “elevado riesgo de descarrilamiento” de los trenes si no se iniciaban los trabajos de forma inmediata.
Las empresas que participan en los documentos preparatorios de un contrato “no podrán concurrir a las licitación” en contratos con las Administraciones públicas “siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadas”, según el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Un portavoz de Transportes señaló ayer que “no se incumple la normativa” y alegó distintos motivos. En primer lugar, la USAC tiene un contrato con Metro desde el 21 de mayo de 2012 y quien contrata es la Dirección General de Infraestructuras, “con una personalidad jurídica distinta”, según el portavoz, si bien la propia consultora señala en su informe que el encargo provino de ambos organismos y tenía un contrato con Transportes hasta un día antes de iniciar la inspección, el 21 de mayo.
El citado portavoz añade que solicitaron cinco ofertas para ese tramo “como mecanismo adicional de garantía”, aunque el mecanismo de emergencia “permite contratar libremente”. Geocisa, que declinó hacer declaraciones a este periódico, ofreció la tarifa más económica. La misma empresa se postuló para otro tramo en el que la adjudicataria ofreció un presupuesto de 1,63 millones y Geocisa de 1,59, aunque no resultó elegida.
IU pide la comparecencia de Cavero
Izquierda Unida pedirá la comparecencia del consejero Pablo Cavero en el pleno de la Asamblea de Madrid para que aclare todos los pasos que se dieron tanto en la realización como en la adjudicación de las obras realizadas en Metrosur el verano pasado. “Sus declaraciones quedan fuera de lugar, el año pasado ya lo pedimos y no compareció”, critica Marisa Moreno, diputada regional de IU.
Mientras, la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda sostiene que “no existió ningún tipo de riesgo para los viajeros” de Metrosur cuando el año pasado adjudicó por el procedimiento de emergencia la obra en dos tramos de la línea 12. Los informes técnicos a los que ha tenido acceso EL PAÍS hablan sin embargo de un “elevado riesgo de descarrilamiento” y que “cabe considerar que existe un grave riesgo de daños materiales y personales que requieren la reparación indispensable (...) de la plataforma de vía”.
El Ejecutivo autonómico alega que aplicó el procedimiento de emergencia para “evitar un corte de servicio no inferior a ocho meses y un sobrecoste no inferior probablemente a los 28 millones de euros”. El artículo 113 del Sector Público admite este procedimiento “cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional”. La consejería acepta que la tramitación de emergencia no se utiliza “para estas situaciones de manera exclusiva”, y justifica que la eligió para “evitar mayores gastos y mayores daños a la infraestructura”.
El portavoz de la Comunidad y número dos del Ejecutivo autonómico, Salvador Victoria, insistió en que las obras se realizaron "con prontitud y con emergencia", aunque pasaran tres semanas desde el informe de la USAC hasta el corte del servicio, y aseguró que el Metro de Madrid es uno "de los más seguros del mundo".
