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Cifuentes afirma que confió en los técnicos para adjudicar el bar de la Asamblea

La presidenta regional niega haber influido en nada en la adjudicación del restaurante

Cristina Cifuentes, al inicio de su comparecencia.

Con una insignia de la Guardia Civil prendida en la solapa de la chaqueta -según ha señalado ella misma- y arropada por los aplausos de sus diputados y colaboradores, Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha comparecido esta mañana ante la comisión de investigación de la corrupción en la Asamblea de Madrid. Los diputados de la oposición no han conseguido desviar a Cifuentes del discurso que ha mantenido desde que se conoció el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que la vincula con supuestos amaños de las contrataciones de 2009 y 2011 en los servicios de cafetería de la Asamblea de Madrid. 

"Todo se hizo conforme a la legalidad y con absoluta transparencia, ateniéndonos al criterio de los técnicos que fue el que primó, y la aprobación de los órganos colegiados siempre se hizo por unanimidad", ha repetido de forma insistente la presidenta regional. Por si no había quedado claro, ha recalcado que no intervino "en ninguna valoración ni en la elaboración de los pliegos" y que aceptó "en todos sus extremos el informe que presentó el técnico".

Los parlamentarios del PSOE, Podemos y Ciudadanos se han centrado en conocer la razón por la que Cifuentes formaba parte a la vez del comité de expertos, que tenía en su mano un decisivo 80% de la adjudicación, y de la Mesa de Contratación. A su juicio, ambos cargos son incompatibles. La presidenta ha argumentado que ella "no tenía ningún interés específico en ello" y que fue la Mesa de la Asamblea la que decidió que alguien de ese órgano tenía que formar parte de ese comité, y ella estuvo allí debido a que era vicepresidenta primera. Cifuentes se ha referido al que el precedente se había producido el año anterior, en 2008, con la contratación de las cestas de Navidad. "No era cuestión de cargo político, sino de representación de la Mesa", ha concretado.

Cifuentes ha esgrimido como prueba de que no existía incompatibilidad en su actuación, un informe jurídico encargado a la Secretaría General de la Asamblea que así lo acredita. En el Pleno celebrado ayer, Ciudadanos y Podemos acusaron al Gobierno regional por ese motivo de utilizar los recursos públicos en beneficio propio, para defensa de la presidenta.

Esquema de la adjucacion según el gobierno regional
Esquema de la adjucacion según el gobierno regional

Cifuentes se ha desmarcado de cualquier manipulación en los pliegos de condiciones, cuya redacción corrió a cargo del servicio de contratación de la Cámara. Y en el caso de que se hubieran producido errores en su elaboración, "pues habría que verlo, pero eso entraría dentro del contencioso-administrativo no del judicial". Ante el acoso de César Zafra, diputado de Ciudadanos, la presidenta regional ha ironizado que: cometí el pecado de no valorar, di por bueno el criterio del técnico". "Oír, ver y callar, eso es lo que hizo usted", ha comentado Zafra.

El diputado Ramón Espinar, de Podemos, ha recordado a Cifuentes que no estaba contestando a la oposición, "sino a un informe de la Guardia Civil". Los agentes de la Guardia Civil destacaron en su informe que el comité de expertos incluyó “subcriterios” de valoración que no fueron publicitados en los pliegos del concurso y dio un trato diferente a empresas que presentaban ofertas similares. En este sentido, la UCO destaca que el Grupo Cantoblanco “no presentó certificaciones que avalasen la experiencia”, como exigían los pliegos, y que pese a ello “no fue penalizada”. 

La presidenta ha recalcado que ningún juez ni fiscal ha abierto ningún procedimiento contra ella y ha dicho que el informe de la UCO "no era relevante". "De momento", ha añadido Espinar para preguntar a continuación: "¿qué va a hacer cuando la imputen?". A lo que Cifuentes no ha respondido.

La parlamentaria socialista Encarnación Moya ha aclarado a Cifuentes que lo que se está investigando son las concesiones a empresarios que hicieron aportaciones a Fundescam (fundación del PP) en el marco de la operación Púnica. En concreto, el empresario Arturo Fernández, habría aportado 160.000 euros, un importe que pudo ser utilizado para financiar la campaña electoral en las elecciones autonómicas de 2007. "La hemos llamado porque a usted se la relaciona con este caso por ser miembro del patronato de Fundescam y de todos los órganos que adjudicaron el servicio de cafetería, no para lincharla", ha declarado Moya. En el alegato final, la presidenta regional ha vuelto a insistir en que se ha montado un "Tribunal de la inquisición y de linchamiento".